Durante el primer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo hicieron al menos nueve compromisos para atender el problema de las desapariciones y la identificación de cuerpos; sin embargo, organizaciones sociales, familiares de víctimas e integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda advierten que esas promesas, por ahora, sólo se han quedado en el papel.
En el marco del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy, las fuentes consultadas consideran que la falta de coordinación institucional y la política de austeridad son algunos factores que impidieron sacar adelante los compromisos del gobierno en materia de desaparición.
Con más de 40 mil personas desaparecidas y 37 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, el gobierno federal se impuso como meta constituir 32 comisiones locales de búsqueda y por ahora hay sólo 29.
- También propuso construir cinco institutos regionales de identificación forense, pero únicamente se ha avanzado en uno, ubicado en Coahuila. De igual forma, se anunció la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, el cual todavía no cuenta con personal ni estrategia.
- Las autoridades también dijeron que aceptarían la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que visitara el país, sin embargo, esto tampoco se ha podido lograr, a causa de presuntas obstrucciones del Ejército.
- Se habló sobre la creación de 15 panteones forenses, aunque hasta ahora nadie tiene conocimiento de los avances. Lo mismo ocurrió con una base de datos genéticos a nivel nacional y una ley de identificación humana que se habían propuesto.
- Otra medida consistía en reforzar con personal a los Semefos del país, pero las fuentes consultadas aseguran que la política de austeridad impidió lograr esta meta. Y aunque el gobierno tomó como un caso emblemático la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay una nueva versión de los hechos y decenas de presuntos culpables han quedado en libertad.
- Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue quien dio a conocer estos compromisos en dos momentos diferentes: el primero, el pasado 24 de marzo en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y, después, el 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Grace Fernández Morán, coordinadora del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, dijo: “Van muy lento. El tema está en el discurso de Andrés Manuel, pero sin ninguna acción concreta y las familias tienen la percepción de que no ha habido un cambio real. Si bien se ha trabajado en medidas como el mecanismo extraordinario, no se ve un avance acorde a su urgencia; contrariamente a eso, hay un atraso institucional y financiero”.
Para la coordinadora del consejo, los desafíos para el año 2020 implican una mayor coordinación entre las dependencias para atender las desapariciones con un enfoque integral, así como que el gobierno concentre sus esfuerzos en todos los casos y no sólo en los más emblemáticos.
Rehúyen al escrutinio internacional
Una de las principales demandas de los familiares de víctimas es que México se abra al escrutinio internacional.
El mecanismo extraordinario es una de las vías para lograr esto porque ahí participa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); además, el gobierno también propuso reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU e invitarlo al país.
De acuerdo con el subsecretario Alejandro Encinas, esta medida se iba a impulsar desde agosto pasado, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha realizado todavía los trámites necesarios.
Asociaciones civiles señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntamente obstruir el cumplimiento de este mandato, con el cual incluso ya estuvo de acuerdo el propio Presidente de la República.
“Tenemos la impresión de que hay una posición del Estado de evitar reconocer al comité porque más familiares podrían acudir a las Naciones Unidas”, menciona Luis Tapia Olivares, coordinador del área jurídica del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)./EL UNIVERSAL
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