El Gobierno de Donald Trump decidirá, en un plazo de 14 días, qué cárteles de las drogas de México serán designados como organizaciones terroristas y, en el mismo lapso, se definirán las acciones para su “eliminación total” en territorio de Estados Unidos y de “sus estructuras extraterritoriales de mando y control”.
La orden ejecutiva firmada por Trump este lunes en Washington invoca a la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, como dijo en su discurso inaugural como Presidente, para combatir a las organizaciones que sean designadas como terroristas, como parte de “una emergencia nacional” que vive Estados Unidos.
La disposición de Trump se fundamenta también en las leyes de Inmigración y Nacionalidad (INA) y de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, así como en la orden ejecutiva de 2021 sobre bloqueo de propiedad y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan o apoyan el terrorismo.
En la orden ejecutiva de Trump no se menciona al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación ni a ninguna otra organización criminal de México, pero sí alude al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha como organizaciones trasnacionales “extraordinariamente violentas y despiadadas, y (que) amenazan de manera similar la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.
Sin embargo, en el texto firmado por Trump se alude a México, donde “los cárteles controlan funcionalmente, mediante una campaña de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de los Estados Unidos».
La orden ejecutiva de Trump inicia el proceso por el cual cárteles internacionales y otras organizaciones serán designados como “organizaciones terroristas extranjeras” por parte del Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional y el Director de Inteligencia Nacional.
“Es política de Estados Unidos asegurar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en el país y de su capacidad de amenazar el territorio y la seguridad del país mediante sus estructuras extraterritoriales de mando y control, protegiendo así al pueblo estadounidense y la integridad territorial de Estados Unidos”, establece la orden ejecutiva de Trump.
- En la argumentación, se detalla que los cárteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional, y sus actividades abarcan convergencia entre ellos y una gama de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos extranjeros antagónicos.
También, añade la orden ejecutiva, incluyen sistemas adaptativos complejos, característicos de las entidades que participan en la insurgencia y la guerra asimétrica, y la infiltración en gobiernos extranjeros en todo el hemisferio occidental.
“Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado a países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, subraya.
“Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. Sus actividades, proximidad e incursiones en el territorio físico de los Estados Unidos plantean un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Tiene Estados Unidos leyes que le permitirían invadir México
- Entre las principales herramientas legales que podrían facilitar una acción militar se encuentra la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), promulgada en 1798. Esta normativa otorga al presidente la autoridad para actuar contra extranjeros de países considerados enemigos. Aunque tradicionalmente se ha utilizado en contextos de guerra, Trump ha señalado que podría invocarla para combatir a redes criminales internacionales, lo que abriría la puerta a operaciones contra los cárteles.
- Otra posible base legal es la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), que permite al presidente enviar tropas a situaciones de conflicto sin la aprobación previa del Congreso, siempre que se informe al mismo en un plazo determinado. En este caso, la administración de Trump podría argumentar que las actividades de los cárteles, como el tráfico de fentanilo, constituyen una amenaza inminente para la seguridad nacional.
En el plano internacional, el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho de un país a la autodefensa si es atacado. Si los cárteles llegaran a perpetrar actos violentos contra ciudadanos estadounidenses o instalaciones en territorio mexicano, este precepto podría ser utilizado para justificar una intervención militar como una respuesta en defensa propia.
Por último, algunos legisladores estadounidenses han propuesto resoluciones específicas que autorizan el uso de la fuerza militar contra cárteles como el de Sinaloa y el CJNG, argumentando que la crisis de narcóticos, especialmente el fentanilo, constituye una emergencia de seguridad nacional que justifica medidas extremas.
- A pesar de la existencia de fundamentos legales, cualquier incursión militar en México tendría un costo elevado en términos de relaciones bilaterales. La soberanía de México sería el eje central del debate, ya que una acción unilateral violaría principios internacionales básicos y podría generar tensiones políticas y sociales en ambos países.
Además, la experiencia histórica demuestra que el uso de la fuerza militar en contextos de narcotráfico tiende a incrementar la violencia y la desestabilización en las regiones afectadas. Analistas advierten que cualquier intervención militar podría tener efectos contraproducentes, fortaleciendo a los grupos criminales y deteriorando la cooperación en materia de seguridad entre los dos países.
Un panorama incierto
Mientras Trump y algunos sectores políticos en Estados Unidos presionan por medidas más agresivas, el gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a cualquier violación de su soberanía. Una incursión militar, aunque legalmente justificable bajo ciertos preceptos, estaría sujeta a un intenso escrutinio político, legal y social, y podría marcar un punto de ruptura en la relación bilateral.
Aunque existen herramientas legales que podrían facilitar una intervención, su implementación sería extremadamente compleja y tendría consecuencias de largo alcance para ambos países, planteando dudas sobre su efectividad y los riesgos que conlleva./Agencias-PUNTOporPUNTO
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