El gobierno de la IV Transformación se quedó con un legado de la administración pasada en materia de contratos carreteros, e incluso lo ahondó hasta entregarlos sin licitaciones y sin difundir las justificaciones que, por ley, debería generar la SCT al elegir directamente a las empresas que pueden beneficiarse de contratos gubernamentales.
La Administración anterior ordenó que la Secretaría de la Función Pública colaborara con el sector privado y se optó, desde junio 2015, por que la CMIC fungiera como un actor social que estableciera lineamientos de buenas prácticas empresariales. Ése es el origen del protocolo que la CMIC establece para definir a las empresas que, sin corrupción, pueden concursar por contratos de gobierno.
En reciente entrevista con Crónica, Francisco Gallo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, otra organización empresarial, aseguró que este papel de la CMIC no se justifica ni por representatividad ni por capacidades, ya que muchos empresarios de buenas prácticas y con capital relevante no participan en la CMIC./LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO
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