Las personas y organizaciones firmantes manifestamos nuestro apoyo al proceso de pacificación anunciado por su equipo de transición y hacemos público nuestro respaldo a la propuesta de despenalizar las drogas.
México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos desde que Lázaro Cárdenas del Río intentara en 1940 un breve –pero exitoso- ensayo de descriminalización que se vio truncado por presiones internacionales.
Desde entonces, nuestra política de drogas se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de nuestra población.
- Hace 12 años el prohibicionismo fue llevado a su extremo, cuando en una decisión errada el presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos anti-narcóticos e iniciar una “guerra contra las drogas”.
- Pese a lo evidente de su fracaso y lo innegable de sus costos, la decisión no se sometió a revisión durante la siguiente administración y, en su lugar, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ignorar la crisis y perpetuarla, negándose a iniciar la reforma y optando por consolidar la militarización.
- Hoy vivimos momentos históricos que deben aprovecharse. La elección del 1 de julio fue un contundente mandato a favor de la construcción de la paz y en contra de la guerra.
- En congruencia con ese mandato, figuras de su equipo de transición, como los senadores electos Olga Sánchez-Cordero y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso con un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y, como condición previa e indispensable, la regulación de las drogas. Los firmantes apoyamos este posicionamiento.
- A diferencia de hace doce años, México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos. Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que –desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo- estamos proponiendo políticas de drogas alternativas.
- Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. De ahí que estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo.
- Sabemos que existen serios obstáculos que habremos de sortear. Desde el extranjero, habrá quienes nos exijan continuar la guerra a la vez que avanzan en sus propios procesos de regulación.
Desde el interior, habrá también quien busque defender los intereses de la fallida estrategia o quienes, de buena fe, tardarán en aceptar la evidencia cada día más contundente de su fracaso.
Sin embargo, nadie se opondrá realmente al proceso de pacificación del país, aunque éste resulte complejo y doloroso. Regular las drogas no es –por sí sola- una medida suficiente para acabar con la guerra, pero los firmantes estamos convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz./ CON INFORMACIÓN DE MUCD- PUNTOporPUNTO
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