Trabajadoras de la Guardería que se incendió en Hermosillo, Sonora, cobrando la vida de 49 menores hace una década, acusan que la CEAV les ha negado el reconocimiento de víctimas a pesar del estrés postraumático que sufren, lo que les ha impedido acceder al tratamiento médico que necesitan afectando su vida familiar
Hace una década, un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, enlutó a México. El 5 de junio de 2009 fallecieron 49 niños, cuyos padres han luchado por obtener justicia hasta el día de hoy.
Sin embargo, las historias de algunas asistentes educativas, “las maestras” como son conocidas, no se escucharon, quedaron en el olvido. La sociedad les dio la espalda.
- “No conocen nuestra versión, el otro lado de la moneda”, expresan al compartir sus testimonios de lo que ha sido su peregrinar para que se les reconozca también como víctimas de la Guardería ABC.
- Para calmarlas, ese día del accidente, los doctores les dieron Clonazepam y Sertralina, medicamentos para atender ataques de pánico y estrés postraumático. Actualmente algunas todavía consumen fármacos para superar el trauma.
- Las maestras solicitaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las reconociera como parte de los agraviados, pero su petición fue rechazada
Además, no cuentan con una pensión digna y, al no soportar la carga emocional, sus vidas familiares se han visto gravemente afectadas.
Las educadoras desconocen si la Fiscalía General de la República (FGR), al reabrir la investigación del caso, les imputará algún delito por acción u omisión en el incendio de la guardia subrogada por el IMSS, pues como ellas dicen: “no somos culpables”.
Actualmente no han sido notificadas en caso de que se requiera ampliar su declaración.
- Es por ello que llevaron su reclamo a Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la esperanza de encontrar una solución a los problemas con los que cargan desde hace más de una década.
Piden ser reconocidas como víctimas
- Alma Dinorah Lucero Banda, Perla Alejandra Moreno Olguín, Mónica Alejandra Tanori Garibay, Ana Dignorah Valenzuela Nieblas y Guadalupe Bobadilla Pardo, cinco asistentes educativas, y Sylvia Edith Torres Ruiz y María Eugenia Galvez, dos trabajadoras de las 42 empleadas que laboraban en la guardería, decidieron mandar una carta al jefe del Ejecutivo.
Las exigencias de las educadoras son una pensión digna, acceso al CAICE, que se les reconozca como víctimas y que se les repare el daño de manera integral
Tres pidieron apoyo a su familia y a conocidos para poder viajar a la ciudad de México. Su objetivo, entregarle la misiva al presidente López Obrador con tres demandas.
Una pensión digna, ya que cuatro de ellas no tienen ese beneficio y el resto recibe entre 700 y mil 300 pesos mensuales.
Que todas tengan acceso al Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) del IMSS, ya que solo dos tienen esa prestación.
Que se les reconozca como víctimas y que se repare el daño de manera integral porque fueron diagnosticadas con estrés postraumático.
A las maestras no las liquidaron conforme a la ley. “No tengo dinero y no tengo cómo pagarles”, recuerdan que les gritó Sandra Luz Téllez, una de las socias de la guardería.
“Nosotros qué íbamos a hacer, ni modo de pelear por algo económico, era más grande el dolor”, señala Perla Alejandra Moreno Olguín.
A los dos meses, presionaron a Mónica Alejandra Tanori Garibay para firmar el finiquito.
A 10 años de distancia puedo decir que fue una injusticia lo que vivimos ahí, lo que nos hicieron a nosotras, porque violaron nuestros derechos humanos, – Mónica Alejandra Tanori Garibay
Las maestras rindieron su declaración ante la entonces PGR; participaron en la reconstrucción de hechos y dieron su testimonio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que realizó una investigación.
“Todo el mundo se acercó solo para usarnos. Se acercaron los ministros para usarnos, para sacarnos información. Se acercó mucha gente nada más para usarnos y criticarnos y después nos echaron la culpa en lugar de echarle la culpa a quienes causaron el incendio”, lamenta Lucero Banda.
Luego llegaron las dificultades para volver a conseguir empleo. Perla Alejandra Moreno intentó colocarse en otras dos guarderías, pero no logró trabajar nuevamente como asistente educativa. Los dos días que fue a trabajar no podía dejar de llorar. Hoy es ama de casa. No tiene un ingreso económico ni pensión.
Por su parte, Alma Dinorah Lucero Banda se desempeña como recepcionista en una oficina; su pensión es de mil 300 pesos.
- “A todos los trabajos donde íbamos nos tachaban como maestras ABC, como si no sirviéramos para trabajar”.
- Mónica Alejandra Tanori Garibay estudió leyes para defenderse, para pelear por sus derechos y levantar la voz. Logró que le otorgaran una pensión de 700 pesos mensuales.
- “Queremos que se nos reconozca como víctimas porque nosotros no somos culpables, también somos víctimas, también vivimos lo mismo”, clama Perla Alejandra Moreno Olguín./REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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