México, el país más afectado por la crisis humanitaria que vive Centroamérica, encara un cambio radical en su enfoque migratorio. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prepara medidas para gestionar el flujo de los 200,000 centroamericanos que atraviesan cada año el país, como inversiones en obras publicas para crear empleo, una reforma de los centros de detención y una legalización de sin papeles que podría beneficiar a 50,000 personas. Con este plan, aspira a ser una referencia, pero el proyecto nace con un tibio apoyo de Estados Unidos y el escepticismo de las organizaciones./EL PAÍS
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