Desde 2019, los gobiernos de 15 entidades mantienen adeudos con las universidades públicas estatales por un monto superior a los 10 mil millones de pesos.
El problema de los adeudos se agudizó durante 2024, pues tan solo al 31 de octubre, 14 entidades ya adeudan otros 2 mil 550 millones de pesos.
Pide Morena regularizar a adeudos por 10 mil mdp con CAEM
Los casos más críticos ocurren en Coahuila, San Luis Potosí y Colima, cuyos adeudos superan el 30 por ciento del subsidio ordinario estatal que reciben sus universidades.
- De 2019 a 2023, el gobierno de Coahuila presenta un adeudo de dos mil 914 millones de pesos (mdp); Sonora, mil 560 mdp, y Tamaulipas, mil 507 mdp. En tanto, Chihuahua adeuda mil 421 mpd, y Baja California, mil 329 mdp.
- En el mismo periodo, la administración de San Luis Potosí adeuda 345 millones; Yucatán, 294 millones; y Nuevo León, 234 millones.
- Los estados que completan la lista son Durango, con 208 millones; Tabasco, 138 millones; Quintana Roo, 70 millones; Sinaloa, 18 millones; Colima 5.6 millones, Estado de México, 2.4 millones; y Guerrero, 400 mil pesos.
Estos adeudos, en su conjunto, suman 10 mil 51.8 millones de pesos que no han llegado a las universidades públicas.
Adeudos impactan contra las universidades
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad con los Convenios de Apoyo financiero que año con año suscriben los gobiernos estatales con las universidades públicas, con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tan sólo en 2023 el adeudo de los estados fue de mil 118 millones de pesos, lo que afectó principalmente a 5 universidades públicas estatales, 2 universidades públicas estatales de apoyo solidario y 2 interculturales.
- El financiamiento de las instituciones de educación superior públicas se realiza a través de convenios tripartitas que se firman de manera anual entre las universidades y los gobiernos tanto estatales como federales.
A la par de que los gobiernos estatales no les han entregado los recursos, las universidades crecieron en los últimos años un promedio de 4 por ciento anual, lo que implica que para poder satisfacer la demanda de la nueva población estudiantil y la operación de nuevas unidades académicas deben contratar personal académico y administrativo, situación que queda al margen de los convenios tripartitas.
También existe una presión financiera en las universidades, producto de los regímenes de pensiones y jubilaciones de las instituciones.
Llaman a garantizar entrega de recursos
El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, explicó que han solicitado a la Cámara de Diputados acciones legislativas urgentes a fin de que se garantice que los recursos comprometidos lleguen directamente a las universidades.
“Los términos del convenio tripartita suponen que eventualmente se pueda llegar a una situación en la que el 50 por ciento de lo que se le da a la universidad venga de la Federación y el 50 por ciento sea a través del Estado, y es justamente lo que no se ha podido cumplir».
«Se establece un porcentaje y finalmente los estados otorgan el recurso con base en una cláusula que incorporan a este convenio que dice que sí, siempre y cuando haya una suficiencia presupuestaria”, añadió.
- Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, señaló que la leyenda “Sujeto a disponibilidad presupuestaria” incluida al pie de los convenios tripartitas, los gobiernos estatales la han usado como una manera de evadir la responsabilidad que tienen con sus universidades.
“¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Es quitar la palabra ‘sujeto a disponibilidad presupuestal’, porque ahí ya no puede ir más allá la auditoría y presentar denuncias que podrían ser hasta incluso penales por desvío de recursos».
«Pero el Estado dice: ‘a ver, el problema es que yo cumplí, pero cumplí a medias porque ya se me acabó la disponibilidad presupuestal’. Es una redacción engañosa que cumple con la ley, pero incumple con el tema de justicia social y de garantizar educación superior”, manifestó.
- El legislador del Partido Verde Ecologista de México señaló que el objetivo es que el próximo año se pueda avanzar en las negociaciones políticas para que los convenios tripartitas de 2026 se elimine esa cláusula y se establezcan mecanismos para el cumplimiento de las entidades con la educación superior.
“Yo creo que el trabajo político se tiene que hacer con los gobernadores y ahorita la gran mayoría de los gobernadores son de morena, entonces hay que hay que hacer este gran consenso con ellos para que realmente se le apueste a la educación”, añadió./Agencias-PUNTOporPUNTO
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