Los 68 pueblos indígenas de México y el afromexicano propusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer una cirugía mayor al artículo segundo de la Constitución, para reforzar la regulación jurídica de estas comunidades.
- Todos estos pueblos originarios coincidieron -en 54 foros regionales- en que este artículo es limitativo y excluyente, y no está acorde a tratados internacionales donde se reconocen derechos plenos a este amplio sector de la población.
- Al no haber una protección jurídica amplía, regularmente son criminalizados sus usos y costumbres; se desconoce a las asambleas comunitarias y se niega la validez de sus decisiones; tampoco se les permite administrar recursos públicos, pues no se les ve con fuerza y personalidad jurídica.
- Ante esto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) redacta una propuesta para reformar la Carta Magna, la cual incluirá leyes secundarias y actualizará el acuerdo indígena de San Andrés Larrainzar, propiciado por el EZLN en 1996.
- En entrevista con El Heraldo de México, el titular del INPI, Adelfo Regino, explicó las razones de este proyecto y cómo se piensa reforzar la legislación con leyes generales que le den su lugar a los pueblos originarios del norte y del sur del país.
¿Qué sigue después de haber entregado las conclusiones al presidente López Obrador?
Vamos a sistematizar toda la información que se ha generado en los 54 foros de consulta y en el foro nacional que se realizó en la Ciudad de México y que ya fueron entregadas en Durango al Presidente.
En un segundo momento vamos a elaborar la iniciativa de reforma constitucional que corresponda, de modo que podamos cumplir con esta misión de plasmar en este texto de iniciativa los derechos fundamentales de nuestras comunidades.
¿Se cambiará toda la legislación existente en materia de pueblos indígenas?
Se trata de reconocer de manera integral todos los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de nuestro país. En segundo término, queremos generar las leyes secundarias correspondientes, entre ellas una ley general de derechos de los pueblos indígenas. Creemos que esto es fundamental, porque hasta ahorita no tenemos una ley general en la materia.
¿Por qué sucedió así?
Lo que se hizo en el pasado fue delegar el tema de la creación normativa a las entidades federativas y esto ha generado una gran dispersión porque hay entidades como Oaxaca, por ejemplo, donde la legislación indígena es de avanzada, pero hay estados donde la legislación indígena no se ha desarrollado.
¿Cuándo estará lista esta nueva legislación?
Los medios de comunicación han sido testigos de estos foros de consulta que se realizaron y en los que participaron más de 27 mil representantes de nuestras comunidades. Foros que nos ha llevado todo este primer semestre de 2019, particularmente los últimos tres meses y esperamos que en septiembre podamos presentar la iniciativa de reforma constitucional.
¿Cómo se puede calificar la actual legislación en materia de pueblos indígenas?
Es una legislación limitada, insuficiente, que no ha podido resolver la problemática que viven nuestros pueblos indígenas en el país.
¿Los acuerdos de San Andrés Larrainzair sirvieron de algo?
Fue un paso muy importante. También el propósito de este proceso de consulta es retomar esos importantes acuerdos que se suscribieron entre el EZLN y el gobierno federal, el 16 de febrero de 1996.
¿Cómo está la relación entre EZLN y gobierno, especialmente en el tema del Tren Maya?
De nuestra parte hay respeto y reconocimiento a esta importante expresión organizativa de los pueblos indígenas, particularmente del estado de Chiapas. Yo reitero que el INPI reconoce y respeta al movimiento zapatista y desde luego que también hay que decir que las problemáticas de los pueblos indígenas son comunes en todo el país y nosotros tenemos que poner nuestra mirada y trabajar todos los días para resolver esta compleja realidad. /EL HERALDO DE MEXICO-PUNTOporPUNTO
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