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El Instituto de Investigaciones Turísticas (IIT) de la Universidad La Salle-Cancún detectó que el 46.8 por ciento de las migrantes sin documentos trabajan como empleadas u obreras, “la mayoría en servicios domésticos y como afanadoras en hotelería” en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad y Tulum.
Financiado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), la investigación “Mujeres migrantes en Quintana Roo. Perfil y condiciones de estadía” corrobora que “hay un fomento continuo de la ilegalidad por parte del empleador, en especial en los casos de trabajadoras domésticas, de las cuales el 23.4 por ciento son contratadas por día para las labores de limpieza de casas habitación, y muchas de ellas son traídas directamente de Guatemala o Belice”.
En el estudio se asienta que al ser la cabecera municipal de Benito Juárez un polo de atracción turística del Caribe mexicano, las migrantes llegan por aire, mar o tierra, para obtener un empleo a riesgo de padecer violencia que se refleja en abusos en su trabajo o maltrato psicológico.
“Su condición migratoria irregular es un factor determinante para las situaciones de violencia que pueden vivir”, se señala en la investigación. Su ingreso irregular a nuestro país incrementa la vulnerabilidad, ya que se abusa de ellas laboralmente, otras viven maltratos, abusos, explotación y tienen que pagar dinero a “padrotes” (proxenetas) por temor a que las denuncien ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y sean deportadas.
Para el IIT, “las leyes mexicanas facilitan la vulnerabilidad de las extranjeras, muchas de ellas con hijos mexicanos por nacimiento, y las hace susceptibles de sufrir violencia doméstica: el miedo a ser expulsada del país y el desconocimiento de los trámites que se deben realizar para tener una estancia legal en México”, son los factores principales para que las extranjeras permanezcan en condición irregular.
A través de encuestas, la investigación del IIT-La Salle-Cancún detectó que de cada 10 extranjeras, en 3.5 de ellas su situación se agudiza por la falta de información; 2.3 por carencia de recursos económicos para solventar los trámites y dificultades en el proceso de regularización, y 2 por una atención deficiente de parte de las autoridades migratorias mexicanas, siendo “las tres principales causas” por las cuales ellas no tramitan su estancia legal.
Ante esta situación, la mayoría de extranjeras entrevistadas argumentó que para buscar su regularización o mantenerla es necesario obtener e incrementar sus derechos ciudadanos básicos, “en un país que se caracteriza por violar éstos aún en sus connacionales”.
Tener libre tránsito para entrar y salir del país y contar con una estancia legal sin persecuciones, son parte de estos derechos básicos. A través de “la gestión de programas de regularización y políticas públicas disminuirá la vulnerabilidad de esta minoría”, concluye el estudio.
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