Desde enero de 2020, niñas, niños y adolescentes de la comunidad de Acotapaxtlán, en Guerrero, denunciaron que el grupo delictivo de Los Ardillos tenía tomada la zona, lo que, por temor a ser “levantados”, asesinados o desaparecidos, les impedía asistir a la escuela.
- Las autoridades hicieron caso omiso y hoy esos niños forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y en lugar de tener libros en las manos, tienen fusiles, con los que buscan proteger a su comunidad del crimen organizado.
Sobre este caso, a inicios de abril de este año se difundieron imágenes de unos 30 niños, de entre seis y 11 años, que se unieron a la policía comunitaria en Ayahualtempa, en el municipio José Joaquín de Herrera, en la montaña baja de Guerrero. En el acto, los menores enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador:
«No somos sicarios, somos niños comunitarios y apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad nahua (…) Si no hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno nos brinde seguridad, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios». Acto seguido, realizaron disparos al aire.
- Esta no es la primera vez que un grupo de niños y adolescentes realiza un performance como parte de su integración a la policía comunitaria en Guerrero. El reclutamiento inició el 23 de enero de 2020, pero la diferencia es que en esa ocasión los menores portaban palos, no armas de fuego.
- Las organizaciones civiles Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y Reinserta alertan que este tipo de situaciones hacen que la infancia en México normalice la violencia generada por la guerra contra el crimen organizado, lanzada en el gobierno de Felipe Calderón y que ha trascendido en el del priista Peña Nieto hasta legar al actual sexenio de López Obrador.
«El tema de fondo es que las autoridades siguen sin responder no solo a la lucha contra el crimen organizado y el control territorial, sino que no están tocando a las redes de macrocriminalidad. De tal manera que los niños y las niñas están siendo entrenados para proteger su vida y su comunidad. Es muy crudo lo que está sucediendo, pero es una postal de estos niños armados con fusiles en lugar de tener libros en las manos en un país en guerra», dice en entrevista Juan Martín Pérez, director de la Redim.
Para Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, los grupos de autodefensa en México son un mensaje muy fuerte sobre la ausencia del Estado de derecho.
«Y el uso de los niños es un olvido al fortalecimiento de las instituciones que deben velar por la infancia», lamenta.
La configuración de las policías comunitarias
En abril de 2011, el estado de Guerrero publicó la ley 701 , que da reconocimiento jurídico a la Policía Comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias como sistemas de justicia indígena.
Es decir que, en los hechos, las comunidades indígenas de Guerrero tienen derecho constitucional de configurar su propia seguridad a diferencia, por ejemplo, de Michoacán, donde surgieron las autodefensas como una manera de responder al control territorial de los grupos criminales.
Para cuando se emitió la ley 701, México ya llevaba cinco años en guerra contra el crimen organizado, que se desplazó a la sierra de Guerrero, donde la siembra de amapola es uno de los principales negocios y donde, poco a poco, se fueron registrando altos índices de violencia sexual y desapariciones de niñas, niños y adolescentes.
También en 2011, el Comité de Derechos del Niño de ONU emitió recomendaciones al Estado mexicano destacando la situación de reclutamiento, el incremento de la desaparición forzada —que para entonces había más de 2,000 casos— y los homicidios, todo como consecuencia de la estrategia de seguridad.
Esto es porque la misma guerra contra el narcotráfico contribuyó al reclutamiento de menores de edad y persona jóvenes por parte de los grupos delictivos. La Redim destaca que la incorporación se dio desde 2006, pero la estadística de niños y niñas dentro de las organizaciones criminales estalló en 2012, con el cambio de gobierno.
«El que las autodefensas operen como una manera de protegerse frente a la fuerza de los grupos criminales, permitió que se normalizara que estos involucren a los menores». Juan Martín Pérez
La diferencia entre el reclutamiento que hacen los grupos criminales y el que hacen las autodefensas, es que, en el primero, la incorporación es forzada, los menores son obligados a presenciar o cometer ejecuciones y su «trayectoria como sicarios» suele ser breve. Mientras que en el segundo se trata de una defensa por y para su comunidad.
«Las autodefensas son su propia familia y comunidad, están protegidos y hacen performance con armas; en este sentido, los niños no han sido llevados a puestos de combate contra los grupos criminales, aunque los colocaron en riesgo cuando dispararon (en el último reclutamiento), es la lógica de protección en la que se encuentran. Y en el caso de los grupos criminales, hacen reclutamiento forzado y esto implica todas las violaciones a sus derechos humanos; a los niños los convierten al sicariato y los hacen presenciar actos de barbarie o los hacen partícipes como una manera de comprometerlos», explica Juan Martín Pérez.
Además, el crimen organizado usa a los menores como informantes, porque no les son confiables.
«Sabemos que en las fosas clandestinas se han encontrado muchos cuerpos de adolescentes. Entonces, es posible que sean asesinados en poco tiempo para evitar que sean testigos ante las autoridades», agrega el activista.
Como ejemplo está el discurso de Edgar ‘N’, ‘el Ponchis’, un adolescente de 14 años quien en 2010 fue conocido mediáticamente como «el niño sicario» al servicio de los Beltrán Leyva, y el de uno de los adolescentes que este mes de unió a la policía comunitaria de Ayahualtempa.
Mientras que el primero confesó haber cometido cuatro asesinatos desde que tenía 11 años por órdenes del cártel, el segundo narra cómo la comunidad tiene urgencia por protegerse de Los Ardillos, que, acusa, «levantaron» a su papá.
«Esta expresión de reclutamiento (en las autodefensas) tiene como prioridad protegerlos, más que exponerlos a un hecho delictivo o criminal, porque se da desde las comunidades, que es contrario a lo que hacen los grupos criminales. Por supuesto que no es correcto y no deberíamos avalarlo, pero sí debemos marcar esa diferencia», indica el director de la Redim.
Juan Martín Pérez destaca que el reclutamiento de menores de edad, de acuerdo con los estándares internacionales, es un crimen de lesa humanidad, por lo que el Estado mexicano puede llevar a los líderes criminales ante la Corte Penal Internacional, pero, enfatiza, no hay voluntad por parte de los gobiernos para proteger a la infancia.
Saskia Niño de Rivera dice que, a pesar de las diferentes entre el reclutamiento que hacen las autodefensas y el que hacen los grupos delictivos, al final ninguno prioriza el interés superior de la niñez y la responsabilidad recae en los menores.
«Es lo mismo un menor reclutado por las autodefensas, armado en un contexto de violencia, a un niño que está reclutado por el crimen organizado. Al final del día les venden la idea de la lealtad, de hacer frente, de hacer comunidad, y eso también es un discurso que trae el crimen organizado», considera la fundadora de Reinserta.
La urgencia es proteger a la infancia y no permitir que los niños normalicen la violencia. Saskia Niño de Rivera/EXPANSIÓN-PUNTOporPUNTO
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