Desde hace más de 15 años el paradigma de la seguridad pública en México cambió. El Ejército y la Marina fueron sacados de sus cuarteles para realizar labores de seguridad pública ante una ola creciente de violencia y de ineficiencia de las corporaciones civiles en las entidades y municipios.
Pasaron los sexenios y el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país se fue consolidando a la par de que aumentaron las voces detractoras de especialistas, organizaciones civiles y políticos, quienes a la fecha aseguran que la militarización no es el camino, la estrategia no ha funcionado y solo ha generado mayor violencia y violaciones a los Derechos Humanos.
- Con la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que el Ejército regrese a los cuarteles hasta 2028 se reaviva el debate sobre qué papel deben de desempeñar las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país.
- Por un lado, en algunas entidades su despliegue junto con el de la Guardia Nacional es mayor en número que el de las policías locales, y son solamente ellos quienes intentan mitigar los embates del crimen organizado, principalmente en territorios disputados en el occidente y norte del país.
Debido a esta situación, también avanzan en el Legislativo reformas para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Del otro lado de la moneda, especialistas critican y exigen coordinación entre los tres niveles de Gobierno, reforzamiento de las policías locales y una reforma judicial que termine con la impunidad y la corrupción.
Explican que algunos de los principales problemas se deben a que los presidentes en los últimos tres sexenios le apostaron todo al Ejército, los gobiernos estatales se acostumbraron solo a recibir apoyo de la federación y nunca se trabajó en una estrategia clara y articulada para que los militares regresaran a los cuarteles.
Aunado a esto, las promesas de que la Guardia Nacional sería de mando civil y que los militares dejarían las calles en marzo de 2024 se comienzan a disipar bajo la premisa de que sin el Ejército no habrá paz.
“Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad”, dijo al respecto el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera la semana pasada.
- Sobre esta situación, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió que regresar a sus hombres a los cuarteles en 2024 podría generar problemas, pero si permanecen fuera y toman el control de la Guardia Nacional, “quizá” podrá llegar el día en que el Ejército pueda concentrarse, de nuevo, solo en sus labores castrenses.
“Si se nos da la oportunidad de seguir apoyando a la seguridad pública, ese tiempo que sea mayor también nos va a permitir fortalecer de mayor manera la Guardia Nacional y al tener el control de la Guardia, tutelar la Guardia, nos va a permitir darle esa fortaleza, para que en el momento que se establezca una fecha, la Guardia podrá ser más grande.
“Se ha hecho mucho trabajo, queremos seguirlo haciendo y ya teniendo el control, esa tutela de la Guardia Nacional, pues nos va a permitir, en algún momento, realizar las acciones netamente militares, netamente como soldados”, dijo al respecto.
- ‘No estamos listos’ para una seguridad sin militares: El especialista en seguridad nacional y exdirector general adjunto de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Manuel Balcázar, opina que no estamos listos para dejar de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública porque no tenemos policías locales consolidadas, confiables, equipadas, entrenadas, respetuosas de los Derechos Humanos y que atienden las causas de la ciudadanía.
El experto recuerda que desde la creación de la Dirección Federal de Seguridad en 1947, hasta su disolución en 1985, siempre tuvo como directores a militares. En ese tiempo también se utilizó al Ejército en la Operación Cóndor (1975-1976) en Sinaloa, en los ochenta en la época de la Contrainsurgencia y en los noventa con el Zapatismo.
En 1997 el entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, desapareció la policía de Iztapalapa por corrupción y pidió apoyo de la policía militar, mientras que durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se creó la Policía Federal Preventiva que contaba con personal proveniente de la Armada de México.
“No es que antes los militares no estuvieran involucrados, es que no se han ido. El presidente Calderón los incorpora a la estrategia nacional de seguridad y es cuando se llega a pensar que salió el Ejército de los cuarteles pero ya años antes habían salido”
Manuel Balcázar.- Especialista en seguridad nacional y exdirector general adjunto de seguridad nacional de la Presidencia de la República
“Si los regresan, ¿qué van a estar haciendo en los cuarteles? Nada, en términos de doctrina y entrenamiento militar, quizá podría tener una parte de labor social para la integración de información estratégica nacional en zonas de difícil acceso”, dice.
Finalmente, el especialista señala que más que cambios jurídicos, las autoridades deberían de asumir su responsabilidad y atacar el origen de los problemas asociados a la inseguridad.
“Los políticos tomadores de decisiones tienen que asumir bien sus responsabilidades. Hace mucha falta que la clase política tenga más conocimiento especializado para poder resolver los problemas sociales, políticos y económicos antes de que lleguen a ser una presión de la seguridad pública, sólo así podemos ver resultados y avances”, concluye.
México profundiza la militarización
Contradiciendo su promesa de campaña de “regresar el Ejército a sus cuarteles”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su intención de que la Guardia Nacional “dependa completamente” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Así, el gobierno actual amenaza con seguir profundizando la militarización de la seguridad pública a pesar de los altos costos de esta estrategia en materia de derechos humanos y de su comprobado fracaso a la hora de abordar la violencia y el narcotráfico, dos grandes desafíos en el país.
Eso expresó la Directora para México de WOLA Stephanie Brewer sobre el presente, pasado y potencial futuro de la militarización como estrategia de seguridad en el país y el estado de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
- México se enfrenta a altos niveles de inseguridad y de violencia, con más de 35.000 homicidios registrados anualmente, lo que implica un enorme aumento en los últimos 15 años, y más de 100.000 personas reconocidas como desaparecidas o no localizadas. La violencia, entre homicidios, desapariciones y otras formas de violencia, se ha vuelto una herramienta tristemente cotidiana que usan diferentes actores y grupos para imponerse, enviar mensajes y buscar controlar mercados ilegales y territorios.
En ese contexto, el presidente López Obrador dice que hay que ampliar y hacer prácticamente permanente el despliegue de las fuerzas militares en tareas policiales en todo el país. Dice que son ellas las únicas que pueden hacerse cargo de este gran problema, que las instituciones locales y civiles no pueden hacerlo.
Este es el mismo argumento que el gobierno federal de México ha empujado durante la última década y media, por lo menos, con consecuencias desastrosas en materia de seguridad y de derechos humanos. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, anunció la militarización como una medida temporal, mientras supuestamente se fortalecían las policías y las instituciones y se retomaba el control territorial en determinadas zonas del país. Lo que ocurrió en realidad fue que el despliegue militar se prolongó a lo largo del gobierno de Calderón, y luego continuó con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
- López Obrador prometió regresar al ejército a los cuarteles: Muy por el contrario, una de sus primeras acciones fue la creación de una Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal. Esa Guardia Nacional nace constitucionalmente como una fuerza de seguridad civil, pero ha sido manejada desde un principio como una fuerza militar. La gran mayoría de sus más de 100.000 miembros son militares y, en la práctica, ya está bajo el control operativo de la Sedena. Y eso no es todo: además de la Guardia Nacional, siguen desplegadas las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, de manera tal que hoy el despliegue militar es mayor que nunca en la historia reciente.
Con López Obrador podemos hablar de un cambio en la forma de utilizar a las fuerzas armadas. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las personas civiles, por ejemplo, han bajado en términos absolutos. La estrategia, sobre todo con la Guardia Nacional, ha sido aumentar la presencia territorial de las fuerzas del Estado, cosa que puede ser relevante sobre todo en determinadas zonas, pero que dista de ser suficiente para tener un impacto significativo en la situación de inseguridad y delincuencia.
Hay otro cambio con López Obrador: él no habla de la militarización como una medida temporal, sino que ha insistido en que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, que se vuelva una fuerza armada, que ya no haya policía civil federal en México. Dice que lo que quiere es que sea muy difícil o imposible que futuros gobiernos reviertan ese modelo. Y además ha dicho en semanas recientes que el despliegue del Ejército y de la Marina debe seguir también a largo plazo, más allá de 2024, que es actualmente el plazo que establece un artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019.
Buscan que Sedena controle la Guardia Nacional
López Obrador ya ha enviado una iniciativa al congreso mexicano para reformar una serie de leyes con el objeto de otorgar a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, buscando que sea un cuerpo conformado completamente por personal militar, que incluso podría actuar en auxilio de las fuerzas armadas en misiones puramente militares.
Esto va en contra de la Constitución de México, que en su artículo 21 establece que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter civil.
Estas propuestas lo que parecen buscar es profundizar la clara tendencia del gobierno de otorgar cada vez más funciones civiles y presupuesto, y así más poder, a las instituciones militares, sobre todo a la Sedena, aseguró Brewer.
«En este modelo, las fuerzas armadas no solo están desplegadas en tareas policiales sino que tienen un papel muy protagónico en tareas de control migratorio en las fronteras, se encargan de puertos y aduanas, construyen y administran grandes proyectos de infraestructura, entre otras».
- Pareciera que, en vez de invertir en la consolidación de las instituciones propias de un gobierno democrático, la respuesta es saltar esas deudas pendientes y desplegar a las fuerzas armadas. Ciertamente la militarización parece ofrecer una vía fácil o rápida que se puede presentar a la población y decir, “mira, estoy tomando acciones firmes, así vamos a acabar con la corrupción, así vamos a brindar seguridad”, pero toda la evidencia hasta el momento nos dice que los resultados deseados no se van a lograr así.
Al contrario, este camino de militarizar está agudizando una dinámica en la cual las fuerzas armadas mexicanas, que desde siempre han gozado de un grado de autonomía y de falta de transparencia y rendición de cuentas preocupante, ahora tendrán cada vez más poder en esa correlación de fuerzas con las autoridades civiles./Agencias-PUNTOporPUNTO
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