Patricia Bugarin, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), consideró que ha llegado el momento de analizar ideas como prohibir el pago de rescates y la negociación con los plagiarios, y asegurar las cuentas bancarias de los familiares de las víctimas para garantizarlo.
En entrevista, la funcionaria indicó que si bien es un tema complicado, porque puede implicar el costo de vidas, debiera debatirse a la luz de casos como el de Francia e Italia, donde esas medidas se implementaron y el delito de secuestro ha ido desapareciendo.
- «Definitivamente creo que es algo que tenemos que analizar, por supuesto, hacer pago en un secuestro es ayudar a que se esté financiando una organización o un grupo delictivo, por supuesto. Sin embargo, no es un tema creo fácil para decirle a una familia que tiene a un miembro secuestrado, privado de la libertad, que está en riesgo o está sufriendo ataques graves a su integridad física, decirle que no debe pagar», apuntó.
- «Me parece que a lo mejor estamos llegando a ese punto en donde, al saber que tenemos autoridades eficientes y que están capacitadas y que tienen una respuesta rápida, tenemos que arriesgarnos a pensar que la autoridad está capacitada para hacer operaciones tácticas, dispositivos de recuperación de víctimas sin llegar a negociación».
Cuestionada sobre la resolución de un tribunal colegiado que declaró inconstitucional el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al considerar como desproporcionadas las penas con agravantes que van de 50 a 100 años de prisión, la funcionaria consideró que la penas son proporcionales, dado que en un secuestro la víctima sufre otros delitos que también deben ser sancionados.
- «Una víctima del secuestro puede ser objeto de diversos delitos al mismo tiempo, como puede ser afectación a la integridad para poder demostrar que la tienen privada de la libertad, en ocasiones la comisión de delitos sexuales, creo que la más grave es la propia integridad emocional de la persona», señaló.
- «La graduación de la pena queda al final del Poder Judicial y ellos tendrán que atender o sancionar, dentro de toda esa penalidad que puede ir de un mínimo a un máximo, con base en las características del caso. Desde un punto de vista personal, me parece que penas de esa gravedad son acordes a un delito de esa gravedad».
Indicó que los trabajos institucionales contra el secuestro están consolidados.
- «El 2013, que fue el año más alto emblemáticamente en número de casos denunciados, tiene ya un cambio total a los números que estamos presentando», expuso./ CON INFORMACIÓN DE REFORMA- MILENIO
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