Los elevados niveles de inseguridad, principalmente los reflejados en extorsión y homicidio doloso; la ríspida relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el poder Judicial. Completar el pleno de la Sala Superior y áreas relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para estar en condiciones de enfrentar el proceso electoral más grande de la historia del país, el cual ya está en marcha. La intención del gobierno de desaparecer organismos constitucionalmente autónomos. La necesidad de mejorar los servicios de salud, principalmente los dedicados a atender a los mexicanos que no cuentan con seguridad social, y la posibilidad de padecer las consecuencias de cambio climático en forma de desastres relacionados con sequías o entrada de huracanes, son algunos de los riesgos políticos y sociales más importantes para 2024.
Seguridad: Rotas, marcas en homicidio doloso y extorsiones
Generar condiciones de seguridad para los mexicanos es una de las asignaturas pendientes y constituye una de las “papas calientes” que deja el gobierno para 2024.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), pese a las declaraciones triunfalistas de la administración federal, que afirman que ha ocurrido una reducción sostenida de los delitos y la violencia, se han roto los récords negativos de homicidios dolosos, desaparición de personas, extorsiones, narcomenudeo, trata de personas y delitos relacionados con la violencia de género.
- Tan solo si se comparan los indicadores de seguridad de los primeros 59 meses de la actual administración, contra los del mismo periodo de las dos anteriores, el homicidio doloso ha crecido 55.8%, respecto del sexenio de Felipe Calderón y 14.8%, respecto del de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Francisco Rivas, director del ONC, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 170,000 víctimas de homicidio doloso (a noviembre de 2023).
Las estadísticas indican que, a octubre pasado ya se alcanzó una tasa de 110 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que, en todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se registró una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que el sexenio del presidente Felipe Calderón, la tasa fue de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El experto destaca que, si a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre de 2024, no ocurriera ningún homicidio, aun así, el actual será el sexenio más violento de la historia del país.
Por su parte Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada consideró que, en materia de extorsión, la delincuencia ha rebasado a las autoridades.
Llamó la atención que se estima que alrededor de 97% de ese tipo de delitos no se denuncia.
- Ante esa situación, dijo que es necesario fortalecer las estrategias para combatir ese delito, particularmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda e, incluso, involucrar en la solución, a la Coordinación Nacional Antisecuestro, generando garantías para las víctimas.
Asimismo, fortalecer las estrategias para detener el tráfico ilegal de armas y la investigación de delitos.
Para Francisco Rivas, lo relevante es que falta estrategia, acciones, resultados y presupuesto suficiente para atender ese problema público.
Estimaciones del ONC, señalan que para revertir el rezago presupuestal en materia de seguridad pública y justicia (y sólo para tener los niveles que se tenían en 2018), se necesita agregar al gasto ya programado para 2024, al menos 225,000 millones de pesos.
Desaparecidos, otra deuda pendiente
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil aseguran que en México hay más de 140,000 personas desaparecidas; sin embargo, el gobierno federal asegura que son 12,000.
Al respecto Francisco Rivas destaca que el gobierno no reconoce 46,000 personas desaparecidas durante la presente administración federal, que son más de las que desaparecieron en los dos sexenios anteriores.
- El pasado 14 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que hay poco más de 62,000 registros de desaparecidos de los que no se dispone de datos suficientes para identificaros o buscarlos.
Poder Judicial: Relación del Ejecutivo con la SCJN, causa encono
Las tensiones entre el poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el nombramiento de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las precarias relaciones entre magistrados de la sala superior de esa institución, constituyen otro de los riesgos políticos para 2024.
Desde principios del año en curso la consultora Integralia consideró entre su lista de 10 riesgos políticos para 2023 la relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial.
- Eso, debido a que ese centro de análisis estratégico identificó que el Ejecutivo federal mantenía los ataques contra el Poder Judicial de la Federación con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para el presidente, como la reforma electoral, la militarización, las políticas de “austeridad”, el magisterio educativo, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Así como ocurrió con el Instituto Nacional Electoral (INE) en los primeros años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, libra hoy una batalla contra el poder Judicial, a quien lo acusa de casi todas las dificultades que ha enfrentado su administración, para generar buenos resultados.
El episodio con el que cerró en 2023 ese encono fue la designación directa de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ante el rechazo de la oposición en el Senado (en dos intentos) para aprobar a alguna de las propuestas del presidente, por considerar que se trataba de personas muy cercanas al presidente López Obrador y por lo tanto se dudaba de que serían independientes a la hora de ejercer sus funciones en un poder que constituye un contrapeso al poder Ejecutivo, el mandatario terminó decidiendo quien sería la nueva ministra.
La oposición en el Senado dejó que el presidente de la República cargara con el estigma de haber designado de manera unilateral a alguien que no contó con la aprobación de la oposición, aunque su designación cumpliera con los requisitos legales.
- Pero ese, es tan solo uno de tantos episodios de rispidez entre ambos poderes. Una señal del mal estado que guarda la relación es el hecho de que el presidente no acudió a la presentación del primer informe de labores de la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, ocurrido el 14 de diciembre pasado.
- Es la primera vez, desde la reforma judicial de 1995, que un presidente de la República, en su carácter de titular del poder Ejecutivo, no acude al informe del titular del poder Judicial.
Pero, eso no es el único frente delicado entre el gobierno federal y sus seguidores en el Congreso de la Unión contra el Poder Judicial.
Concluyó el periodo de sesiones de la legislatura federal y no solo no se designaron a los dos magistrados faltantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino que se descartó un periodo extraordinario para ello en el Senado de la República.
Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en febrero de 2024, cuando se continue con el proceso de nombramiento hoy en pausa.
Además, es necesario que el Senado designe a los magistrados en cinco salas regionales y uno de la Sala Especializada.
Todo ello, a pesar de que ya inició el proceso electoral más grande de la historia del país, el 2 de junio próximo, en donde se renovarán la presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federal, nueve gubernaturas, además de una serie de legislaturas locales y presidencias municipales./Agencias-PUNTOporPUNTO
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