La sentencia de amparo otorgada por la justicia federal a una de las sobrevivientes de la masacre ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, pone en evidencia los riesgos de mantener la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas sigan realizando labores de seguridad pública. Así lo consideraron Clara Gómez, quien logró sobrevivir, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de la víctima. Como publicó ayer La Jornada, el fallo del juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, Érik Zabalgoitia Novales, que ordena a la PGR rencausar el expediente, realizar una investigación adecuada ante la ineficacia y las omisiones cometidas en las indagatorias y, sobre todo, que se profundice en la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, que guió a los soldados participantes en el operativo de Tlatlaya, donde habrían sido ejecutadas de manera arbitraria al menos entre 12 y 15 personas./LA JORNADA
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