AGENCIAS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió hoy que la situación de los migrantes irregulares en México «ha empeorado de forma grave», y urgió al Estado a impulsar «iniciativas de fondo» para proteger a esa población.
La CIDH presentó su informe «Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México», elaborado en base a una visita realizada por una delegación del organismo al país del 25 julio al 2 de agosto de 2011.
El documento se enfoca en la violencia, inseguridad y discriminación que enfrentan los migrantes en situación irregular en su tránsito por México, la cual incluye secuestros, homicidios, desapariciones, violencia sexual, trata humana y tráfico de personas.
Según la CIDH, lejos de mejorar, su situación «ha empeorado de forma grave al paso de los años, sin que el Estado haya adoptado una política integral orientada a la prevención, protección, sanción y reparación de los actos de violencia y discriminación» de que son víctimas.
Al presentar el informe, el relator sobre los derechos de los migrantes, el chileno Felipe González, destacó que el secuestro y la muerte de migrantes creció «exponencialmente», sobre todo a partir de 2009, pero sin dar cifras, una tarea que, dijo, es responsabilidad del Estado.
Si bien México ha avanzado con la adopción de leyes y medidas para la protección de migrantes irregulares, estas son «insuficientes para dar una respuesta eficaz» a la «gravísima» situación de violaciones masivas que enfrentan.
«Su nivel de implementación es muy bajo», aseguró González, quien destacó que si el país quiere avanzar en la solución del problema, debe llevar ese marco jurídico a la práctica.
Además, estimó necesario impulsar mecanismos de «control judicial» de funcionarios de migración y policías, toda vez hay una «cantidad importante de denuncias de violaciones cometidas por agentes del Estado».
La CIDH recomendó la implementación de una política específicamente dirigida a prevenir y sancionar los delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus defensores, incluida la creación de una fiscalía especial.
También llamó a adoptar medidas tendentes a facilitar su ingreso y tránsito por México a través de canales regulares y evitar así que recurran a vías clandestinas y se conviertan en blancos fáciles de la delincuencia o autoridades corruptas.
Mientras la mayoría de migrantes se mantenga como indocumentados se trasladarán por cualquier medio a su alcance, dijo González, quien afirmó que su detención «debe ser una excepción» y no una regla, como «lamentablemente» sucede en México y EE.UU.
El chileno criticó la participación de militares en la contención de los flujos migratorios, como lo ha planteado EE.UU. en el sur de su frontera, al considerar que va a «contramano del rol acotado» que deben tener las Fuerzas Armadas.
Es «como tapar el Sol con un dedo», sobre todo cuando es «evidente que a va continuar el flujo», aseguró y urgió a México regularizar la situación de los migrantes para que puedan viajar en transporte público y denunciar si son víctimas de delito.
El relator pidió, además, reforzar el control judicial sobre los centros de detención, donde las condiciones son «muy semejantes» a una prisión, y fijar «plazos razonables» de reclusión.
La CIDH aconsejó incrementar la seguridad en las zonas de alto riesgo, establecer centros de atención en las rutas migratorias y adoptar un protocolo para identificar migrantes en situación vulnerable, como solicitantes de asilo, víctimas de trata, niños no acompañados y mujeres que han sufrido violencia sexual.
Sobre los abusos sexuales, el relator dijo estar especialmente preocupado porque se documentó una importante cantidad de denuncias incluyendo adolescentes y niños.
También advirtió un déficit de información respecto al derecho de solicitar refugio y en qué condiciones, algo que consideró «apremiante en el contexto de la crisis humanitaria» desatada por el flujo masivo de niños centroamericanos a EE.UU.
Sobre los migrantes desaparecidos, secuestrados o bajo cualquier forma de privación de la libertad, pidió poner en marcha mecanismos de búsqueda coordinados con los estados del país y los países de origen en Centroamérica y de destino, principalmente EE.UU.
El organismo confió en que la profundización de las reformas realizadas hasta ahora en este campo, con el apoyo de la sociedad civil y una implementación y difusión amplias, «representará un cambio de paradigma en el abordaje de la migración con impacto significativo».
El relator destacó que muchas de las recomendaciones realizadas, las cuales fueron enviadas el Gobierno de Enrique Peña Nieto para que presentara sus observaciones, solo requieren de voluntad política.
Precisó que la Comisión dará seguimiento a la situación de México a través de audiencias y reuniones de trabajo con representantes del Estado y organizaciones civiles.
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