La Cámara de Diputados aprobó esta noche en lo general y lo particular la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR), una vez que las bancadas negociaron avalar un paquete de seis modificaciones. La minuta regresa ahora al Senado de la República.
- Pese a su insistencia, no se retomó la principal demanda de los colectivos de víctimas de desaparición, para garantizar que la FGR no se desentienda de la investigación y búsqueda de personas no localizadas, argumentando su autonomía.
- Entre las modificaciones planteadas se encuentra que la fiscalía ejerza la facultad de atracción de casos del fuero común, cuando se trate de un asunto de trascendencia social y que los afectados puedan solicitar ese ejercicio.
También se propuso que el organismo brinde atención a las víctimas u ofendidos de delitos y reciba propuestas de líneas de investigación por parte de estas y sus asesores, para que las tome en consideración en sus pesquisas.
La diputada Martha Tagle (MC) acusó que con estas modificaciones se simuló haber cumplido con las víctimas de desaparición, pero lo cierto, agregó, es que no se atendió la demanda de garantizar que la FGR no desatienda la búsqueda de personas sin poder ser localizadas.
- Durante la discusión de 193 reservas presentadas al articulado del dictamen, que se prolongó más de 12 horas, Enrique Ochoa (PRI), Aleida Alavez (Morena) y Fabiola Loya (MC) señalaron por separado que con las modificaciones se pone en el centro a los ciudadanos; se da muestra de que nada está acabado y todo es perfectible, y se deben retomar los planteamientos hechos para corregir el proyecto. Se logró “el máximo consenso posible”, subrayó Ochoa.
Los morenistas inconformes con el documento, entre ellos Lorena Villavicencio, denunciaron presiones de la fiscalía a fin de que el congreso hiciera un “traje a su medida”, y para lo cual, se recurrió incluso a la sustitución de diputados en la Comisión de Justicia que estaban en contra. La legisladora incluso exigió la renuncia del fiscal Gertz Manero.
“Si no puede con la chamba que renuncie”, soltó Villavicencio, al insistir en que la FGR reduce su participación en los mecanismos de búsqueda de desaparecidos con el tema de la autonomía.
El proyecto se aprobó en lo general por 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones. El tema dividió a Morena, pues 15 diputados sufragaron en sentido negativo, entre otros Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Rubén Cayetano García y Sergio Mayer. Otros cuatro morenistas se abstuvieron.
En lo particular, 334 diputados votaron a favor, 109 en contra y 5 se abstuvieron. En esta votación no sólo Morena se dividió, sino también el PRI. El PRD y PAN sufragaron en sentido negativo al igual que Tagle, de Movimiento Ciudadano.
Peticiones de colectivos
Después de que la Comisión de Justicia reinició su reunión extraordinaria con el fin de escuchar las voces de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas desaparecidas y continuar con el análisis del proyecto de dictamen. Ahí, exigieron a los legisladores fueran tomados en cuenta para decidir sobre la ley, al tiempo que advirtieron grandes retrocesos en sus derechos humanos en caso de aprobarse las modificaciones.
- Así lo expresó Martín Villalobos Valencia, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quien advirtió que de no realizarse los cambios, las familias y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos no acompañarán la iniciativa, y acudirán a otras instancias. “Esta Ley va en contra de lo que hemos ganado como víctimas y genera un retroceso”.
Mientras que Melisa Mariana Moreno Arenas, familiar de una víctima, refirió que hace dos años se dio el voto de confianza a la actual y vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y ahora “pedimos a las y los diputados que antes de desecharla se implemente y ponga en marcha”.
- Marite Valadez Quimijara, también familiar de una víctima, expresó que al reformarse la Ley de la Fiscalía General de la República será autónoma y no tendría la obligación de investigar y menos de buscar, por lo que no “podríamos exigirlo porque ya no estará en nuestras manos. Si aún no tienes un desaparecido, ayúdanos a dar marcha atrás a esta reforma”.
Virginia Garay Cázares, madre de un desaparecido, comentó a los legisladores que se tiene “confianza de que ustedes ven por el bien de nosotros, pero al cambiar la ley atentarán en nuestra contra; si se cambia se le quitarán atribuciones a la fiscalía y nos quitarán ayuda”.
División de legisladores
Y aunque, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) solicitó abrir el debate para discutir el dictamen, fijar las posiciones y hacer propuestas, morenistas como Rubén Cayetano García instaron a entrar a la ruta de la conciliación y votar el dictamen para enviarlo al pleno.
“Si entramos a discusión, nos vamos a seguir atorando; entonces, haremos un ejercicio inútil, estéril y ocioso, es preferible conciliar y enviarlo al pleno”, sostuvo.
- Propuesta secundada por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), quien urgió a la presidenta de la Comisión se pusiera a votación la minuta en sus términos, sin ninguna modificación, porque, de no hacerlo, consideró, atrasaría su trámite legislativo que va en contra del interés de las víctimas. “Se deben cumplir los acuerdos”, señaló.
Sin embargo, otra morenista, la diputada Lorena Villavicencio Ayala, no se mostró de acuerdo con sus pares, pues consideró que era necesario realizar modificaciones al dictamen sin que se afecten las funciones de la FGR, para mejorar la propuesta en favor de los derechos de las víctimas y la posibilidad de acceder a la justicia.
Finalmente, después del segundo receso, la Comisión reanudó la reunión en la que avaló el dictamen sobre la nueva ley de la FGR. Las reservas se desahogarán en el Pleno.
La anterior ley ni fue aplicada: colectivos
Organizaciones y comités de víctimas se pronunciaron contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerarla un retroceso en materia de derechos humanos, cuando no se justificó su creación al ya existir una Ley Orgánica de la FGR, “que a la fecha no ha sido implementada”.
Sin retomar las contrapropuestas de los colectivos de víctimas, la nueva ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y hasta las 22:07 horas continua su discusión en lo particular. Colectivos y asociaciones como Buscando Desaparecidos México, Mariposas y Contra la Impunidemia, pidieron que fueran reconocidos como ayudante en los procesos de investigación y búsqueda de personas, a lo que se negaron a integrar los diputados en las reformas.
«Van a dar migajas a las víctimas»
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justica, perteneciente al Colectivo Contra la Impunidemia, afirmó en entrevista con MILENIO la falta de necesidad sobre una nueva ley, ya que su actual marco normativo se elaboró junto con servidores públicos, diputados y senadores de Morena, recuperando las mejores prácticas de la región.
“Lo principal es que volvemos al antiguo esquema de la PGR burocrática, jerárquica, que no tenía las capacidades ni estaba preparada para investigar crímenes sobre casos de desaparición. Es una fiscalía que aleja a las víctimas, limita sus derechos, la participación ciudadana y no pone en el centro a las víctimas, pero tampoco la autonomía que tiene que tener para investigar sin ningún tipo de injerencias. No prioriza el servicio de carrera”, aseveró.
Delgadillo comentó que había un sistema de mayor participación horizontal de las víctimas, es decir, de los colectivos al tener capacidad de investigación, como en tareas forenses.
Lo que se proponía era que se pudieran armar conjuntamente planes de búsqueda, “en los casos donde no hubiera resultados en las fiscalías locales o se presentaran grandes violaciones a los derechos humanos, pudieran ser atraídos por la FGR”.
- “En el tema migrante, quienes están en otros países, tuvieran la oportunidad de participar en las investigaciones a través del mecanismo apoyo exterior, porque ahí tenemos una gran impunidad. Los familiares ni siquiera pueden llegar al país. Todo eso se dejó fuera, de alguna manera la Fiscalía está dejando de lado a quien tendría que ser su principal aliada, que son las propias víctimas”, argumentó.
En torno a las demandas no incorporadas, Delgadillo explicó que analizaron cada artículo aprobado por el Senado, para decir cuál era su problema. A su vez, plantearon un diagnóstico de 166 páginas que enviaron a San Lázaro para alertar sobre los retrocesos y finalmente, les dieron un resumen con cerca de 16 artículos.
“Vengo de la Cámara de Diputados y lo que estamos analizando, lo que van a dar a las víctimas son migajas. Es muy menor y realmente no es algo significativo para la defensa de sus derechos, creo que hay una mala interpretación. Lo que quitaron son cosas muy valiosas que nacen de muchos años de trabajo, por ejemplo, tracción en los casos donde no haya resultados efectivos por parte de las fiscalías locales. En estos casos, quien lo tiene que pedir es la CNDH o que tiene que haber una declaratoria”, señaló.
Ley Orgánica de la FGR no ha sido aplicada
Dicho colectivo emitió un comunicado el 19 de abril donde acusó que la legislatura y el actual fiscal general Alejandro Gertz Manero, no han presentado evidencia que sostenga la necesidad de elaborar una nueva ley y por ello, esto representa una traición a las víctimas del país y a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la impunidad y brindar justicia.
“La Ley Orgánica de la FGR no ha sido aplicada y ha sido violada en diversas ocasiones, incluida la falta de presentación del segundo informe de resultados del fiscal ante el Senado, el cual debió presentarse a inicios de este año.
“Pedir al fiscal Gertz Manero que explique con detalle cuáles son las faltas de la actual ley, por qué se ha incumplido reiteradamente…Frente a los riesgos para la autonomía de la FGR y la disminución de los derechos de las víctimas, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad histórica de no llevar a cabo acciones regresivas”, refirió en el documento.
Laura Curiel, coordinadora del Colectivo Mariposas Destellando Corazones y Justicia, comentó en entrevista que al establecerse el Ministerio Público de la Federación como órgano público autónomo, se turnará a “solo estar presente”, pero no lo obligará a ninguna facultad.
“El hecho de que el país no ha implementado ni 40 por ciento la Ley Orgánica, es por eso que los familiares hicimos la invitación a los senadores de elegir un familiar con una persona desaparecida, que trataran de ver cómo se implementan en su carpeta la ley y vas a ver que no es problema de la ley, ni de nosotros. Es problema de fiscalías con base en esa autonomía, el hecho de decir ‘yo solo estaré como invitado, para ver que hacen’”, dijo.
La también madre que busca a su hija Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo del 2015 en Tlalnepantla, Estado de México, agregó que su lucha es porque no se genere eso, al contrario, sino para decir “aquí estamos, qué hacemos todos en conjunto”, porque el Sistema Nacional de Búsqueda implica diversos actores.
“La titular Karla Quintana siempre ha sido nuestra aliada. La pandemia hizo unirnos y estamos juntos en esto. Cuando mi hija desapareció eran como 20 mil, ahora somos como 80 mil. Claro que nos iremos a organismos internacionales a decirles México nos está haciendo esto”, sentenció la coordinadora de la colectiva que tiene implementación en la Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit y Edomex Según la Comisión Nacional de Búsqueda, este cambio implicará también desconocer el Protocolo Homologado de Búsqueda, una herramienta desarrollada conjuntamente por instituciones y colectivos de afectados.
Por su parte, Grace Fernández del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, subrayó que al no estar obligados, la Fiscalía podría pasarse diez años investigando la desaparición de una persona, sin tomar en cuenta la aportación de la familia. “Se echaron toda la parte del servicio de carrera, vamos a seguir con ministerios públicos que apenas si conocen la Constitución y mucho menos las leyes especiales”, dijo.
Contenido de la norma
La finalidad del dictamen es crear un ordenamiento jurídico para establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR.
- Respecto a la persona titular de la fiscalía general cita que su estructura estará sujeta a la autoridad jerárquica del fiscal general, quien ejercerá ésta sobre el personal de las fiscalías, unidades y áreas que la integran y garantizará la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público.
En el artículo Quinto Transitorio señala que, a partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará desincorporado de la administración pública federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales, que pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
20210422-II
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