En diciembre de 2019, ya con el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), en la nómina de la Secretaría de Bienestar apareció registrado un grupo de trabajadores a los cuales se les pagó, sin embargo, no hay registro de que laboren en la dependencia.
Una investigación interna a la Dirección General de Recursos Humanos detectó irregularidades en el pago de honorarios, personal eventual y de estructura. Se contactó a la oficina de prensa de la dependencia federal, pero no hubo respuesta.
- “En el reporte de movimientos de honorarios del ejercicio 2019, no se identificaron 33 personas reportadas en las nóminas, con percepciones por un total de 478 mil 538 pesos”, señala la indagatoria.
Pero no fue la única falla en la nómina, también se detectaron pagos duplicados y otros que no corresponden a los días reportados como trabajados.
- La unidad de investigación encontró a 13 personas con pagos de un mismo periodo pero con diferentes claves de puesto, de los que no se identificó en el reporte de movimientos por honorarios el nombre y la fecha de cambio de nivel.
- También se ubicaron, según el reporte, cinco personas con pagos duplicados, 366 personas sin registro de Clabe Interbancaria; en seis casos, la clave de puesto no se identifica en el tabulador autorizado y las percepciones no corresponden a los días reportados como trabajados.
Entre otras anomalías, se detectó que 14 personas con pago en las nóminas no fueron identificadas en el reporte de movimientos de honorarios; en siete casos, los días reportados como trabajados no corresponden al periodo de pago registrado”, expone la investigación de la Secretaría de Bienestar.
La indagatoria se realizó para determinar que las estructuras se encuentren autorizadas por las instancias correspondientes y que las remuneraciones del personal estén sujetas a los tabuladores autorizados en apego “a las medidas de austeridad republicana”, pero detectaron las inconsistencias en la nómina.
Defensores «fantasma», beneficiarios de protección de la Segob
La Secretaría de Gobernación (Segob) destinó más de 76 millones 80 mil pesos para la protección de «periodistas» y «defensores» de derechos humanos «fantasma» inscritos en el
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (PPDDHP).
- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los recursos fueron asignados a personas de las que no hay registros o se desconoce qué tipo de riesgo tenían al solicitar la protección en 2019.
- En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la impunidad contra los periodistas ha originado el asesinato de 15 comunicadores. El crimen más reciente es el de Arturo Alba Medina, ejecutado en Chihuahua el pasado 29 de octubre.
La auditoría 5/2020 efectuada a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos que dirigía Aarón Mastache Mondragón, actual subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detectó irregularidades en la asignación de los recursos a 346 «beneficiarios».
- Los documentos consultados por La Silla Rota, mencionan que la primera de ellas es la entrega de 33 millones 552 mil 997 pesos a 185 beneficiarios de los cuales no hay registro, a pesar de que la dependencia asegura que la información fue documentada a través de llamadas telefónicas, de forma verbal, escrita o medios electrónicos.
- De acuerdo con el documento de hallazgos que fue entregado a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 30 de septiembre, otra de las inconsistencias identificadas es la asignación de 22 millones 482 mil 224 pesos a 59 «beneficiarios» que recibieron el apoyo por medidas «urgentes», sin que se aplicaran los protocolos que establece la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (UECRR).
La tercera es la entrega de seis millones 98 mil 726 pesos a 68 «periodistas» o «defensores de derechos humanos» en peligro, sin que especificará «el tipo de Medida y sin que ésta cuente con la atribución para hacerlo».
La auditoría menciona que, en otros nueve casos, no se llevó a cabo el seguimiento de las
medidas cautelares, a 48 más, no se les determinó que medidas se les debían de aplicar,
a 43 no se les dio cumplimiento a las medidas; mientras que, en un caso, se detectó «el pago improcedente de un beneficiario por $18,560.00, derivado del incumplimiento a la terminación de la medida en el tiempo decretado por la Junta de Gobierno».
No hay registro de beneficiarios
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, es que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos no incluye todos los registros que establece la Base de Datos que refiere el artículo 23 para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, no efectúa un reporte mensual de los mismos datos.
- Las irregularidades en el otorgamiento de los recursos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se presenta a unos días de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que, de 2000 a la fecha, se han registrado 165 asesinatos de comunicadores en el país.
- Los datos de la institución indican que, de 2005 a noviembre de 2020, se documentó la
desaparición de 21 casos de reporteros desaparecidos; así como 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
En octubre pasado, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en su Índice Global de Impunidad 2020, informó que México se sitúa en el sexto lugar del mundo, donde prevalece mayor impunidad para esclarecer los asesinatos de periodistas./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
