Por Jesús Esquivel
Dos graves problemas atañen a la sociedad mexicana, la corrupción y la impunidad, fenómenos que por más que digan los políticos, diputados, gobernadores y el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto será difícil eliminar de manera pronta y expedita mucho menos controlar estos fenómenos
Lo cierto es que senadores y diputados del país aprobaron en febrero pasado la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Con dicho sistema, dicen se transparentarán todas las acciones que han emprendido a partir de esta fecha los gobiernos federal, estatal y municipal de nuestro país, no obstante todos aplaudieron esa nueva ley que evidentemente jamás funcionará.
Sin embargo, ¿que garantizará que esta nuevo sistema acabará con este flagelo que tanto daño ha generado entre la población mexicana?.¿Solamente será un paliativo para que digan que en la actual administración no se solapará este tipo de actividades? ¿O quizá para simular que vivimos en un país donde abunda la transparencia y que la aplicación de la justicia se aplica pronta y expedita. Qué ironía. ¿No?
De acuerdo al objetivo de dicha ley es crear un sistema que pueda prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción que se den en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, donde quedarán casos como más patéticos en esta administración como La Casa Blanca del presidente Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, la residencia del secretario de hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco.
La Estela de Luz de Felipe Calderón Hinojosa cuando fue presidente de la República, los manejos fraudulentos que hizo la maestra “Chuky”, Elba Esther Gordillo, Los negocios de Vicente Fox con su esposa Martita Sahagún, Los negocios de OHL que tiene Peña Nieto, en fin son tantos casos que no alcanzarían cuartillas para nombrarlos.
Pero todo esto viene al caso porque La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental aplicada en 2013 reveló que 7.4 millones de ciudadanos debieron pagar en México algún acto de corrupción ante ventanillas de los sectores públicos federal, estatal o municipal.
Adrián Franco Barrios, director general de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), resaltó que hay datos de lo que cuesta pagar por actos corruptos. Por ejemplo, en las agencias del Ministerio Público, en un año, más de mil 600 millones de pesos; en los juzgados, 600 mil millones; a las autoridades de seguridad, mil cien millones de pesos, por citar algunas cifras.
Lo cierto es que pese a los millones de ciudadanos que incurrieron en esos hechos, sólo se aplicaron 12 mil 110 sanciones en los tres niveles de gobierno. Destacó que por delitos asociados con responsabilidades de servidores públicos, de 6 mil 554 presuntos involucrados sólo se procesaron 949, que se diluyeron a 161 sentenciados y en reclusorio solamente hay 140.
La población cree o ha escuchado que en los trámites y servicios que realizó durante 2013 hay corrupción, añadió. Prácticamente uno de cada dos (ciudadanos). Resaltó que al preguntar a las personas si fueron víctimas de un acto de corrupción se obtuvo que 12 mil 80 afirmaron que sí, de entre los casi 300 millones de trámites que se realizaron en el país en 2013.
¿Es mucho o poco? No lo sabemos. México es el único país que tiene este dato y la única comparación que podemos hacer (de porcentajes) es contra los delitos. Es decir, los robos o los asaltos en las calles o en el transporte público en este país son los mismos que la victimización por corrupción.
En este sentido, advirtió que la corrupción tiene impacto de cualquier naturaleza: La deforestación, no inscribir a los niños a la escuela, que no se construya la misma, que la educación pública sea deficiente, que seamos opacos, que no lleguen inversiones, etcétera.
Del mismo modo, los gobiernos se enfrentan a una multiplicidad de reglas para el diseño, aplicación, operación y coordinación de un sistema de transparencia y anticorrupción del país, aunado a que hay multiplicidad de actores, tres niveles de gobierno, organizaciones públicas y privadas, así como intereses distintos.
A su vez, David Arellano Gault, director de la División de Administración Pública del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), consideró que tanto ciudadanos como empresarios y servidores públicos hemos hecho una vida de la lógica de la corrupción.
Compartió palabras de un alto funcionario acusado del citado delito: “Nunca creeré que hice algo criminal, lo que hice fue seguir el trabajo… Sí doblé algunas reglas, ¿quién no lo hace? Si me van a castigar, tendrían que destruir todo el sistema… Lo que yo hice lo hacen muchos otros y lo seguirán haciendo; castigarme solamente a mí es simplemente hipócrita”.
Así están las esferas de la corrupción e impunidad en México. Habrá leyes, peces gordos que sean detenidos, pero jamás habrá una aplicación justa de la ley. Sigamos haciéndole creer el pueblo que acabaremos con la corrupción e impunidad, ¿No? Hasta mañana y ojo olvídese de que la corrupción cerrará sus filas este sexenio. Seguramente estaremos celebrando el 28 de diciembre. Día de los Santos Inocentes. Comentarios a [email protected]
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