A más de cuatro años del inicio de operación del sistema de justicia penal acusatorio, persiste la desconfianza ciudadana en jueces, policías, ministerios públicos y otros operadores del sistema, porque prácticamente no hay investigación de los delitos, imposición de castigos penales ni sentencias condenatorias o reparación del daño, concluyó un estudio de la organización México Evalúa.
- El informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal”, elaborado por la ONG, resaltó que el año pasado se cometieron en México —según las cifras oficiales— 2 millones 38,951 delitos del fuero común, como robo, lesiones y violencia familiar. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra real superaría los 33 millones de delitos.
“Si se observa este indicador en los últimos nueve años, encontramos que la cifra negra se ha mantenido por encima del 91% en México”, resaltó el informe.
En esta edición, el Índice de Impunidad Estatal mostró una media nacional de 92.4 por ciento.
- Las entidades con los niveles más altos de impunidad fueron Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%). En contraste, los niveles más bajos se registraron en Baja California (67.1%), Guanajuato (74%), Yucatán (83.8%) y Querétaro (85.2%).
- Al igual que en el año anterior, 63.2% de las víctimas de delitos en todo el país declararon no haber denunciado por causas atribuibles a la autoridad, es decir, “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” o “por actitud hostil de la autoridad”.
El Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que integra al informe, mencionó que con este modelo se mejoró el control de las detenciones llevadas a cabo por las policías y los miembros de las fuerzas de seguridad y se protegen mejor los derechos de las víctimas e imputados durante las audiencias.
Sin embargo, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos. Querétaro fue la entidad con mayor avance, seguida de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Las entidades peor evaluadas en este rubro fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
- A decir de México Evalúa, esta situación provoca una baja confianza ciudadana sobre los operadores del sistema de justicia: policías ministeriales o investigadores; fiscales o agentes del Ministerio Público; peritos; asesores jurídicos; jueces y defensores.
- El Índice de Confianza hacia las autoridades del sistema de justicia penal, también contenido en el informe, se ubicó en -8.6 por ciento.
“La desconfianza en las autoridades representa un alto porcentaje dentro de las causas de la no denuncia (sólo superado por el de ‘pérdida de tiempo’, que indirectamente se puede asociar con el desempeño de la autoridad)”, destacó.
El informe reflejó que de un millón 937,564 carpetas de investigación iniciadas en el 2019 en las fiscalías y procuradurías estatales, 65.8% fueron enviadas al “archivo temporal”, es decir, se “guardan” en el escritorio del Ministerio Público, por lo que queda detenida cualquier actividad investigadora; en 14.8% se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 7.2% se abstuvo de investigar; en 5.8% se declaró la incompetencia; en 3.8% se declaró criterio de oportunidad; en 0.7% se acumuló; y en 2% se dio otra resolución.
El informe resaltó el hecho de que 27.9% de las detenciones en el nivel nacional fueron calificadas como ilegales por los jueces de control; es decir, se determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales. Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales son Oaxaca (69.2%), Estado de México (68.3%) y Baja California Sur (37.6%).
Durante 2019, del total de los asuntos en trámite o activos en el país, se emitieron sentencias en 13.2% de los casos. De éstas, 88.4% fueron condenatorias, 11.2% absolutorias y 0.4% mixtas. Los estados con mayor porcentaje de sentencias emitidas fueron Colima (30.5%), Estado de México (23.1%) y Durango (18.3%). Por su parte, los estados que emitieron menos sentencias fueron Tlaxcala (0.9%), Tabasco (1%) y Oaxaca (1.2%).
Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, expresó: “No hay duda de que el sistema de justicia requiere de una mejora en la operación”.
La ONG recomendó que en las iniciativas de reformas penales que se planteen se debe fomentar la coordinación interinstitucional; se deben basar en evidencia empírica; mantener en el centro del proceso a víctimas e imputados y no desproteger sus derechos; así como apuntalar la transparencia y evitar retrocesos.
Alcanza 99% impunidad en desapariciones forzadas
A pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene registro de al menos 82 mil 881 ‘carpetas de investigación sobre personas desaparecidas, desde que se persigue ese delito, únicamente se han dictado 35 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional.
- Ante ese escenario, el nivel de impunidad en cuanto a desaparición forzada y la cometida por particulares alcanza 99%.
- En lo que va de 2021, 9% personas han sido víctimas de ese ilícito. Hasta ahora, se desconoce el paradero de todas ellas.
- Los estados que tienen la mayoría de casos son Jalisco, con 11 mil 503; Tamaulipas, con 11 mil 344, y el Estado de México, con 8 mil 777. El año en que se han reportado más desapariciones es 2019, con 8 mil 970.
Organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos afirman que, pese a que la ley está de su lado, son ellos quienes buscan a sus seres queridos porque las investigaciones suelen no presentar avances y no hay detenidos ni reparación del daño.
- En México, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), existen al menos 82 mil 881 carpetas de investigación sobre personas reportadas como desaparecidas y que son víctimas de diversos delitos.
Sin embargo, apenas hay un registro de 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; es decir, el nivel de impunidad en este tipo de delitos alcanza 99%.
- En lo que va de 2021, han desaparecido 9% personas. Los estados con mayor número de personas no localizadas son Jalisco, con 11 mil 503.
- Tamaulipas, con 11 mil 344, y le sigue Estado de México, con 8 mil 777; el 2019 fue el año en el que se reportaron más desapariciones, con 8 mil 970.
- La desaparición es un tipo penal, al igual que otros delitos. Se contempla en la Ley General de Desaparición Forzada.
Anterior a la aparición de esta norma, sólo las autoridades trabajaban en la búsqueda de personas, pero no constituía delito alguno. Gracias a la presión y trabajo de organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos, ahora se permite sancionar y castigar la conducta desplegada por una persona.
Aun con la ley de su lado, las . familias señalan no tener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, pues las investigaciones presentan poco o nulo avance y no hay detenidos ni reparación del daño.
“Las familias investigamos y buscamos. Les entregamos toda la información sobre nuestros casos y ellos no nos dan respuesta. Tenemos que estar detrás de ellos para que hagan su trabajo”, señalan los miembros del Colectivo Una Nación Buscando T.
En diciembre, la CNB mostró su rechazó a la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, presentada en el Senado de la República y que pretende sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda.
- “(Esa norma) es un retroceder en la impartición de justicia y transparencia en un país con 98% de impunidad de los delitos que se denuncian, ni siquiera de los que suceden.
- «No sólo es en tema de búsqueda. En materia de acceso a la justicia hay sólo 35 sentencias a nivel nacional y no todas son de la Fiscalía General.
“Son sentencias entre autoridades federales y locales. Muchos casos de desapariciones tienen que ver con delincuencia organizada, lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, pero que se quedan en jurisdicción local, estatal”, comenta Karla Quintana, comisionada de búsqueda nacional.
La postura de la Comisión Nacional de Búsqueda es que la fiscalía no puede aislarse del resto de las instituciones, pues necesita seguir trabajando en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda.
- “Tenemos una grave crisis en materia de desaparición y la única manera de empezar a dar respuesta a las víctimas es trabajando de manera conjunta y no dividiendo.
- “La ley es muy clara en el hecho de que se tiene que compartir información con todas las autoridades que tengan elementos que puedan incidir en la búsqueda.
La razón de la fiscalía de no querer compartir información es porque, en muchos casos de los que tenemos conocimiento, hay muy poco o nulo avance en las carpetas de investigación”, expresa Karla Quintana.
“Las fiscalías y las procuradurías no han sabido o no han podido dar respuesta a la búsqueda de personas. Tenemos que ver cómo operamos un sistema de manera coordinada, en igualdad de circunstancias con los recursos. Falta empezar a tener una discusión abierta sobre un sistema de justicia más integral“, asegura Quintana/Agencias-PUNTOporPUNTO
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