Al menos un billón 230 mil pesos destinados a proyectos para modernizar, crear infraestructura y ordenar el flujo migratorio en la frontera sur fueron manejados en la opacidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El gobierno lopezobradorista ha documentado obras inexistentes, gastos sin correspondencia con los planes registrados, sobreprecios, falta de evaluaciones, estudios de viabilidad, reportes de ejecución y comprobantes de pago, así como omisiones en finiquitos y procesos de entrega-recepción.
Por las anomalías, se mantienen abiertas diversas investigaciones en la Secretaría de la Función Pública, en las cuales ha participado la Secretaría de Hacienda; algunas ya han derivado en carpetas en la Fiscalía General de la República.
Para coordinar y supervisar la ejecución de estos proyectos conjuntos y otros programas sociales en la región, así como armonizar la intervención de las distintas dependencias del sector federal, el gobierno de EPN creó una Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tuvo una actuación fantasmal.
Para la sola operación de este organismo se despilfarraron alrededor de 400 millones de pesos, de acuerdo con datos de la SHCP.
La Coordinación debía realizar una tarea similar a la pretendida ahora por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la amenaza arancelaria del mandatario estadunidense Donald Trump.
Sin embargo, muchos de los proyectos resultaron ficticios; otros se quedaron incompletos o se volvieron insolventes porque sus presupuestos fueron inflados y algunos más están abandonados o subutilizados.
La CAIMFS fue creada, mediante decreto, el 8 de julio de 2014, una semana después de que Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, declarara una crisis humanitaria en la frontera sur de su país debido a un aumento inusual en la cifra de migrantes centroamericanos, en especial menores de edad no acompañados. Tan sólo en junio de ese año, el Departamento de Seguridad Nacional de aquel país reportó la detención de 10 mil 622 niños y adolescentes, y para finales de ese año la cifra alcanzó casi 69 mil, el 71 por ciento provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
En paralelo se arrancó el programa denominado Frontera Sur, con una fórmula similar a la actual…
En el decreto de creación de la era peñista se justificó: “Es necesario que la coordinación institucional de los servidores públicos de distintos niveles de gobierno, que ejercen sus funciones en los estados que conforman la frontera sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, coadyuve en acciones efectivas tendentes a garantizar un adecuado flujo de personas al interior del territorio nacional”. Y sirva para “fortalecer la presencia del Estado en la zona, coordinar acciones con los países centroamericanos sobre desafíos comunes y avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura”.
Una semana después, el 15 de julio de ese 2014, se nombró a Humberto Mayans Canabal como coordinador, quien debió pedir licencia al cargo de senador por el PRI. Se le otorgaron recursos extraordinarios por cerca de 100 millones de pesos sólo para operar nominalmente durante la segunda mitad de ese año, pues, conforme a la presentación del programa, debía concentrarse en un componente preventivo, basado en monitoreo constante, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y mantenimiento de vías; en el impulso a tareas de investigación e inteligencia para combatir delitos como tráfico y trata de personas orquestados por organizaciones criminales; y en la recuperación de espacios públicos, ataque a giros negros, lanzamiento de campañas para promocionar las vías de internación legal y fortalecer fiscalías para la atención a migrantes.
Para 2015 se le etiquetaron en el presupuesto de egresos más de 102 millones de pesos, aunque no había resultados visibles. Sin embargo, en agosto de ese año, Mayans renunció al puesto para regresar a la Cámara alta. Se argumentó la fusión de la CAIMFS con la Unidad de Política Migratoria de Segob y con el Instituto Nacional de Migración, como parte de un ajuste presupuestal implementado por Hacienda, “en busca de ahorrar recursos, evitar duplicidades y aumentar la eficacia”.
Pese al anuncio, la Coordinación siguió funcionando en lo “oscurito”, con alrededor de 100 empleados. Y, aún sin cabeza, para 2016 se le etiquetaron otros 94 millones de pesos. En agosto de ese año llegó como Director General de Convenios, Acuerdos, Integración y Seguimiento un exasesor legislativo en temas migratorios: Crescencio Jiménez Núñez, quien se mantendría en el cargo hasta el final del sexenio, con presupuestos operativos de alrededor de 120 millones de pesos entre 2017 y 2018.
La realización de 187 proyectos para la región, con la referida inversión de un billón 230 mil millones de pesos, se quedó en el olvido.
El supuesto plan de rescate incluía 87 proyectos de infraestructura con un valor cercano a los 84 mil millones de pesos, pero tampoco hubo transparencia en el manejo de esos recursos.
La lista contempló, por ejemplo, la modernización del ferrocarril del sureste y de 11 puertos de entrada, la implementación del corredor transístmico, el funcionamiento de fiscalías especializadas en migración y derechos humanos y 43 programas “de alto impacto social” en los 23 municipios fronterizos (18 de Chiapas, dos de Tabasco, dos de Campeche y uno en Quintana Roo).
Y como parte estelar, la creación de cinco Centros Integrales de Control de Tránsito Fronterizo, los cuales tienen su propia historia de vicios…/LA CRÓNICA DE HOY-PUNTOporPUNTO
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