Cimac Noticias
El Estado mexicano debe ofrecer una disculpa pública a las mujeres por haber obstaculizado durante más de cuatro años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México, y con ello permitir que las desapariciones y asesinatos se siguieran acumulando.
Así lo determinó la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, al conceder un amparo promovido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En su resolución dictada el pasado 25 de noviembre y difundida ayer a las partes involucradas, la jueza ordenó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob), e integrado por dependencias federales y los 32 institutos estatales de la Mujer– a comprometerse por escrito a no volver a minimizar los casos de feminicidio.
La jueza María García Villegas resolvió en el juicio de amparo indirecto 429/2015, que al haber demorado cuatro años y medio en emitir la AVG el SNPASEVM minimizó la gravedad de la violencia feminicida en la entidad, vulneró la seguridad de las mujeres, y violentó los Derechos Humanos (DH) tanto de las víctimas de delitos de género, sus familias y el resto de la sociedad.
Igualmente, la resolución mandata al Sistema Nacional no volver a sostener que las solicitudes de declaratoria de AVG son un “ataque político” en contra del gobierno estatal en turno.
Así, para reparar el daño ocasionado en cuatro años y medio de dilación, los integrantes del SNPASEVM deben emitir una disculpa pública por el retraso en la declaratoria de AVG, y comprometerse por escrito “con la parte quejosa y ante la fe de un fedatario público” a no volver a retrasar, ni a minimizar el aumento en el índice de homicidios de mujeres.
En cuanto al gobierno del Edomex, el fallo contempla que la Procuraduría General de Justicia mexiquense (PGJEM) realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad en memoria de las mujeres asesinadas en la entidad, y hacer un compromiso con la sociedad para hacer cumplir en todas y cada de sus partes la declaratoria de AVG.
Al mismo tiempo se ordenó a las autoridades del estado crear estadísticas confiables en materia de violencia de género.
En caso de desacato judicial de la sentencia, la sanción podría implicar la remoción de funcionarios de sus cargos públicos.
BATALLA LEGAL POR LA JUSTICIA
El juicio de amparo fue interpuesto por la CMDPDH y el OCNF en febrero pasado, cuando aún no se declaraba la AVG para 11 municipios mexiquenses, pero ya habían transcurrido cuatro años desde que las organizaciones civiles solicitaron su emisión.
La AVG fue demandada inicialmente por ambas agrupaciones en diciembre de 2010 (ante los 922 asesinatos registrados de 2005 a 2010 en la entidad, cuando era gobernaba por el ahora titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto).
Sin embargo, en enero de 2011 el SNPASEVM negó, sin justificar o argumentar su decisión, la procedencia de una investigación de la violencia feminicida en la entidad mexiquense, por lo que la CMDPDH y el OCNF presentaron en 2011 una primera demanda de amparo contra esa resolución, que al ser resuelta en 2012 se ordenó la realización de la indagación.
Luego de que el Sistema Nacional impugnó ese primer amparo, en abril de 2014 (es decir, dos años después) el SNPASEVM anunció que realizaría la investigación, y que ésta correría a cargo de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario conformado por funcionarios y sin la participación de gente de la academia.
Ya en febrero de este año, mientras las organizaciones civiles seguían documentando casos de feminicidio en el Edomex y las autoridades “investigaban”, se promovió un segundo amparo ante la dilación del gobierno para declarar la AVG. Este juicio es el que se resolvió el pasado 25 de noviembre.
Previamente, el pasado 31 de julio el Sistema Nacional ya había emitido –con cuatro años y medio de retraso– la declaratoria de AVG para 11 municipios mexiquenses: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
“DECISIÓN SIN PRECEDENTES”
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora nacional del OCNF, dijo a Cimacnoticias que la resolución del juicio de amparo es una “decisión sin precedentes” al determinar que hubo negligencia de las autoridades encargadas de emitir la AVG, y en la que se reconoció el derecho de las mexiquenses a acceder a la reparación del daño, luego de que los representantes del Estado violaran sus DH.
Estrada explicó que la jueza Paula María García Villegas realizó un análisis jurídico del procedimiento de cuatro años y medio que tuvieron que librar las organizaciones para que finalmente se emitiera la Alerta, y determinó que de haberse declarado la AVG en un primer momento muchos casos de feminicidio y desaparición se pudieron haber evitado.
Con el fallo se “responsabiliza, en cierta forma, al Sistema (Nacional) de esta violencia”, advirtió la activista.
Según datos oficiales, de 2011 a agosto de 2014 se registraron 162 víctimas de feminicidio en el Edomex, cifra a la que deben sumarse los asesinatos dolosos de mujeres que no fueron investigados bajo el tipo penal, y que según el OCNF ascienden a más de 500 casos.
María de la Luz Estrada destacó que es la primera vez que una orden judicial a nivel nacional retoma los acuerdos internacionales a favor de las mujeres, y mandata la reparación integral del daño por parte de las autoridades responsables de violar los DH de las mexicanas.
En tanto, Nayomi Aoyama, abogada de la CMDPDH, apuntó que si bien quienes integran el Sistema Nacional son los responsables directos de las violaciones a DH al demorar, de manera injustificada, cuatro años en emitir la declaratoria de AVG, la PGJEM negó la información solicitada en mayo pasado por la jueza García Villegas sobre estadísticas de homicidios de mujeres.
Al respecto, en su resolución la jueza subrayó que las autoridades mexiquenses “muestran una clara resistencia a que se conozcan las cifras reales y confiables sobre el número de mujeres víctimas de homicidio, dañando la credibilidad de las autoridades, y mostrando una alta intolerancia a la crítica pública”.
Por ello en la sentencia, Paula María García ordenó además al gobierno mexiquense contar con estadísticas confiables, y hacerlas públicas en la página oficial de las dependencias de procuración de justicia para que se vean los avances en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.
Igualmente, la autoridad local deberá dar seguimiento a los homicidios perpetrados en contra de las mujeres y determinar cuáles son casos de feminicidio.
María de la Luz Estrada y Nayomi Aoyama confiaron en que las autoridades no apelarán la sentencia y en cambio cumplirán con su contenido de manera inmediata, pues de esta forma cobrarían sentido los discursos, tanto del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, como del Ejecutivo federal, respecto a que trabajan “a favor de las mujeres”.
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