Un mes después de los sismos de septiembre en México, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó Paredón, en Chiapas. Se tomó selfies con los niños, les ofreció becas y se comprometió a reparar los daños. “Ninguna escuela afectada por los sismos quedará sin reconstruir”, dijo ante los maestros.
- No fue cierto, no para todos y ni siquiera hay claridad sobre cuántas escuelas sufrieron daños y qué tan serios fueron. Además, hasta el 31 de mayo pasado apenas se habían hecho contratos por una décima parte del presupuesto asignado para las escuelas, el más grande del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); y el 93% de los contratos se han seguido otorgando por adjudicación directa, incluso después de que la Secretaría de Gobernación determinara el fin de la emergencia.
- Primero, antes de que se cumplieran tres meses de los sismos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya había reducido en el papel el número de escuelas clasificadas con daños graves, sin que hubieran recibido atención ni una evaluación adecuada.
- De las tres escalas de daño que se consideraron en septiembre –verde para las escuelas sin daños o con daños leves, ámbar para las de daño parcial, y rojo para las que tuvieron daño grave–, en octubre la cifra de las escuelas consideradas con “daño grave” se redujeron a menos de la mitad en los estados donde hubo afectaciones y a solo nueve planteles en la Ciudad de México.
- Y de estas últimas nueve, para mayo y junio solo una había sido demolida por completo para ser reconstruida. Las otras apenas habían sido reconstruidas parcialmente o, incluso, tenían reparaciones menores.
- Peor aun, un documento elaborado entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre de 2017 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que coordinó la revisión de las escuelas en la capital, había definido inicialmente que eran 233 las escuelas con daños graves, un número 25 veces mayor al que después anunciaría la SEP.
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), desconcentrado de la SEP, informó que este cambio se debía a que en las siguientes revisiones se demostró que no era necesario reconstruirlas totalmente tras una revisión con expertos, aun cuando no emitieron un nuevo dictamen público.
Pero lo cierto es que esas primeras revisiones –entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre– ni siquiera fueron hechas por un corresponsable en seguridad estructural, el experto en estructuras, según lo exige el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, que especifica que:
- “Se debe registrar ante la Administración una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un sismo cuando la misma lo determine, en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad”.
El ingeniero Renato Berrón, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones lo confirmó: “La SEP no cumplió con ese requisito del reglamento”. Sin ello, no hay garantía que las escuelas hayan sido evaluadas como lo requieren.
Hoy, nueve meses después del sismo en el país hay 2 mil 916 planteles que todavía no reciben atención, el 14.5% del total de las escuelas con daños, según el Instituto de Mexicano de la Competitividad (Imco) y datos públicos de Fonden, el programa Escuelas al CIEN, fundaciones y algunos de los estados.
Los cambios en el número de escuelas afectadas no terminó en 2017. En marzo pasado, tres meses antes de las elecciones presidenciales, el Inifed aumentó sin explicación la lista de escuelas con daños menores y parciales de 18 mil a 20 mil planteles en todo el país, y con ellos, las asignaciones económicas para su reconstrucción, como confirmaron en entrevista./ CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO