A fines de marzo y principios de abril pasados, una treintena de familiares de personas detenidas por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) entre febrero y mayo de 2018 y que permanecen en calidad de desparecidas, enviaron sendas misivas a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
- Una de ellas está firmada por Jessica Molina, ciudadana estadunidense, sobreviviente del allanamiento de marinos a su domicilio en Nuevo Laredo el 27 de marzo de aquel año. Ella fue testigo de la detención y desaparición de su esposo, José Daniel Trejo, y de Gabriel Gaspar Vázquez, que estaba de visita en su domicilio.
- En la carta, Molina le pide a Piedra “emitir de manera inmediata” la recomendación correspondiente a la queja CNDH72/2018/2994 en la que se encuentran el caso de su esposo y de 38 personas más.
- “Han pasado ya dos años de ocurridos los hechos y hasta el momento nuestro caso y otros más registrados en fechas anteriores siguen impunes”, puntualiza Molina en su escrito. Menciona también “el compromiso para el esclarecimiento de los hechos” que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de diciembre de 2018.
- Tras recordar que el 17 de enero de 2019 Encinas encabezó una reunión en Nuevo Laredo, en la que estuvo personal de la CNDH y de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Molina resalta que “no existen avances importantes en las investigaciones, búsquedas y reuniones de seguimiento con representantes del gobierno de México”.
- Reitera a Piedra su petición de emitir una recomendación por la desaparición forzada de su esposo, atribuible a “elementos de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina”, y enviársela a la Semar, a la Fiscalía General de la República (FGR) así como a los gobiernos estatal y municipal de Tamaulipas y Nuevo Laredo, por “acción y omisión en el respeto y protección de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política”.
A tres meses de enviada la carta, Molina no ha recibido ni siquiera una notificación de la recepción del documento.
La última vez que hubo contacto oficial con personal de la CNDH fue el martes 16, en una audiencia virtual convocada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED). En esa ocasión participó personal de la FGR, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- “Cuando se le dio la palabra al licenciado (Rodolfo) Rueda, de la CNDH, no mencionó qué avances tenía la recomendación o si ya iba a ser emitida”, cuenta Jessica Molina en entrevista.
- “Ahorita la CNDH está trabajando como una oficialía de partes; no se ve la presencia fuerte de la comisión. Eso nos molesta porque se supone que la institución ya se transformó o está en proceso de transformación y está jugando con los tiempos de las víctimas, como en el anterior régimen”, señala el defensor Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien una vez que Piedra Ibarra tomó posesión, en noviembre del año pasado, se reunió con ella para pedirle que emitiera la recomendación por las desapariciones y atendiera otros casos pendientes sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo./PROCESO-PUNTOporPUNTO
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