El ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, señaló que hay un “acuerdo” entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que éste nombre al fiscal General, y entonces se pueda investigar la desaparición de los 43 normalistas.
- En su intervención, a nombre de la fracción del PRI sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, sostuvo que con el apoyo de las bancadas, Morena elegirá al fiscal General con la proposición del Presidente.
- “El Presidente de la República, en acuerdo con el señor presidente electo, ha establecido que [López Obrador] nombre al fiscal General de la nación. Con la mayoría de ustedes, pero sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas”, señaló en la sesión.
El ex subsecretario de Gobierno sostuvo que una vez que López Obrador envíe la propuesta de fiscal y que sea elegido por el Congreso, “entonces tendrán la libertad de investigar, reinvestigar todos y cada uno de los 150 tomos y actuaciones”.
Agregó que una vez que se elija al nuevo fiscal, será éste y los jueces quienes den su veredicto final. Mientras tanto, afirmó que no permitirá que digan que el Presidente y las Fuerzas Armadas son “cobardes”, cuando los últimos han ayudado al país y muchos de los presentes “no llevaron una torta siquiera a la búsqueda del rescate [en Iguala]”.
- En el Senado, Morena presentó una iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual incluye un candado para impedir la migración de personal de la PGR a la nueva fiscalía. La iniciativa no contempla modificar el artículo 102 de la Constitución para nombrar al fiscal.
- La iniciativa, suscrita por los senadores Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca Salazar, establece que el próximo fiscal será nombrado a partir de una lista de 10 aspirantes que será enviada al Ejecutivo, quien definirá una terna de candidatos a la Cámara Alta.
- El fiscal podrá ser removido por causas graves, como incumplir los objetivos del plan de Persecución Penal, ataque a las instituciones y que tolere violaciones a los derechos./MILENIO
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