A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha sancionado a alrededor de 5 mil empresas por mil 740 millones de pesos desde 2012 hasta agosto de 2019, éstas han eludido las multas y únicamente han pagado 11% del monto total.
- Un análisis realizado por EL UNIVERSAL muestra que de las 16 mil 923 infracciones impuestas por la institución encargada de que se cumplan las leyes ambientales en el país, solamente se han saldado 3 mil 728.
- Representantes de la Profepa aseguran que esto se debe a que las firmas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las penalizaciones.
- Entre mayor es el monto, menor es el desembolso: de las multas inferiores a 250 mil pesos, sólo se ha pagado 22.7%, mientras que de las que van de un millón de pesos en adelante la cifra es de 99%.
- La mayor cantidad de sanciones es por mal manejo de residuos peligrosos (10 mil 444), seguidas por contaminación ambiental (2 mil 408), por fallos en los documentos de impacto ambiental (751) y por derrames de sustancias tóxicas (330), de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
En casi 3 mil no hay registro de las causas de la infracción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió de este problema hace más de dos años y solicitó a la Profepa evaluar y dar solución alas causas por las que cientos de millones de pesos no fueron recaudados, pero la situación se mantiene sin cambio.
- Especialistas en Derecho Ambiental afirman que las multas en México son muy bajas y esto ocasiona que se anule su función principal, que es servir como advertencia y ejemplo de las consecuencias a otros posibles infractores.
- “A las empresas les sale más caro cumplir la ley que violarla”, explica Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
- Desde 2012 sólo se han cobrado 11% de sanciones por contaminación; las empresas se amparan para no pagar
- En febrero de 2016, pocos meses después de que la empresa alemana Volkswagen enfrentara el descrédito internacional por haber alterado las mediciones de contaminantes en sus carros diesel, otro golpe llegaba a la automovilística. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de México (Profepa) anunciaba, orgullosa, que había impuesto una de las mayores multas de su historia: 168 millones de pesos por haber comercializado 45 mil Audis, Bentleys, Porsches, Seats y Volkswagens sin certificado ambiental.
Pero casi cuatro años después, el gobierno no ha visto un peso de semejante monto. La multinacional alemana presentó un recurso en el que aseguraba que todo se debió a un error administrativo interno y, hasta que concluya el litigio, no podrá cobrarse la multa. Esta historia es el esquema básico de la gran mayoría de las multas impuestas a la industria por parte de la procuraduría ambiental. De los mil 740 millones de pesos con los que han sancionado a casi 5 mil empresas desde 2012 hasta agosto de 2019, sólo se han cobrado 193. Un ínfimo 11%.
En el análisis de los datos de un enorme listado de multas y sanciones facilitado vía transparencia por la dependencia federal, se observa que la institución encargada de que se cumplan las leyes ambientales en México impuso 16 mil 923 multas a diversas industrias por todo el país. De éstas, sólo se pagaron 3mil 728. Representantes de la procuraduría aseguran que se debe a que las empresas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las mismas.
- Un problema sobre el que advirtió hace ya más de dos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que solicitó a la Profepa que evaluara y diera solución a “las causas por las que no fueron recaudados” esos cientos y cientos de millones de pesos. Expertos en derecho ambiental consultados por EL UNIVERSAL opinan que las multas en México, además de no pagarse, son muy bajas y esto causa que la misión principal de una sanción, que es servir de advertencia y ejemplo de las consecuencias a otros posibles empresarios e infractores que se estén saltando las leyes, se anule completamente.
- “Digamos que pongo una sanción a una empresa automotriz, que tiene que obtener los certificados para sus automóviles estén conforme a la norma, pero no me acredita que los tenga”, ejemplifica Silvia Rodríguez Rosas, subprocuradora jurídica de la Profepa: “Entonces le impongo una multa por cada unidad, con base a diferentes parámetros: la gravedad de la infracción, el beneficio obtenido, las condiciones eco1ómicas de la empresa y las condicio1es sociales y culturales”.
- Las industrias que vigilan son las mi1as, las que manejan recursos peligro0S, las que hacen descargas industriales en cuerpos de agua, para decidir a cuáles van a investigar cada año, con los cerca de 700 inspectores que, asegura, hay por todo México, para lo que realizan una planeación anual, además de seguir recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acudir ante las empresas denunciadas por ciudadanos.
- “Luego, la empresa puede impugnar por varios medios, ya sea por medio administrativo o judicial. También pueden hacer uso de otros medios, como es la conmutación, que es aceptar que ha infringido la ley y hacer acciones en pro del medio ambiente, o la remedación, que es corregir las irregularidades”, continúa. En estos casos, precisa, las multas se pueden reducir, pero no llegan a eliminarse.
- La mayor cantidad de multas, alrededor de 10 mil, son por malos manejos en los residuos peligrosos; seguidas por las2 mil 408 relativas a contaminación ambiental; 751 por fallos en los documentos de impacto ambiental, y 330 debidas a derrames de esos residuos peligrosos. En casi 3 mil no hay registro de las causas de la sanción.
- El 95% de las 16 mil 923 multas impuestas fueron menores de 250 mil pesos, de las que se pagaron 3 mil 600. Cuanto más sube el monto, menor es el pago. De las 144 que van de un millón de pesos en adelante, sólo se han pagado 12. Nueve de ellas por empresas de Grupo México, abonadas después del desastre ambiental del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.
“Lo habitual es que las empresas, ante las multas grandes, opten por la impugnación. Un juicio es muy largo, con cinco años de promedio, y muy costoso. Si una empresa no opta por ninguno de estos medios, se comunica al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que realice el cobro”, finaliza la subprocuradora Rodríguez. /EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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