Después de tres días de pruebas en el campo militar, Luis Alberto Ochoa, agente de la gendarmería de la Policía Federal mexicana, ya estaba harto. “¡Llegaron a pedirnos que cortáramos el pasto!”, exclama molesto. “Yo fui ocho años militar, sargento. Cinco años en la Fuerza Aérea y tres en el Estado Mayor Presidencial. Y me salí. Si hubiera querido seguir como militar, me hubiera quedado en el Ejército, pero me salí”. Y ahora, tantos años después, convertido en gendarme, se veía de nuevo en el campo militar, atendiendo órdenes de militares. No le gustó.
Ochoa, de 45 años, llegó a Ciudad de México hace dos días, después de un viaje en autobús desde Celaya, Guanajuato. Celaya ha sido su primer destino como guardia nacional, institución creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que se incorporó después de pasar las pruebas en el campo militar. El miércoles, visto el conflicto entre compañeros suyos de la Policía Federal con el Gobierno, él y varios agentes pidieron permiso para ausentarse, se subieron al autobús y llegaron a la capital. Este jueves, Ochoa guardaba un papel en su cartera. Antes de contestar ninguna pregunta, sacó la cartera del bolsillo, el papel de la cartera y lo leyó: “En la Guardia Nacional, el personal militar debe adaptarse al personal civil. Así lo dice el artículo 21 de la Constitución. Son los miliares y los marinos los que tienen que entender que la Guardia Nacional es civil y no al revés”.
Conformada por policías federales, militares y navales, la Guardia Nacional echó a andar hace unos días en varias regiones del país. Es la esperanza del Gobierno de López Obrador en materia de seguridad: un nuevo cuerpo que controle la situación de inseguridad creciente que vive el país. Pensada como una corporación civil, su sangre militar -la mayoría de sus integrantes serán militares y marinos reconvertidos; el comandante es un general del Ejército, igual que buena parte de los mandos medios- incomoda a la policía, que ve cómo se acerca su desaparición en detrimento del nuevo cuerpo, sin garantías de un futuro ajeno a la lógica castrense.
Desde hace semanas, agentes de diferentes unidades de la Policía, como Gendarmería o Fuerzas Federales, asisten a rapidísimos cursos de adaptación, pruebas físicas y médicas en cuarteles militares. Ochoa dice que le hicieron marchar, hacer fajina -limpieza de cuartel, cortar el pasto-, correr, hacer sentadillas, flexiones… “Yo pasé las pruebas, el tema es que ellos, las formas… ‘póngase firme, haga esto, haga aquello’. Y oiga, nosotros los policías tenemos estudios. Yo estudié un año para entrar en gendarmería y los soldados ni la secundaria tienen”.
La protesta que mantienen desde el miércoles cientos de agentes federales contra el Gobierno mexicano nace de dos afrentas. La primera, el menosprecio del Ejecutivo a la federal, comparado a la deferencia con que trata a las Fuerzas Armadas. No es una cuestión de perspectiva. Desde antes de tomar posesión, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado con dureza la corporación policial, que presenta cada vez que puede como un páramo de corrupción inservible. Apenas el miércoles, el mandatario insistió en que los gobiernos anteriores habían echado a perder a la policía y poco se podría hacer por ella salvo cerrarla de la mejor manera.
La segunda, la absoluta falta de comunicación entre las partes, asunto que achacan a la actitud del Gobierno y en particular al secretario [ministro] del ramo, Alfonso Durazo. Ochoa contaba este jueves que aún no sabe cuánto cobrará como guardia nacional. Nadie le ha dicho nada. Ni siquiera le han comunicado oficialmente su pase a la Guardia. “Ni un oficio me han dado”. Ocho no sabe a dónde pertenece y hasta tenerlo claro, seguirá con la protesta.
La entrada del Centro de Mando de la Policía Federal en Ciudad de México ha sido estos días un hervidero de rumores. Hubo reuniones durante todo el día entre representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los policías disconformes. Al final, cuando parecía que se había alcanzado un acuerdo, los policías desconocieron a sus negociadores, a quienes acusaron de haberse vendido. Mientras, policías y familiares bloqueaban varias vías de la ciudad como medida de presión.
A eso de las 4 de la tarde, un agente de la coordinación de restablecimiento del orden público, con nueve años de experiencia y 14 cursos de capacitación a su espalda, explicaba por qué se había negado a hacer las pruebas físicas y médicas para pasar a la Guardia Nacional. “Nosotros estamos en disposición de entrar, pero que se nos respeten nuestras condiciones. No sabemos con qué salario pasaríamos, tampoco sabemos si nos respetarán la antigüedad, que es importante para nuestro retiro. Y luego, los que no pasen tienen que tener indemnización”. El agente no quiso decir su nombre.
El asunto de las condiciones es el más mencionado estos días por los agentes disconformes. Durazo ha reconocido fallos en la comunicación con la policía, pero ha insistido en que se respetarán los derechos adquiridos. A lo que se ha negado es a mantener el llamado bono de operatividad, que recibían los efectivos desplazados a otras regiones y podías suponer hasta 9.000 pesos -450 dólares- mensuales. Un policía tercero de la división de Fuerza Federales comentaba que con el bono, su salario asciende mensualmente a 23.000 pesos. “Yo estoy casado y tengo dos hijos y soy el único sustento”, explicaba el agente, que tampoco quiso decir su nombre. “Si nos pasan con menos salario no sé si me interesa”./EL PAÍS
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