Hay casi 400 MIL PERSONAS DESPLAZADAS en MÉXICO por distintos motivos

El desplazamiento interno forzado en México es una devastadora realidad que afecta a cientos de miles de personas cada año. En 2023 se estimaba que había casi 400 mil personas desplazadas por distintos motivos en distintas regiones del país.

• La violencia por la disputa del control territorial de las organizaciones criminales es el principal detonante de los desplazamientos; no obstante, centenares de familias y comunidades enteras también se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la intolerancia religiosa y por los efectos de los desastres naturales.
• De acuerdo con expertos, el nuevo gobierno, que encabezará la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá ante sí un “reto monumental”, que será visibilizar y atender este fenómeno que afecta a miles de personas de todas las edades.

El desplazamiento forzado en México no es del todo atribuible a las actuales autoridades estatales o federales, pues en muchos casos data de hace muchos años. Lo que sí es un hecho es que se trata de un fenómeno que no ha merecido la atención adecuada por parte de las instituciones del Estado.

Esta problemática es tan invisible, que no existe una institución de carácter nacional dedicada a su atención, como sí la hay en el caso de los desaparecidos.

Tampoco existen cifras oficiales ni estudios auspiciados por organismos del Estado y no se cuenta con una ley de carácter nacional que establezca mecanismos de atención a las víctimas, pues el único intento de tener algo así que se realizó, se fue a la congeladora del Congreso en 2020.

“La movilidad forzada de mexicanos no está ni siquiera bien comprendida, ni medida, ni visualizada. Es una problemática social de las más graves que tenemos y de las menos consideradas, lo que hay que corregir rápido”, sintetizó Tonatiuh Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un flagelo en crecimiento

Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024 (GRID, por sus siglas en inglés) a finales de 2023 se estimó que en México 392 mil personas vivían desplazadas como consecuencia del conflicto y la violencia, “la cifra más alta desde que se tienen registros en el país, en 2009”.

La cifra aportada por el GRID es cercana a la de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en marzo de este año calculó en 386 mil las personas desplazadas de manera forzada.

De acuerdo con el GRID, el año pasado en México se contabilizaron 11 mil desplazamientos internos por “conflictos y violencia”, lo cual significó un aumento del 20% respecto a 2022.

“Chiapas fue el estado más afectado, como resultado de los combates entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los dos grupos históricamente han luchado por sus bastiones en los estados del norte, pero han expandido su presencia por todo México y Guatemala, con el que Chiapas comparte una frontera”, se indica en el informe.

El desplazamiento más significativo por dicha violencia ocurrió entre el 21 y el 26 de mayo en la ciudad de Frontera Comalapa, en la zona limítrofe con Guatemala.

• “Los enfrentamientos provocaron alrededor de cuatro mil desplazamientos, algunos de los cuales se produjeron por temor al reclutamiento forzado”, señala el análisis elaborado por el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados.
• En 2023 se registró un total de 196 mil desplazamientos internos por desastres naturales. La devastación en las costas de Guerrero por el paso del huracán Otis provocó 187 mil desplazamientos, la cifra más alta relacionada con este fenómeno en el país, según el reporte.

Sin embargo, especialistas consultados por ejecentral coinciden que estos números son apenas estimaciones de la magnitud real del problema, debido a que el dolor y la incertidumbre que enfrentan estas familias permanecen invisibles para gran parte del país.

“La movilidad forzada de mexicanos no está ni siquiera bien comprendida, ni medida, ni visualizada. Es una problemática social de las más graves que tenemos y de las menos consideradas, lo que hay que corregir rápido”, puntualizó Guillén López.

Sin una ley u organismo que a nivel nacional aborde el fenómeno y articule una respuesta, el Estado mexicano sigue sin reconocer al desplazamiento interno forzado como una crisis humanitaria grave que no ha recibido la atención que amerita.

“El miedo nos hizo salirnos”

Fue en julio de 2020 cuando Benjamín comenzó a notar cada vez más seguido que pasaban las “caravanas de trocas” por su rancho. A partir de ahí, “ya nada fue igual”.

El acoso de gente armada que circulaba por los pueblos y las rancherías de Jerez y parte de Fresnillo, al desatar balaceras a la menor provocación, escaló al grado que comenzaron a llevarse a la gente por la fuerza, mientras que a otros los mataban.

“Nos tocó estar en medio de un territorio que se lo estaban disputando los grupos criminales. El miedo nos hizo salirnos”, contó Benjamín Carrillo Guzmán, uno de los tres mil desplazados por la violencia en esa región.

• Fueron un total de 18 comunidades donde “no se pudo más”, y ante la indiferencia de las autoridades estatales y municipales, sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas y tierras para huir del fuego cruzado.
• Cuauhtémoc Espinoza Jaime, líder de la organización social Parlamento Campesino de Zacatecas, unificó el reclamo de justicia de las decenas de familias afectadas, y fue así como en marzo de 2022 los desplazados de Jerez se organizaron para manifestarse a las afueras de Palacio Nacional en busca de apoyo.

“Sí nos recibieron, salió personal ahí del Gobierno y nos dijeron que nos ayudarían con los destrozos en nuestras casas, por cómo quedaron de las balaceras y nuestras necesidades, pero también nos dijeron que Zacatecas no era prioridad”, recordó Benjamín

Y a tal grado llegó la indiferencia de las autoridades estatales, que “ni vinieron a hacer campaña aquí, porque ya sabían que andaba la violencia muy dura y que las comunidades ya estaban solas”, señaló, respecto a la elección de 2021, en la que fue electo David Monreal Ávila como gobernador.

La mayoría de las familias que en 2021 huyeron de la violencia de plano se fueron del municipio, e incluso de la entidad. Y las que se quedaron ahora padecen otras inclemencias, como la falta de servicios públicos, de educación y salud.

• De Palmas Altas, comunidad de donde es originaria la familia de Benjamín, sólo queda el 30% de su población. Y de 70 familias que había en Villahermosa, otra de las localidades afectadas por la violencia en Zacatecas, sólo permanecen cuatro.

“Aquí en Palmas éramos la única comunidad que sí tenía dos maestros para primaria, uno para secundaria, y un maestro para kínder, que eran ocho niños en el ciclo escolar que pasó, pero lo van a cerrar porque sólo hay cinco niños. Mi hijo se va a quedar sin cursarlo”, lamentó Carrillo Guzmán.

En cuanto a atención médica, refirió que a principios de año volvieron a abrir la Casa de Salud en el rancho de Cieneguitas de Fernández, donde acuden pobladores de varias comunidades, la cual habían cerrado por la falta de doctores practicantes, quienes se van de un día para otro.

A sólo unos 40 minutos de distancia de su rancho, Benjamín reconoció que la incertidumbre y el temor para los desplazados de Jerez siguen latentes, pues asegura que la única forma para acabar con la violencia es “arrancarla de raíz”.

“Todavía nos siguen teniendo una base militar de Guardia Nacional que está en una casa prestada de unos vecinos y nos sentimos de algún modo seguros, pero una ocasión se retiraron como dos meses, no pasó mucho tiempo, cuando de vuelta empezaron a verse trocas de malandros, como que ya querían volver a hacer nido”, dijo.

Aún con la esperanza de que las cosas mejoren, Benjamín indicó que, aunque quisiera moverse a otro lado, su trabajo en el campo apenas le da para mantener a su familia, incluyendo a su papá y a su mamá de 86 y 80 años, respectivamente.

“Quienes estamos aquí seguimos queriendo echar raíces para no salirnos, pero si empiezan a quitarnos el kínder y después nos quitan la primaria, o se nos va la seguridad, pues nos hacen que nos salgamos también; estamos con la incertidumbre de que los grupos (criminales) puedan volver y obligarnos a salir de nuevo”, comentó, en tono de resignación.

• Junto con Michoacán y Chiapas, Zacatecas se ubica entre las entidades con más víctimas de desplazamiento forzado en el país.
• Según el reporte Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al cierre de ese año se estimaron tres mil 693 personas desplazadas en seis municipios y 56 localidades del estado.

Aunque en 2021, en Zacatecas se promulgó una ley específica para abordar el desplazamiento forzado interno, la cual establece un marco de protección y asistencia para las personas afectadas, éste no se ha cumplido a cabalidad, como reclaman diversas organizaciones sociales.

El reflejo de una crisis

En vísperas de que el 14 de septiembre se cumplan 200 años de la anexión de Chiapas a la Federación, la entidad que históricamente se ha visto afectada por conflictos territoriales y religiosos atraviesa por una escalada de violencia que ha intensificado la crisis de desplazamiento interno en la región.

Para Gerardo González Figueroa, académico-investigador del Colegio de la Frontera Sur, antes del levantamiento zapatista de 1994 Chiapas ya enfrentaba desplazamientos internos por motivos de índole político-religioso, que se agudizaron en las décadas de 1970 y 1980.

El académico explicó que el conflicto zapatista exacerbó este problema, generando desplazamientos dentro de comunidades que no querían alinearse con el zapatismo o que seguían siendo religiosas y no podían hacerlo por la presencia de los rebeldes.

Pero fue a finales del siglo XX y principios del XXI, con la aparición de los cárteles de la delincuencia organizada, que el desplazamiento forzado se agudizó por las disputas entre los grupos criminales.

“Hace como tres años se destapa una confrontación entre dos cárteles, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que llevan la disputa armada a la zona fronteriza, particularmente a Frontera-ComalapaChicomuselo, pero se fue extendiendo en un contexto de una violencia incontrolada”, subrayó.

• En la opinión del profesor de la Unidad San Cristóbal del Ecosur, el Estado mexicano debe entender que los desplazamientos forzados por la violencia armada en Chiapas son un “problema transnacional”, que involucra un creciente consumo de drogas y de tráfico de armas de alto poder, y que pone en mayor vulnerabilidad a las comunidades de toda la región.
• A tal punto han llegado los índices de violencia y el dominio de los grupos criminales en varios ejidos y comunidades, que por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez comenzaron a aplicar toques de queda, en los que “a partir de las 10 de la noche si te ven afuera, pasa la camioneta y te levantan”, sostuvo González Figueroa.

Gerardo González criticó la falta de respuesta y de conocimiento de la situación por parte del gobierno, señalando que las autoridades tienden a minimizar el problema sin comprender la complejidad de la violencia que afecta a otras entidades de la región como Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y que tiene repercusiones en el flujo migratorio
hacia Estados Unidos.

“El tejido social no se reconstruye sólo con dar despensas. Se tienen que reconstruir los niveles organizativos y de diferencia. En prospectiva, una sociedad de ahora, como la de Chiapas, que es sumamente compleja y diversa, tiene el problema de que va al abismo, y es lo que no está entendiendo el Estado mexicano”, subrayó.

• En 2012 Chiapas se convirtió en la primera entidad del país en contar con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Sin embargo, a 12 años de su publicación, apenas en marzo de este año el Poder Judicial concedió un amparo para que el gobierno del estado emita el reglamento de dicha ley.

El amparo otorgado al Instituto Federal de la Defensoría Pública también ordena la creación del Fondo Estatal para la Contingencia, Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, y del Registro Estatal de Población Desplazada, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

En los primeros días de 2024, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer el desplazamiento de al menos dos mil 300 pobladores de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, advirtiendo entonces “una verdadera crisis humanitaria”.

Antes de que la violencia generalizada causara la mayor cantidad de desplazamientos internos en el país, la intolerancia religiosa ya era una amenaza silenciosa que dividía a comunidades enteras. Y no ha cesado.

La resistencia y el choque cultural y frontal por la diversidad de religiones ha implicado la existencia de cerca de 40 mil personas desplazadas por motivos estrictamente religiosos en Chiapas.

• De acuerdo con Esdras Alonso González, líder del movimiento Alas de Águila, esta intolerancia religiosa se ha visto notablemente marcada a lo largo de la historia en alrededor de 100 comunidades en ocho municipios, entre los cuales destacan pueblos de Chamula, Zinacantán, Mitontic, Huixtán, y San Cristóbal de las Casas.
• Para el líder evangélico, es “innegable” que existe un “vacío de poder”, donde se originan estos desplazamientos, ya sea por intolerancia religiosa o por violencia.

Aseguró que “muchas veces no es porque el Estado no quiera intervenir para solucionar los conflictos, sino porque las mismas poblaciones ponen condiciones de no querer dialogar, porque están presionados o tienen acuerdos”.

En ese sentido, apuntó que “no solamente es un tema del gobierno sino también del conflicto de la propia sociedad civil, que está muy polarizada; el activismo en estas regiones rebasa a las autoridades municipales y estatales, pero no es un tema de hoy, esto ha ocurrido en los últimos 30 años”.

Leva y trata de evangélicos

De acuerdo con información documentada por el activista Oscar Moha, el hostigamiento hacia congregaciones religiosas en esa región, particularmente hacia las de corte evangélico, ha implicado el desplazamiento forzado de al menos 23 familias en Pantelhó, 11 en Chicomuselo, una decena en La Concordia, y cuatro más en Socoltenango, así como la huida de alrededor de cuatro pastores, uno hacia el vecino país de Guatemala y tres al estado de Oaxaca.

• El líder de la asociación civil Libertad y Dignidad detalló que ante las reuniones masivas que organizan las alianzas de pastores en diversas comunidades de Chiapas, el crimen organizado exige el pago de extorsión, el llamado “derecho de piso”, lo que ha detonado el aumento del número de familias desplazadas, pero también comete otros crímenes que, asegura, no son investigados.

“Algunos pastores, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, han denunciado la desaparición de niñas menores de 15 años, que las eligen para explotación sexual, y a los muchachos los reclutan para trabajos forzados del narco o como ‘halcones’, pero aseguran que las autoridades están coludidas con las bandas criminales o de tratantes de personas”, refirió Moha.

Expulsados por su fe

El próximo 26 de agosto se cumplirán cuatro meses de que 34 familias de los poblados de Coamila y Rancho Nuevo, en el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, fueron expulsadas de sus hogares por el hecho de cambiar de religión.

El acoso por intolerancia religiosa que desde finales de 2016 sufrieron alrededor de 174 personas, quienes decidieron convertirse al cristianismo, los orilló a que el 26 de abril pasado tuvieran que abandonar sus hogares bajo la amenaza de ser “retenidos” si intentan regresar.

Desde entonces están resguardados en el auditorio municipal de Huejutla, el cual se ha convertido en su casa temporal, pero también en su escuela, su centro de salud, y un lugar para hacer deporte y actividades recreativas y culturales.

Entre los desplazados se encuentran alrededor de 70 menores de edad, que incluyen lactantes, niños y adolescentes, que no cuentan con servicios de educación y salud, aunque han recibido clases improvisadas impartidas por los mismos integrantes de la comunidad.

“A los niños se les privó totalmente de la educación, los sacaron de las escuelas, no tienen acceso a los servicios de salud, los adultos mayores no tienen ningún tipo de ayuda. Los hermanos han estado aislados, solos y aunque acudían a las instancias municipales, a la subsecretaría de gobierno, nunca fueron atendidos”, aseguró Jonathan Gómez, misionero en la región de la Huasteca.

El detonante de este desplazamiento se dio cuando en 2016, el ahora pastor Rogelio Hernández, un influyente catequista y presidente escolar en Coamila, dejó el catolicismo y se convirtió al cristianismo.

• “Se vino la intolerancia religiosa porque los hermanos se negaban a participar en la comunidad con la iglesia católica, una institución a la que ya no pertenecía, pero querían seguir colaborando en cuestiones de faenas públicas en las escuelas, en la delegación, en el gobierno de la comunidad, pero fue cuando empezaron a hostigarlos y orillarlos a desplazarlos”, refirió Gómez.
• Según los testimonios, el acoso por parte de la comunidad católica, ante la indiferencia o a veces complacencia de la autoridad municipal, creció cuando comenzaron a apoderarse de sus tierras; a los niños se les prohibió el ingreso a las escuelas, les negaron los programas sociales, y el punto crítico se alcanzó cuando les cortaron el suministro de servicios básicos, como el agua y la luz.

De acuerdo con los testimonios consultados, la mayor negligencia se dio por la omisión del expresidente municipal, Daniel Andrade Zurutuza, hoy diputado federal electo, quien se negó a brindar el apoyo para que regresaran a sus comunidades.

“De parte del gobierno no ha habido nada de avances y ahora sabemos que los tres niveles de gobierno están enterados de la situación, pero no ha habido solución. El gobierno municipal se ha visto rebasado y se lavan las manos”, acusó Jonathan Gómez, quien ha fungido como un enlace con la comunidad desplazada.

Ley general, en la congeladora

En septiembre de 2020, con 395 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pero no fue ratificada por el Senado, por lo que seguimos sin contar con un ordenamiento de carácter nacional en la materia.

En la minuta turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado, la Comisión Bicameral reconoció que el desplazamiento forzado interno era “una emergencia nacional”, y el Inegi informó que en ese año 262 mil 411 personas migraron de forma interna por problemas de inseguridad y violencia. Pero la ley se fue a la congeladora.

A cuatro años de distancia, sin un nuevo proyecto y sin que a nadie le interese dictaminar y aprobar dicho ordenamiento, los desplazamientos internos forzados se han agudizado y expandido a varias entidades y regiones del país.

Además de municipios y zonas de Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, los epicentros locales de este fenómeno también incluyen comunidades de los municipios de Yécora, Arivechi, Quiriego y Caborca, en Sonora; la zona serrana de Badiraguato, Choix, y El Fuerte en Sinaloa, y las ciudades de Mazatlán y Culiacán, consideradas con una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa.

• La violencia criminal también ha causado estragos en el desplazamiento de familias en Mante y las ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
  Lo mismo ha ocurrido hacia el sur, en San Mateo del Mar y Santiago Yaitepec, en Oaxaca; así como en la zona montañosa central de Orizaba, Córdoba, y Zongolica, y diversas áreas de Papantla y Poza Rica, en Veracruz.

En el estado de Jalisco se han reportado desplazamientos en la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios de Mezquitic y Bolaños.

En todas las regiones citadas, “el eje común es el rol agresivo de la violencia, de la inseguridad y del control territorial de las organizaciones criminales que llegan a apoderarse de las comunidades, o de prácticas económicas”, sostiene Tonatiuh Guillén López.

En Michoacán, por ejemplo, el tema del aguacate o del limón se convirtió en una cuestión compleja por el rol del crimen organizado. En Tamaulipas, un líder empresarial denuncia extorsiones y es asesinado; o en Ensenada, la directiva de una asociación empresarial de pesca denunció lo mismo y también fue asesinada, y todo eso es reflejo de “una crisis nacional muy cruda, muy severa, pero que no está visibilizada”, dijo.

“Cerrar espacios a la impunidad”

Para el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), si bien hay esfuerzos de organismos de la sociedad civil o de Naciones Unidas que tratan de sistematizar la problemática, el hecho de que el proyecto de una legislación especial siga en la congeladora, significa que, “desde la perspectiva del Gobierno federal no es un asunto prioritario, no es relevante”.

• Parte de la solución, apunta Guillén López, pasa por una estrategia de Estado basada en la inteligencia y la reducción de la impunidad, en la que se asuma “la responsabilidad de erradicar control de organizaciones criminales”.
• El exfuncionario puntualizó que “la reducción de las tasas de impunidad va a generar que estas prácticas violentas cesen, y que además tengan efectivamente costos para quien las comete, pues ahorita la tasa de impunidad es de 98%, ¿cuál es la inhibición que tienen los delincuentes? Ninguna”.
• En ese sentido, el también expresidente del Colegio de la Frontera Norte subrayó que “no es una estrategia de violencia la que resuelve, es cierto. Pero tampoco una estrategia de abrazos la que resuelve, pues está demostrado que ha resultado muy costosa e ineficaz”

“Hay necesidad de construir una estrategia de justicia en el sentido amplio, desde la prevención, inteligencia y no impunidad, cerrar espacios a la impunidad. Ahora hacer un delito en México prácticamente no se castiga, entonces, una de las metas esenciales tiene que ser reducir las tasas de impunidad.”, subraya.

• El doctor en Ciencias Sociales apuntó que, al no haber compromiso ni políticas estratégicas en esa dirección, el próximo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene ante sí un reto monumental: visibilizar y atender una crisis humanitaria que ha sido ignorada por demasiado tiempo.

“Hay muchas rutas ya planteadas, por lo pronto el Estado con lo que está haciendo en esa materia no puede cantar victoria. Lo único que hay que desear es que se tome conciencia y gire la política, gire la visión del Estado, porque no pueden seguir siendo las mismas (estrategias) definitivamente”, enfatizó./Agencias-PUNTOporPUNTO