El Instituto Nacional de Salud Pública dirigido por el doctor Eduardo César Lazcano Ponce, no logró aclarar el destino de 35 millones 860 mil pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2021.
- El INSP realizó pagos sin documentación; hizo pagos superiores al tabulador de sueldos y salarios autorizado; no acreditó prestaciones de servicios de nueve contratos; no acreditó uso y destino de bienes por 4.5 millones de pesos, entre otras anomalías, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la Auditoría De Cumplimiento: 2021-1-12NDY-19-0175-2022, el ente auditor también detectó que el INSP realizó pagos superiores al techo presupuestal autorizado, pagos por prestaciones superiores a lo autorizado por la SHCP, pagos superiores al tabulador de sueldos y salarios autorizado, y pagos por concepto de sueldo y compensación garantizada después de la fecha de baja de los empleados por 12.2 millones de pesos.
Además, no acreditó las prestaciones de los servicios de nueve contratos por un total pagado de 18.6 millones de pesos. Tampoco acreditó ni justificó el uso y destino de los bienes adquiridos y sustancias suministradas de tres contratos por un importe total pagado de 4.5 millones de pesos.
- El Instituto Nacional de Salud Pública es un ente académico del Gobierno de federal “cuyo compromiso central con la sociedad mexicana es ofrecer resultados de investigación a problemas relevantes de la salud pública para prevenir y controlar enfermedades, y formar a profesionales de la salud que ayuden a promover condiciones de vida saludable en los diversos grupos de la población”, señala en su sitio oficial.
- Entre los temas que investiga están el cáncer, salud ambiental, enfermedades infecciosas, parasitarias y transmitidas por vector; prevención de lesiones y violencia, sistemas y políticas de salud, medicamentos y tecnologías sanitarias, salud reproductiva, entre otras.
- En el informe correspondiente a la Cuenta Pública 2021, la ASF informó que el Instituto de Salud Pública no proporcionó la evidencia documental que acreditara y justificara el pago realizado de un contrato por 261 mil pesos.
Tampoco acreditó la entrega-recepción de los bienes adquiridos mediante un contrato por un importe total de 138 mil pesos y, no retuvo en forma correcta las penas convencionales por los atrasos en las entregas de los bienes adquiridos mediante dos contratos, por un importe total de 19 mil pesos.
La ASF identificó pagos de adquisiciones de bienes o prestación de servicios, sin contar con la documentación soporte que acreditara su ejecución y devengo; “además, se aplicaron penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes y/o servicios, sin que se consideraran los días efectivamente atrasados de acuerdo a la documentación de su recepción” y se realizaron 266 pagos a empleados del INSP mediante cheque.
Las irregularidades en el Instituto encargado de investigar y de formar especialistas, se dio en medio de la crisis del sector Salud exacerbada por la pandemia de Covid-19, que evidenció la falta de médicos especializados en diversas enfermedades, para atender a la población mexicana; aunado al desabasto de medicamentos y vacunas para cubrir el Esquema Nacional.
Insabi gestionó pagos en la nómina por 2.5 mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) gestionó pagos en la nómina por 2.5 millones de pesos por 249 plazas excedentes sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras “debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos destinados a la contratación de personal médico para la atención de la pandemia por el virus SARS-CoV-2”.
- De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, se realizaron pagos por concepto de «Estímulo» efectuados al personal contratado por un total de 363 millones de pesos, el cual fue autorizado para el ejercicio 2020 por la Secretaría de Salud en la «Convocatoria de la Jornada de Reclutamiento» y se continuó pagando por motivos de la contingencia sanitaria; sin embargo, a mil 779 prestadores de servicios no se les efectuó dicho pago sin sustentar los criterios para su otorgamiento.
Además, encontraron que en 19 casos (4.7% de los casos revisados) personal médico, paramédico y afín contratado no contaron con el perfil y experiencia según el puesto.
Adicionalmente, el Insabi no dio seguimiento oportuno a la conclusión del servicio de desarrollo evolutivo para la aplicación sustantiva y administrativa y servicios en la nube, en el que se incluyó el servicio de nómina, contratado con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) desde el 5 de julio de 2021, ya que la fecha de conclusión del servicio se prolongó del 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.
- La ASF revisó el monto total de los recursos reportados como ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar por 7 mil millones de pesos con cargo a la partida 12201 “Remuneraciones al personal eventual” y a la subcuenta denominada “Recursos transferidos conforme al 2° Transitorio de la LGS” del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar para la atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (covid-19)”.
De los que se determinaron 15 resultados, en tres no se detectaron irregularidades y cuatro fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los ocho restantes generaron nueve recomendaciones y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Detectan irregularidades en la compra de medicamentos
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó “falta de evidencia documental, justificación y comprobación” en una licitación, de más de 1,700 millones de pesos, para la compra de insumos médicos entregados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), adquiridos como parte de la estrategia para afrontar la pandemia de Covid-19.
- En marzo del 2020, el Insabi celebró un convenio con la Sedena con el objetivo de esta última apoyara en acciones de compra.
- El Insabi puso a disposición del Ejército 4,272 millones 380,959 pesos, de los cuales la Oficialía Mayor de la Sedena autorizó el procedimiento de adquisición de equipo médico por 1,759 millones 585,546.67 pesos.
- El Órgano Interno de Control (OIC), que dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró, como resultado de la orden de auditoría número AI/2598, que los contratos, facturas y pago a proveedores para la adquisición del equipo, se realizaron acorde a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Sin embargo, se observó “que en el estudio de acreditación, el criterio de evaluación, la investigación de mercado, la recepción y distribución del equipo así como la elaboración de los convenios modificatorios existieron faltas de evidencia documental, justificación y comprobación de la realización correcta de estas actividades, lo cual demuestra tener poco control interno en citadas actividades”.
Con lo que respecta a la investigación de mercado de la Sedena se informó que, cuando buscó ingresar a CompraNet para obtener datos de oferentes, se encontró con la leyenda “Disculpe las molestias. Estamos trabajando en la construcción o mantenimiento de este apartado”, por lo cual no accedió a la información.
- A su vez, el reporte dio a conocer que de acuerdo con lo establecido en las leyes vigentes también se debe consultar la información histórica de la dependencia cuando se realice este tipo de operaciones que pudiera ayudar, no obstante, la Sedena no cumplió con lo anterior ya que justificó que, con el fin de atender en forma oportuna la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias, “se realiza la adquisición de equipo médico, mediante el procedimiento de adjudicación directa de manera urgente”.
El Ejército sostuvo que en total se identificaron 92 posibles oferentes para la adquisición de insumos médicos a los cuales, se les envió una solicitud de cotización por medio de correo electrónico o de manera presencial, no obstante, en la documentación que se proporcionó para la auditoría no se encontró evidencia de que se hayan enviado todas las solicitudes.
Entre las anomalías, el OIC detalló que se celebraron dos contratos con un proveedor para la compra de oxímetros por una cantidad de 154,396 pesos, con un precio por pieza de 550 pesos, además de un contrato para la compra de esfigmomanómetro por 353,800 pesos, pero en la investigación de mercado no se encontró evidencia documental de la solicitud de cotización enviada por la Sedena, la cotización remitida y tampoco se encontró dentro de la relación de los 92 posibles oferentes.
- También se encontró que en la evaluación de propuestas que debió basarse en el precio más bajo, la Sedena indicó que no se consideró de esa manera, “en virtud de la urgencia que genera la adquisición de los bienes de equipo médico, debido a la ocurrencia de la pandemia”.
En cuanto a la entrega de los bienes por el proveedor, se indicó que hubo equipo médico que no llegó completo aunque se firmó de conformidad con lo entregado, aunado a que el OIC solicitó los dictámenes técnicos generados para saber si el equipo entregado cumplió con las especificaciones técnicas “sin haber obtenido respuesta”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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