La ruta de negocios de Odebrecht en México abarca tres sexenios: el último periodo de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a quien le quedan 79 días en el poder. El negocio más fuerte fue con Petróleos Mexicanos (Pemex). Le avaló decenas de convenios por miles de millones de dólares.
- Las irregularidades en los contratos otorgados al conglomerado brasileño entre 2005 y 2017 incluyen sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados –además de los señalamientos por pago de sobornos– que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad.
- En el primer –y último– informe parcial de la Cuenta Pública 2017, la ASF detectó que Pemex tiene 3 mil 500 millones de pesos pendientes por aclarar de las cuentas públicas 2015 y 2016. En el caso de Odebrecht, el informe hace observaciones por 1 mil 191.32 millones de pesos que corresponden a tres contratos adjudicados, de manera directa, a la constructora brasileña.
- Uno de esos títulos fue para el “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el Proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo”. Otro para la “construcción de accesos y obras externas” para el mismo Proyecto. Y uno más para el “desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca”.
- De acuerdo con la ASF, hasta 2016 se realizaron observaciones a las transacciones entre Pemex y Odebrecht por 1 mil 250 millones de pesos, de los cuales sólo se han aclarado 59 millones.
Acerca del monto en vilo, la ASF recalcó que se debe a costos fuera de mercado, pagos en demasía, indebidos y en exceso por la incorrecta integración del porcentaje de financiamiento, así como pagos excesivos por la falta de ajuste de costos indirectos, además de aquellos no respaldados por concepto de suministro de agua para rellenos.
- En este largo camino de 12 años, políticos del talle de Emilio Lozoya Austin (director de Pemex entre 2012 y 2016), Javier Duarte de Ochoa (Gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016), Felipe Calderón Hinojosa (Presidente de México entre 2006 y 2012), e inclusive Enrique Peña Nieto (actual Primer Mandatario), han sido señalados de participar en un juego de opacidad y de corrupción.
- Sobre Calderón Hinojosa y Peña Nieto descansa la omisión de sus respectivas administraciones en dos momentos clave que marcaron la agenda de procuración y administración de justicia en México.
- El primer momento tuvo lugar en febrero de 2011 cuando la ASF alertó a la federación acerca de las graves irregularidades en las contrataciones de Pemex a Odebrecht. La administración panista encabezada por Calderón era la responsable de revisar el caso, pero dejó que la impunidad robara base.
- El segundo momento fue en diciembre de 2016 cuando México supo que varios de sus funcionarios públicos habían recibido millonarios sobornos para conceder licitaciones públicas a la constructora brasileña. Al igual que con Calderón, en el sexenio del Presidente Peña no hay avances en las investigaciones por corrupción.
- Emilio Lozoya Austin carga con señalamientos por haber recibido sobornos (por al menos 10 millones de dólares) entre 2012 y 2014, a cambio de ayudar a Odebrecht a conseguir licitaciones con Pemex. Javier Duarte de Ochoa, por su parte, también se vio implicado en un escándalo de corrupción entre agosto de 2010 y febrero de 2011.
En este periodo, las más grandes inversiones de la empresa en Veracruz –la modernización de la Refinería de Minatitlán y la construcción de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos– estaban en curso. Fue en este lapso cuando Odebrecht realizó una transferencia de 3.7 millones de pesos a una compañía fantasma (Blunderbuss Company de México) vinculada al ex Gobernador veracruzano.
El escándalo de Odebrecht en México, tratándose de proyectos de seguridad energética y de infraestructura logística, es un tema de seguridad nacional, dijo a SinEmbargo el doctor Rodrigo Soto Morales, académico-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
El experto en seguridad nacional comentó que un acto de corrupción con “proporciones desorbitantes” en cuanto al desvío de recursos públicos, de impuestos y derechos no pagados, o de licitaciones mal adjudicadas –como lo es el caso de Odebrecht– puede “comprometer la seguridad nacional” por la falta de “law enforcement” (o de aplicación de la ley) que refleja.
- “Una de las características de acuerdo a la ley de seguridad nacional, es que cuando se pone en peligro la permanencia del desarrollo y la existencia de las instituciones que concretan la soberanía del Estado, en este caso, las instituciones encargadas de cumplir la ley, […] seguramente se afecta la soberanía”.
- Según Soto, la impunidad no sólo pone en riesgo la soberanía nacional, sino que además, arriesga la legitimidad de las autoridades en función. Un fenómeno que, de acuerdo con el maestro José Antonio Zavaleta Landa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vulnera al Estado en sus capacidades legales y ejecutivas, pues “aún vivimos en una cultura de no buscar los trapitos a nuestros jefes, porque a final de cuentas, son los que nos pusieron allí”.
Odebrecht, sin castigo en México
Hasta la fecha y a partir de la denuncia de 2016, la Secretaria de la Función Pública (SFP) tiene vigente una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quienes resulten responsables en la comisión de ilícitos. Más allá de los señalamientos de corrupción, sólo una persona ha sido objeto de un proceso penal en su contra, aunque no por parte de las autoridades mexicanas.
- En enero de 2018, el Ministerio Público de Perú emitió una orden de captura en contra del empresario mexicano Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, buscado por formar parte del llamado “Club de la Construcción”, un grupo de empresarios ligados a Odebrecht que consiguió contratos de obra pública en Perú, a cambio de sobornos.
- En Brasil, las acciones de procuración de justicia han sido directas. El 8 de marzo de 2016, un juez brasileño sentenció a Marcelo Odebrecht (presidente de la constructora) a 19 años y 4 meses de prisión.
- La sentencia dictada correspondió a los cargos de “corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir”, derivado del pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras (la corporación semipública de petróleo de Brasil). También, 77 directivos de la compañía han sido investigados o encarcelados en el país sudamericano.
- La situación de Odebrecht en México ratifica los hallazgos del nuevo informe de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. Dicho documento señala que, en México, el cumplimiento de la Convención contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es mínima o nula.
- Por ello, la organización internacional urgió la necesidad de que, en el marco de una nueva administración, las autoridades federales garanticen las condiciones necesarias para que la Fiscalía General pueda investigar, perseguir y castigar a aquellos funcionarios públicos y personas físicas y morales (nacionales y extranjeras) que incurran en ilícitos./ CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO- PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
