AGENCIAS
El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por rechazar la consulta popular “Salario digno de los trabajadores”.
A través de un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la denuncia se fundamenta en preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta violación a derechos fundamentales.
Lo anterior, “en perjuicio de quienes reciben un salario mínimo en el país y de casi dos millones de mexicanos que suscribieron la consulta popular rechazada por el Estado mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
De acuerdo con este instituto político “el Estado mexicano violó la obligación de respetar los derechos de la Convención, las garantías judiciales, las normas de interpretación convencional por suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas”.
Consideró que se violó el proceso legal en su vertiente de interpretación constitucional y convencional, pues no se respetó el debido proceso de legalidad, “porque se debió modificar la pregunta”, y la protección judicial “por no tener una segunda instancia”, y a las restricciones constitucionales.
En la denuncia, Acción Nacional también solicita que el caso se someta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El dirigente panista recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar de derechos y oportunidades, entre las que está participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
“Al cancelar la posibilidad de que la Consulta Ciudadana fuera sometida a consideración de la ciudadanía, se limitó el derecho de los mexicanos a poder elegir un beneficio general de mejorar el salario mínimo”, comentó.
Gustavo Madero explicó que mientras sea menor el desarrollo social y los salarios de la clase trabajadora, aumenta la posibilidad de establecer mecanismos corporativos o clientelares.
Por ello, llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a atender el caso y emitir las recomendaciones pertinentes, ya que “ejercicios democráticos como la consulta ciudadana y que los mexicanos cuenten con un salario digno, mejorarían las condiciones democráticas en México, que son lamentables”.
La denuncia, que consta de 135 páginas, siete tomos y 38 pruebas, fue presentada por el secretario general adjunto, Fernando Álvarez Monje; el coordinador general Jurídico, Eduardo Aguilar Sierra; y la diputada federal Lourdes Medina Valdes en la sede de este organismo en Washington, D.C, Estados Unidos.
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