Cuando hablamos de impuestos “verdes” o “ecológicos”, la primera imagen que viene a la mente es la de gobiernos comprometidos con el medio ambiente, dispuestos a usar herramientas fiscales para combatir la contaminación y proteger nuestros recursos naturales. Sin embargo, la realidad detrás de estos gravámenes en México revela un panorama muy distinto: una fachada verde que oculta objetivos meramente recaudatorios.
- En 2025, doce estados mexicanos cobran impuestos ambientales, pero la gran pregunta es: ¿dónde termina realmente ese dinero? La respuesta resulta tan turbia como las aguas que supuestamente deberían estar protegiendo.
- La teoría económica nos dice que los impuestos ambientales tienen un doble propósito: por un lado, desincentivar actividades contaminantes al hacerlas más costosas; por otro, generar recursos para remediar el daño ambiental ya causado. Es el famoso principio de “quien contamina, paga”. Pero en México, parece que quien contamina paga… para que el dinero se diluya en la opacidad presupuestaria.
En la actualidad la realidad es que los estados que lo cobran no transparentan el destino específico de estos recursos. Es como si el dinero, tras pintarse de verde al recaudarse, perdiera su color al ingresar a las arcas estatales.
Solo Guanajuato, en un acto de transparencia que debería ser la norma y no la excepción, etiqueta estos ingresos para “remediación ambiental”. El resto permite que estos fondos se mezclen en la gran licuadora del presupuesto general, donde pierden su identidad y propósito original. Esto sugiere que no estamos ante una política ambiental coherente, sino frente a decisiones fiscales oportunistas que usan la bandera ecológica como justificación.
He aquí la verdad incómoda: los impuestos ecológicos en México parecen responder más a la necesidad de los estados de diversificar sus fuentes de ingresos que a una genuina preocupación por el medio ambiente. Son, en esencia, un instrumento de autonomía fiscal disfrazado de política ambiental.
- En un país donde 26 entidades han legislado sobre impuestos verdes pero solo 13 realmente los aplican, y donde gravámenes con potencial ecológico como la tenencia vehicular no son vistos ni tratados como ambientales, resulta evidente que la voluntad política está más enfocada en la recaudación que en la protección del entorno.
- La solución no está en eliminar los impuestos ambientales, sino en garantizar que cumplan su verdadero propósito. Etiquetar estos recursos para programas específicos de remediación y prevención ambiental, como hace Guanajuato, debería ser obligatorio a nivel nacional. La transparencia en su aplicación tendría que ser no sólo una práctica recomendable, sino un requisito legal.
Mientras los miles de millones recaudados bajo el pretexto de la protección ambiental sigan diluyéndose en presupuestos generales, seguiremos teniendo una política fiscal que se pinta de verde sin serlo realmente. Y en tiempos donde el cambio climático y la degradación ambiental representan amenazas existenciales, este juego de apariencias resulta no solo hipócrita, sino peligroso.
- Los ciudadanos merecemos saber si al pagar estos impuestos estamos realmente contribuyendo a un futuro más limpio o simplemente financiando la misma maquinaria gubernamental con una etiqueta ecológica. Porque un impuesto ambiental que no regresa al medio ambiente es como un árbol pintado en una pared: puede verse verde, pero no produce oxígeno.
- La verdadera ecología fiscal requiere más que nombres verdes y buenas intenciones. Necesita transparencia, compromiso y resultados medibles. Hasta que eso ocurra, seguiremos pagando por una sustentabilidad que existe solo en el papel, mientras la contaminación real sigue su curso implacable en nuestro aire, nuestras aguas y nuestros suelos.
Delírium Trémens.- Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum marcan un punto de inflexión que no podemos desaprovechar. Su llamado a revisar “a dónde se dirige” el dinero de los impuestos verdes nos da la herramienta perfecta para exigir transparencia. Cambio de Ruta ahora vigilará mes tras mes que cada peso recaudado por SEFIN se traduzca en acciones ambientales concretas a través de SEGAM. No permitamos que San Luis Potosí repita el error de otras entidades donde estos recursos se pierden en la opacidad presupuestaria. La presidenta lo ha dicho claramente: “el recurso recaudado debe remediar un daño o evitar más contaminación”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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