Desde febrero de 2017 el gobierno mexicano -por conducto de la Procuraduría General de la República- ha signado ocho acuerdos de colaboración con el gobierno de Brasil para atender y desahogar el intercambio o la entrega de información relacionada con el caso Odebrecht, lo que contradice la posición de las autoridades de la nación sudamericana. Las autoridades brasileñas señalaron a principios de este mes que la información que posee fue bloqueada porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de datos. Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad refirieron que en otras naciones los directivos de Odebrecht y la fiscalía de la nación sudamericana han pactado que no se enjuicie a ninguno de los mandos de la empresa y se les permita continuar concursando o desarrollando las obras asignadas, ya que ello les permite cubrir sin pérdida económica las sanciones monetarias que se les impongan por haber incurrido en corrupción./LA JORNADA
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