En la mayor parte del país está rebasada la capacidad que tienen los servicios periciales para el manejo de cadáveres y eso se debe en gran medida a que los gobiernos estatales no destinan presupuesto para crear nuevas instalaciones forenses ni las condiciones necesarias para el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados. El dinero que se otorga a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se aplica para la adquisición de patrullas o cámaras de vigilancia, mientras miles de cuerpos se acumulan en espera de ser incinerados o depositados en fosas comunes, revelaron integrantes del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el que participan representantes de todo el país./LA JORNADA
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