Al menos dos mil 319 cámaras de videovigilancia ilegales han sido desmanteladas durante los últimos seis meses en ocho estados del país. Estas redes de monitoreo, explicaron expertos y autoridades, son utilizadas por la delincuencia organizada para contrainteligencia —es decir, para ubicar los movimientos de grupos rivales y de fuerzas de seguridad— o para ubicar posibles objetivos para robo, secuestro o extorsión.
De septiembre a la fecha, autoridades federales y locales han desmantelado estas redes en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Chiapas y Sonora.
- El gobierno de Sinaloa activó una estrategia para ubicar y desinstalar estas redes delictivas de monitoreo a raíz del inicio de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, que disparó la violencia en la entidad desde septiembre pasado.
- A la fecha, en la entidad sinaloense se han desinstalado 499 cámaras ilegales en cinco municipios, aunque la mayoría fueron ubicadas en Culiacán. En contraste, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia (C4i) de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa tiene 222 cámaras activas.
- De acuerdo con Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, el uso de cámaras de vigilancia por parte del crimen organizado les permite “construir un sistema de inteligencia para consolidar su control territorial” bajo dos vertientes: identificar y explotar de forma más eficiente los mercados a partir del monitoreo de las cadenas productivas, y anticipar o neutralizar amenazas del Estado u otras organizaciones criminales.
La situación, advirtió el especialista en seguridad pública, implica mayores riesgos de inseguridad para la ciudadanía.
“Para la ciudadanía significa mayor riesgo de violencia delictiva a nivel de los territorios locales, principalmente para actores económicos como empresarios; para las autoridades, menor capacidad de establecer el orden público y garantizar el acceso a la justicia”, señaló en entrevista con El Sol de México.
- Estas actividades se realizan con equipos electrónicos de consumo, como tabletas electrónicas (iPads) y cámaras con conexión inalámbrica, como las decomisadas a un joven el pasado domingo 2 de marzo, quien fue detenido con dos iPads con las que monitoreaba 18 cámaras instaladas ilegalmente en colonias del norte de la capital potosina.
“Toda la parte del sector norte de la ciudad; Peñasco, la Tercera Grandes, Tercera Chica, Rinconada, Aeropuerto, la carretera 57. Desde ahí monitoreaba los pasos o las actividades tanto de sus compañeros como de nosotros”, explicó José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPCE), el día de la detención.
Para la ciudadanía significa mayor riesgo de violencia delictiva a nivel de los territorios locales, principalmente para actores económicos como empresarios; para las autoridades, menor capacidad de establecer el orden público y garantizar el acceso a la justicia.- Armando Vargas
El funcionario agregó que en esta entidad se ubican hasta cinco de estas redes de videovigilancia, cada una operada por un individuo que monitorea entre 11 y 16 cámaras.
En la entidad potosina suman al menos 50 cámaras ilegales desinstaladas en tres municipios.
Otros grupos delincuenciales utilizan equipos más complejos, como el asegurado el 21 de enero pasado en Culiacán, un centro de monitoreo con varias pantallas que vigilaban las entradas y salidas de la capital sinaloense.
Este centro ubicado en un fraccionamiento residencial era operado, según fuentes de seguridad del estado, por Los Chapitos y tenía acceso a imágenes de las cámaras del C4i.
- Sin embargo, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, descartó esto y mencionó que la vigilancia del narco no supera la capacidad de vigilancia del estado, afirmación que sostuvo el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, quien dijo que las cámaras retiradas al narco eran de menor capacidad que las de C4i.
Toda la parte del sector norte de la ciudad; Peñasco, la Tercera Grandes, Tercera Chica, Rinconada, Aeropuerto, la carretera 57. Desde ahí monitoreaba los pasos o las actividades tanto de sus compañeros como de nosotros.- José Luis Ruiz Contreras
“Ya se están haciendo acciones contundentes para localizar y desinstalar este tipo de implementos que utiliza la delincuencia organizada y vamos a seguir realizando acciones de este tipo que sean de manera integral para beneficio de la población de Sinaloa”, mencionó Rentería Schazarino.
- En Guanajuato, tan solo en el municipio de Celaya fueron ubicadas y retiradas mil 400 cámaras ilegales a finales de octubre del año pasado; el mismo número de dispositivos que tiene en funcionamiento el C4 municipal.
- En Veracruz han retirado 150 cámaras; otras 120 fueron ubicadas en Acapulco, Guerrero; al menos 30 en Chiapas; 11 más en Cajeme, Sonora, y 59 en Naucalpan, Estado de México, estas últimas fueron desinstaladas apenas el pasado jueves.
Existen muchas deficiencias a nivel de política pública. No existen planes específicos a nivel nacional o local orientados a la detección y desmantelamiento de dichos dispositivos, lo que facilita su montaje y operación.- Armando Vargas
Pese a los operativos implementados por las autoridades, Armando Vargas consideró que las políticas de combate a esta nueva táctica del crimen organizado aún son deficientes ya que no hay planes específicos para la detección y desmantelamiento de los llamados C4 del narco.
“Existen muchas deficiencias a nivel de política pública. No existen planes específicos a nivel nacional o local orientados a la detección y desmantelamiento de dichos dispositivos, lo que facilita su montaje y operación. En este sentido, la atención gubernamental es claramente deficiente”, dijo.
Otra desventaja para las autoridades es que los delincuentes aprovechan la infraestructura del Estado para la instalación de estas cámaras, como postes de luz o telefonía, árboles e incluso las mismas estructuras de los C4./Agencias-PUNTOporPUNTO
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