La llamada «verdad histórica» del caso Ayotzinapa, la cual refería que los estudiantes fueron capturados, privados de la vida, incinerados y sus restos fueron arrojados al río de San Juan en Cocula, Guerrero, se diseñó en reuniones que se realizaron en Presidencia de la República, aseguró Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
- “Cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”, afirmó
- Este viernes, el también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó nuevamente el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el cual concluye que la desaparición de los 43 jóvenes fue un crimen de Estado y que no hay indicio alguno de que los estudiantes permanezca con vida.
El funcionario descartó que entre este reporte y el de la llamada «verdad histórica” haya algún tipo de coincidencias, como algunos han señalado.
“La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen, nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, aclaró.
El subsecretario planteó que la desaparición fue un crimen de Estado en el que “hubo una actuación de las autoridades en una acción concertada de aparato del poder desde el más alto nivel de gobierno en el país que ocultó los hechos, alteró las escenas del crimen, escondió los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y su participación con agentes del estado”.
Ello generó “vicios y deficiencias” que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia entorno a la desaparición de los 43 jóvenes ocurrida entre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hemos definido esto como un crimen de estado porque no se trata solo de la desaparición y la pérdida de vida de los jóvenes sino conjuga cuatro delitos graves”, explicó.
- Entre esos delitos están la privación de la libertad, el homicidio y la negativa a efectuar una investigación en torno a los hechos, lo que propició la impunidad de los perpetradores e encubridores.
- Encinas Rodríguez afirmó que la orden para atentar contra los jóvenes la dio expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y líderes de Guerreros Unidos.
Aclaró que seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días, y después fueron entregados a José Rodríguez Pérez “El Coronel”, quien se hizo cargo de los jóvenes./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
