Sector AMBIENTAL ha sido uno de los más castigados por el actual sexenio OBRADORISTA

Hay tres hechos que ayudan a tener una idea de cómo le fue a México en 2021 si se habla de medio ambiente.

• Cuando el año apenas tomaba impulso, en el sur del país, asesinaron a Fidel Heras, un activo defensor del río verde y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina. Eso sucedió el 23 de enero. Cuando terminó marzo ya habían asesinado a cuatro habitantes más de esa comunidad de Oaxaca.
• En los primeros meses del 2019, al comienzo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, investigadores que realizan trabajo científico en el sureste de México alertaron a las autoridades federales y estatales sobre la presencia de una pista clandestina de aterrizaje en el corazón de la Selva Lacandona. Han pasado tres años y la pista sigue ahí.

El pasado 22 de noviembre, en las páginas del Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo presidencial con el que se declaran “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno que se consideren prioritarios y estratégicos, por lo que se instruyó a todas las dependencias a otorgar las autorizaciones necesarias —incluidas las ambientales— en un plazo máximo de cinco días.

Para científicos, especialistas en bosques e integrantes de organizaciones no gubernamentales, México termina el 2021 con un balance negativo si se habla de la situación de sus recursos naturales. Todos coinciden en que el poco presupuesto que se destinó al sector ambiental mostró el desdén gubernamental a un tema estratégico. Además, consideran que se abonó el terreno para que crecieran aún más problemas que el país ya padecía, como la impunidad en los delitos ambientales, el abandono a las comunidades forestales y la violencia contra defensores de ambiente y territorio.

Lo preocupante: desmantelamiento del sector ambiental

Desde que comenzó el actual sexenio, el sector ambiental ha sido uno de los más castigados. En 2021, se destinaron 31 348 millones de pesos para todo el sector, un poco más que los 28 900 millones de pesos (poco más de 1368 millones de dólares) que recibió uno de los principales programas del gobierno: Sembrando Vida.

Dependencias claves para la protección de los recursos naturales y combate a los delitos ambientales recibieron recursos mínimos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) contó con un presupuesto de 866 383 000 pesos (alrededor de 41 millones de dólares), una cantidad que equivale a destinar alrededor de 9.6 pesos (poco menos de medio dólar) a cada una de las 90 millones de hectáreas del territorio nacional que tienen alguna categoría de protección

Cálculos realizados por integrantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas muestran que por cada peso que se deja de invertir en áreas naturales protegidas se pierden entre 100 y 400 metros cuadrados de cobertura forestal. “A partir de que en 2016 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) se reduce en forma sustancial el presupuesto de la Conanp, la pérdida de cobertura forestal se dispara”, explica Aldo Muller, economista ambiental integrante de la Red

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue otra de las dependencias ambientales más castigadas: contó con 52 millones de pesos menos que en 2019, al recibir 742 103 000 pesos (alrededor de 35 millones de dólares).

El bajo presupuesto destinado a la Conanp y Profepa ha provocado una ausencia institucional en las áreas naturales protegidas, asegura el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Y con ello se ha colocado en una situación más vulnerable a especies de flora y fauna que ya de por sí tenían problemas. Además, se perjudican los procesos bioculturales de esas áreas: la relación de los ecosistemas con el bienestar de las comunidades locales

Como ejemplo, Medellín cuenta lo que sucede en el Parque Nacional El Tepozteco, en Morelos, donde está prohibido construir, pero se están edificando casas, algunas de ellas cercanas a la Cueva del Diablo, sitio donde se aparea el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis). Hasta ahora, no se conoce otro lugar de apareamiento de esta especie. Así que el futuro de este murciélago depende, en gran medida, de la conservación de esta cueva. “Se lo hemos dicho a las autoridades federales, a las locales, a la guardia nacional; todos dicen que es muy grave, pero nadie hace nada. Nadie aplica la ley. Hay una impunidad absoluta”, reclama el investigador

El bajo presupuesto no fue el único problema que sacudió al sector ambiental en 2021. Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge y especialista en manejo integrado de paisajes, recuerda que desde el 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comenzó a tener un rediseño que no se ha consolidado y que debilitó aún más a la dependencia.

La Semarnat sufrió recortes de personal, se dejó sin titular a las delegaciones estatales y, hasta diciembre de 2021, no se publicaba su reglamento interior, por lo que las nuevas subsecretarías y direcciones generales no tienen atribuciones claras asignadas. Entre las consecuencias que esto ha provocado está el retraso en la atención de todo tipo de trámites, entre ellos los relacionados con los programas de manejo forestal, “lo cual desincentiva el manejo legal de los bosques y vulnera los derechos de las comunidades forestales”, resalta Madrid.

Lo crítico: pérdida de cobertura forestal

Para el doctor Rodrigo Medellín una de las mayores catástrofes ambientales que hoy vive el país es la pérdida de la cobertura forestal en la Selva Lacandona, al sureste de México.

La expansión de las plantaciones de palma africana y la ganadería, los conflictos agrarios que llevan años sin resolverse, la invasión de áreas naturales protegidas y la presencia del crimen organizado son algunas de las actividades que están terminando con la Lacandona mencionan los investigadores que trabajan en la zona, tratando de salvar a especies como el jaguar.

Aún no hay datos que muestren cuántas hectáreas de cobertura forestal perdió el territorio nacional en 2021. La información hasta ahora disponibles no es alentadora. México se quedó sin 300 mil hectáreas de cobertura arbórea en 2020, de acuerdo con los análisis de imágenes satelitales realizados por la Universidad de Maryland y publicados por la plataforma de Global Forest Watch.

Además, en el país se han identificado 122 zonas críticas, en donde hay tala clandestina, lavado de madera, cambios de uso de suelo, incendios provocados y presencia del crimen organizado, de acuerdo con datos presentados por la propia Semarnat en octubre pasado.

Ante este panorama, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, presentó una “estrategia contra deforestación y tala ilegal”, la cual se basa en la “prevención, inspección y verificación de aserraderos, además de un trabajo de inteligencia… con la finalidad de poder ejecutar acciones penales contra los responsables de los ilícitos”.

Lucía Madrid explica que no es posible tener una misma estrategia para abordar tala ilegal y deforestación, porque “son fenómenos distintos, realizados por actores diferentes”. La deforestación, comenta, tiene que ver con cambio de uso de suelo y está relacionada con cadenas productivas industriales como la ganadería, la agricultura industrial, los desarrollos inmobiliarios y los megaproyectos. “En México —insiste— no hay una estrategia concreta para detener la deforestación. Tampoco hay recursos suficientes para la unidad que hace el monitoreo de la deforestación, lo cual no permite tomar decisiones oportunas para atender el fenómeno. Sin embargo, la deforestación es uno de los principales problemas socioambientales del país, que arrasa con alrededor de 250 mil hectáreas de bosques por año”.

En más de una ocasión, la titular de la Semarnat ha presentado como un logro el haber firmado un acuerdo con representantes de las comunidades menonitas de Campeche, en el que se comprometen a detener la deforestación de la selva maya.

Desde hace años, apicultores mayas han presentado denuncias en contra de los menonitas por haber transformado miles de hectáreas de selva maya en campos de soya.

El acuerdo entre la Semarnat y los menonitas “generó mucha molestia en comunidades mayas de Hopelchen”, señala Jorge Fernández, de Equipo Indignación, organización no gubernamental que trabaja en la Península de Yucatán. El enojo, explica, ha sido porque “los menonitas siguen deforestando y sembrando soya transgénica de manera ilegal”.

En octubre de 2021, las organizaciones Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentaron una denuncia ante Profepa por la siembra de soya y maíz que probablemente es transgénico en comunidades de Hopelchén, Campeche.

Mientras el país pierde bosques, selvas, manglares, pastizales y especies de flora y fauna, las poco más de 2310 comunidades que realizan manejo forestal sustentable tienen cada vez más retos: tramitología, carga fiscal, presencia del crimen organizado en sus territorios, bosques en donde las plagas y las enfermedades se intensifican por el cambio climático y una disminución significativa de los apoyos que recibían de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

• El caos que se ha provocado por la falta de presupuesto y el debilitamiento de la Semarnat trae consigo el avance de la ilegalidad, porque al mismo tiempo en muchas regiones forestales están sufriendo una presión del crimen organizado que busca controlar todo lo relacionado con el aprovechamiento forestal”, explica Lucía Madrid, quien también forma parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

José Iván Zúñiga, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), destaca que la falta de inversión en las comunidades que hacen manejo forestal sustentable abre la puerta a otros problemas: “Si no tienes un manejo del bosque —advierte— no se tienen brechas cortafuegos ni una atención oportuna y capacitada para atender las plagas y enfermedades forestales”.

El tema de incendios ya es evidente. En abril de 2021, el fuego ya había afectado poco más de 127 mil hectáreas, casi el doble de las 69 mil hectáreas dañadas durante todo 2019, de acuerdo con los reportes de la Conafor.

Lo que se ignora: cambio climático

En años pasados, México firmó el Acuerdo de París donde se comprometió, entre otras cosas, a no tener deforestación para el 2030. Ahora, en la más reciente Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26), el país se unió a la Declaración para revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra también para 2030.

Pero en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, publicado en noviembre pasado, se prevé una pérdida de un millón 300 mil hectáreas de bosques hasta el final del sexenio; es decir, alrededor de 216 mil hectáreas al año.

Pero en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, publicado en noviembre pasado, se prevé una pérdida de un millón 300 mil hectáreas de bosques hasta el final del sexenio; es decir, alrededor de 216 mil hectáreas al año.

“¿Cómo vas a llegar a la meta de cero deforestación para 2030 si en 2024 planeas perder alrededor de 216 mil hectáreas? Semarnat no puso una meta más ambiciosa para combatir deforestación porque no puede, no tiene una estrategia para hacerlo”, señala Lucía Madrid, del CCMSS.

• Además, los compromisos para cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que el país presentó en 2020 eran los mismos que se tenían en 2015. Eso llevó a que la organización Greenpeace presentara una solicitud de amparo y que en octubre pasado un juez decidiera suspender de manera definitiva las NDC del 2020.

“Sin unas NDC más ambiciosas no vamos a avanzar. El país también tiene el compromiso de generar energía a partir de fuentes limpias, a partir de 2024, y estamos muy lejos de eso. La actual administración está tratando de meter como energía limpia el gas natural y las hidroeléctricas, pero desde nuestra óptica, esas no son fuentes renovables”, explica Margarita Campuzano, del Cemda

En la COP26, además, México no se sumó a la Declaración global de transición del Carbón, la cual plantea acelerar el uso de energías renovables y dejar de usar carbón en la generación de energía. La administración de López Obrador apuesta por el uso de energías fósiles y como muestra está la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, justo en terrenos donde antes había manglar, una zona muy vulnerable a los efectos del cambio climático.

Desafíos ambientales de México en 2022

Hace quince años, en su libro La Venganza de la Tierra. La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad, el escritor y científico James Lovelock insistía en que no es posible seguir mirando al planeta como algo que está ahí para ser explotado en beneficio de la humanidad. También escribió: “Todavía nos resulta ajeno el concepto de que nosotros y el resto de la vida, desde las bacterias a las ballenas, formamos parte de una entidad mucho mayor y más diversa: la Tierra Viva”.

Tres lustros después de lo que publicó Lovelock, el estado de salud del planeta Tierra aún no se mira como una prioridad mundial. En regiones como Asia y América Latina, la deforestación avanza y con ella la pérdida de biodiversidad.

• Así como Lovelock y otros científicos llevan años alertando de la urgencia de cambiar nuestra perspectiva hacia el planeta, en países como México hay voces que desde hace un buen tiempo insisten en que los desafíos ambientales serán cada vez mayores, sobre todo cuando las políticas públicas no tienen en el centro a la agenda ambiental y climática.

Mongabay Latam consultó a especialistas en varias materias quienes mencionan que el gran reto para México es revertir el desdén que ha reinado hacia la conservación de la biodiversidad, la crisis climática, las comunidades forestales y aquellos que defienden a los bosques y ríos.

“Es evidente que el gobierno no va a atender la agenda ambiental y climática. Así que será el sector social y académico el que deberá tomar la estafeta y dar la pelea para que se vuelvan temas prioritarios en el país”, dice Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la organización no gubernamental Iniciativa Climática.

1. A prueba, la nueva estructura del sector ambiental

• A mediados de diciembre del 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat) anunció una reforma administrativa para sumar a su estructura las atribuciones y personal del Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC). Además, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se integró a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con ello, se “agrupan los esfuerzos, se consolida el conocimiento y se fortalecen las actividades encomendadas”, según se explicó en un comunicado. Pero para más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, desaparecer al INECC y al IMTA representa “una más de las acciones de desmantelamiento del sector ambiental”.

El INECC, recordaron las organizaciones en un comunicado, es un organismo del Estado que genera investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones. Entre sus funciones está la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero o los insumos técnicos para las normas oficiales sobre calidad del aire.

• Mientras que el IMTA se encarga, entre otras cosas, del diseño de los sistemas regulatorios y tarifarios para el agua potable, la certificación de laboratorios de calidad del agua y de sistematizar y publicar la información técnica asociada con los recursos hídricos del país.
• Es por ello que catorce organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en temas relacionados con la gestión del agua, consideraron como un error que el personal y funciones de este instituto se integren a la Conagua.

“El IMTA y la Conagua tienen funciones completamente distintas, al primero le corresponde el arbitraje técnico, científico y social; de tal manera que se puedan prevenir abusos como el reparto de agua a discreción”, señalaron en un comunicado organizaciones como Cántaro Azul, la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, Centinelas del Agua, entre otros.

Además, llamaron a la presidencia, al congreso y al senado a aprobar una Ley General de Aguas —lo cual está pendiente desde hace ya dos años— “que establezca una estructura de justicia hídrica, acceso a la información, transparencia y anticorrupción”.

Así que en 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá demostrar si son eficientes todos los cambios realizados dentro del sector ambiental; los cuales llevan dos años sin consolidarse. Será hasta que se publique el reglamento interior de la Semarnat, cuando se conozca cómo quedará la estructura de la dependencia y si ésta será la adecuada para realizar las funciones que hoy realizan el INECC y el IMTA.

2. Garantizar conservación de áreas naturales y especies con recursos mínimos

Para el 2022, el sector ambiental contará con un presupuesto de 40 795 millones de pesos (poco más de 1986 millones de dólares); son casi 9 mil millones de pesos más si se compara con lo que se le designó en 2021.

Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recuerda que en 2019 el sector ambiental tuvo un recorte muy fuerte, por lo que el incremento que tuvo en 2022 no alcanza para resarcir el daño que se hizo tres años antes.

• La mayor parte de los recursos que se otorgaron al sector son para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que contará con 33 916 millones de pesos (1651 millones de dólares).

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tendrá poco más de 776 476 pesos (37 millones de dólares) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dispondrá de casi el mismo presupuesto que tenía hace un año: 887 345 mil pesos (alrededor de 43 millones de dólares).

• Estos recursos equivalen a que la Conanp cuente con sólo 9.7 pesos (poco menos de un dólar) por cada una de las 90 millones de hectáreas que se encuentran bajo alguna categoría de protección, una cifra muy inferior a los 74.12 pesos por hectárea que llegó a tener en 2016.

“Esta escasa asignación de recursos impide una adecuada atención a los diversos problemas ambientales que existen en las áreas naturales protegidas como la deforestación o la degradación de los bosques y de las áreas costero-marinas”, destacó CEMDA en un comunicado.

Además, el gobierno federal tiene planes de crear una nueva Área Natural Protegida en la zona del Lago de Texcoco, con lo que se sumarán alrededor de 14 mil hectáreas bajo el cuidado de la CONANP.

“Se decretan nuevas áreas, pero no se le asigna presupuesto a Profepa ni a la Conanp para que puedan garantizar la vigilancia en todas estas zonas”, resalta Margarita Campuzano, integrante de CEMDA, quien también menciona que “los inspectores de Conanp, por ejemplo, no tienen ni para gasolina para las lanchas y en varias zonas tienen que enfrentarse al crimen organizado”.

• Para científicos como Rodrigo Medellín, especialista en murciélagos e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, el principal desafío ambiental para el país en el 2022 será “reorientar las políticas públicas para tener una real protección de la biodiversidad”. Y, en especial, poder conservar aquellas especies que están en riesgo de extinción.

Entre esas especies está la vaquita marina (Phocoena sinus), una pequeña marsopa endémica del Mar de Cortés, en el Alto Golfo de California, cuya población ha ido en picada en las últimas dos décadas. Estimaciones científicas señalan que solo quedan unos 10 individuos, por lo que se considera el mamífero marino más amenazado del planeta.

Para evitar la extinción de esta marsopa, Medellín propone crear un programa de atención integral a las comunidades del Golfo de California: “No solo se trata de salvar a una especie sino de resolver, también, un problema de desintegración social en la zona, ya que está en manos del crimen organizado”.

• Este año, del 14 al 25 de noviembre, se realizará la 19a reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en Panamá. “Si para entonces México no tiene un plan claro para proteger a la vaquita marina, el país podría tener sanciones comerciales”, destaca Medellín.

La atención internacional está puesta en el futuro de la vaquita marina, pero en México hay más especies que están en un alto riesgo de perderse, sobre todo por la drástica disminución de su hábitat. Un ejemplo es lo que pasa con el mapache enano (Procyon pygmaeus), especie endémicas de la Isla de Cozumel, en el caribe mexicano, y que están en Peligro Crítico de extinción.

• La fragmentación de su hábitat, en especial por la ampliación de una carretera, ha llevado a que se disminuya aún más su población, que pierda variabilidad genética y, por lo tanto, aumente su susceptibilidad a enfermedades, explica la doctora Ella Vázquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.

La científica señala para salvar a esta especie y a otras más en el país es vital que el tema ambiental se mire como una prioridad nacional: “Si no se le otorga un presupuesto adecuado, si no hay un plan estratégico de conservación no se logrará nada”.

Además de la reunión de CITES, México también deberá revisar el estado de sus especies, en especial porque entre el 25 de abril y el 8 de mayo se realizará en Kunming, China, la segunda fase de la 15a reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, donde se prevé adoptar un plan mundial para detener la acelerada pérdida de biodiversidad.

3. Detener la deforestación
En 2020, México perdió 300 mil hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con los análisis realizados por la Universidad de Maryland y la plataforma Global Forest Watch.

Aún no hay datos actualizados al 2021, pero en el mismo Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, presentado en noviembre pasado por la Semarnat, se prevé tener una pérdida de alrededor de 216 mil hectáreas de bosques al año.

En octubre pasado, la Semarnat anunció una estrategia contra la deforestación y tala ilegal basada en “la prevención, inspección y verificación de aserraderos; además de un trabajo de inteligencia, judicialización, acompañamiento de las comunidades y revisión del marco jurídico con la finalidad de poder ejecutar acciones penales contra los responsables de los ilícitos”.

Para especialistas, como Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge, la deforestación y la tala ilegal son dos fenómenos distintos, con impulsores muy diferentes, por lo que las acciones para atenderlos no pueden ser las mismas. Por lo que, Madrid menciona que “un desafío para el 2022 es que este gobierno establezca un planteamiento claro para detener la deforestación”.

Cualquier estrategia que se tenga para atender este problema, señala Madrid, tendrá que contemplar el fortalecimiento de la Profepa, “para que cumpla con su labor de vigilancia y sancione a quienes deforesten. Además, se debe trabajar en otros frentes como el apoyo a las iniciativas comunitarias que conservan los bosques, la certificación de productos (como aguacate, carne y agave) libres de deforestación y en el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan realizar un monitoreo eficiente para saber a tiempo dónde se está dando el cambio de uso de suelo y qué actividad lo está provocando”.

• Si bien todos los ecosistemas del país requieren ser conservados, la doctora Ella Vázquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, destaca que los manglares del país requieren de una atención urgente.
• Pese a estar protegidos por la ley mexicana, los manglares siguen siendo afectados para instalar proyectos turísticos o de infraestructura, como sucedió en 2019 y 2020 cuando se taló una zona de mangle para construir ahí la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Si no se tiene al cuidado del ambiente como una prioridad, advierte la investigadora, se tendrán más huracanes, más incendios y entraremos a un punto de no retorno.

Para investigadores y miembros de organizaciones sociales, una de las regiones que debe considerarse como prioritaria para garantizar su conservación es la Península de Yucatán, territorio que alberga a la Selva Maya, uno de los bosques tropicales más extensos de América Latina y que en los últimos años ha estado bajo la presión de la agroindustria, megaproyectos turísticos y de infraestructura, como la construcción del llamado Tren Maya.

• El abogado Jorge Fernández, de Equipo Indignación. Promoción y defensa de los derechos humanos, organización que trabaja en la Península de Yucatán desde hace ya varios años, los desafíos que se tienen en esta región serán contar con ordenamientos territoriales que no pongan en riesgo el medio ambiente, atender la crisis de la contaminación y acceso al agua, así como evitar que todo el proyecto del Tren Maya impulse una mayor deforestación.

Además, este año será clave para conocer cuál es el proyecto real del Tren Maya, ya que se sigue cambiando el trazo que se había anunciado y no se ha otorgado información sobre las llamadas “Ciudades Sustentables” que se pretenden tener a lo largo de la vía y sobre las que se ha negado entregar información por considerarla como “reservada”.

• Fernández resalta que, al no entregar información completa sobre este megaproyecto que tiene un impacto ambiental y social, el gobierno mexicano está violando el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental para América Latina que entró en vigor el año pasado.

Justo será en abril de 2022, durante la Primera Conferencia de las Partes del tratado, cuando México deberá presentar el plan para cumplir con el Acuerdo de Escazú.

Tomás Severino, director de Cultura Ecológica, explica que durante esa Primera Conferencia de las Partes se establecerán las reglas de cómo funcionará, entre otras cosas, el comité de cumplimiento y aplicación del acuerdo.

4. Dejar de ignorar a las comunidades forestales

En México, alrededor de 14 341 ejidos y comunidades tienen dentro de su territorio más de 200 hectáreas de bosque, selva o matorral; sin embargo, solo 2 310 cuentan con una autorización de aprovechamiento forestal maderable, lo cual permite que esas comunidades realicen una vigilancia, cuidado y manejo del bosque.

• Pese a que existen evidencias de las virtudes ambientales y sociales del manejo forestal comunitario, este mecanismo no recibe el apoyo necesario ni la atención gubernamental que debería.
• Una muestra del desdén hacia el sector forestal es el bajo presupuesto que recibe la Comisión Nacional Forestal (Conafor); para el 2022 contará con 2 827 939 445 pesos (137 millones de dólares), un poco más de los recursos que tuvo en 2020 y 2021.

Un desafío para México es el valorar la importancia que tiene el sector forestal para miles de ejidos y comunidades en el país, señala Lucía Madrid. Y hay un dato que muestra esa importancia: En México hay 66 millones de hectáreas de selvas y bosques aproximadamente, de los cuáles el 60 % son propiedad de ejidos y comunidades.

“Las políticas dirigidas al campo mexicano —remarca Madrid— tienen que poner en el centro a las comunidades forestales”. Y para ello, un paso que se tendría que dar es contar con una tramitología más eficiente que facilite el manejo sustentable de los bosques por parte de los ejidos y comunidades. Además de diseñar “incentivos para conservar los bosques y desarrollar medios de vida campesinos dignos y sostenibles económicamente, que no dependan de las dádivas del gobierno”.

Pese a que México es reconocido a nivel internacional por el manejo forestal comunitario que se realiza en varias regiones del país, Madrid menciona que en la actualidad “las comunidades forestales están en un momento muy complejo, porque están muy presionadas por el avance del crimen organizado (que también controla actividades como la tala)”.

Y por ello, Lucía Madrid considera necesario que la Semarnat y la Conafor diseñen mecanismos eficientes para garantizar la legalidad de la madera que se comercializa en el país.

• México, señala Zúñiga, podría ser potencia en el suministro de materias primas forestales producidas en forma sustentable, siempre y cuando se realice una inversión adecuada en el sector, el cual también ayudaría a combatir la pobreza.

El especialista del WRI recuerda que se han publicado varias investigaciones científicas en donde se muestra que las comunidades que realizan manejo forestal comunitario, lograron tener su propio aserradero y consolidar empresas forestales comunitarias, superaron la pobreza alimentaria y, en algunos casos, la pobreza patrimonial.

“Tenemos información suficiente —insiste Zúñiga— para afirmar que el aprovechamiento forestal maderable y no maderable genera ingresos dentro de las comunidades que llevan a la eliminación de la pobreza. Además, de todos los beneficios ambientales, sociales y de manejo de territorio que genera”./Agencias-PUNTOporPUNTO