Cuando los miembros del Parlamento Europeo se reunieron este mes para leer el primer contrato públicamente disponible para la compra de vacunas contra la COVID-19, notaron que faltaba algo. De hecho, faltaban muchas cosas.
¿El precio por dosis? Censurado. ¿El calendario de entrega? Censurado. ¿La cantidad de dinero pagado por adelantado? Censurada.
Y ese contrato, entre la empresa farmacéutica alemana CureVac y la Unión Europea, es considerado como uno de los más transparentes del mundo.
- Los gobiernos han invertido miles de millones de dólares para ayudar a las compañías farmacéuticas a desarrollar vacunas y están gastando miles de millones más para comprar las dosis. Pero la mayoría de los detalles de los acuerdos con esas empresas siguen siendo secretos. Los gobiernos y las organizaciones de salud pública han accedido a las exigencias de las farmacéuticas que piden mantener los pormenores en secreto.
Apenas han transcurrido algunas semanas desde el inicio de la campaña de vacunación, pero ese secretismo ya está dificultando el proceso de rendición de cuentas. Las compañías farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca anunciaron hace poco que no iban a poder cumplir con sus plazos de entrega en Europa, lo que ha causado una preocupación generalizada debido a la propagación de las variantes peligrosas del virus. No obstante, los términos de sus contratos siguen siendo secretos muy bien guardados, lo que complica interrogar a los funcionarios de la compañía o del gobierno sobre responsabilidades o soluciones.
Sin embargo, los documentos disponibles sugieren que las compañías farmacéuticas exigieron y obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal. En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender las dosis, una prohibición que podría obstaculizar las iniciativas de llevar vacunas a los países pobres.
- Los gobiernos están firmando al menos tres tipos de acuerdos de vacunas: algunos les compran directamente a las empresas farmacéuticas. Otros compran a través de organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana. Muchos recurrirán al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por su sigla en inglés), una alianza de más de 190 países que está comprándoles a las farmacéuticas con el objetivo de que las vacunas estén disponibles en todo el mundo —en especial en los países pobres— de manera gratuita o a un costo reducido. Algunos gobiernos han firmado acuerdos tanto con fabricantes como con COVAX.
Estados Unidos ha reservado 400 millones de dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, una cantidad suficiente para 200 millones de personas, y está cerca de ordenar 200 millones de dosis adicionales para el verano, con opciones para comprar hasta 500 millones más. También tiene acuerdos de compra anticipada para más de 1000 millones de dosis de otras cuatro compañías cuyas inoculaciones aún no cuentan con la aprobación regulatoria de Estados Unidos.
- La Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea que negocia en nombre de sus 27 Estados miembros, tiene casi 2300 millones de dosis bajo contrato y está negociando por unos 300 millones más, según datos recopilados por UNICEF y Airfinity, una empresa de análisis científicos.
- COVAX dice que tiene acuerdos por poco más de 2000 millones de dosis de vacunas, aunque también mantiene sus contratos en secreto. Solo alrededor de una docena de los 92 países que califican para recibir los subsidios de vacunas que otorga la alianza han logrado asegurar acuerdos con compañías individuales, por un total de 500 millones de dosis.
A pesar del secretismo, algunos documentos gubernamentales y normativos, declaraciones públicas, entrevistas y deslices ocasionales han revelado algunos detalles importantes sobre los acuerdos de vacunas. Esto es lo que sabemos hasta el momento.
Los gobiernos ayudaron a la creación de las vacunas
Desarrollar vacunas es una empresa arriesgada. Las compañías rara vez invierten en la fabricación hasta que están seguras de que sus vacunas son eficaces y pueden obtener la aprobación del gobierno. Esa es parte de la razón por la que suele tomar tanto tiempo desarrollarlas y distribuirlas.
Para acelerar este proceso, los gobiernos —principalmente los de Europa y Estados Unidos— y organizaciones sin fines de lucro como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), absorbieron parte o la totalidad de ese riesgo.
Estados Unidos, por ejemplo, se comprometió a destinar hasta 1600 millones de dólares para ayudar a la empresa Novavax, con sede en Maryland, a desarrollar su vacuna contra el coronavirus, según documentos normativos. La CEPI aportó hasta 400 millones de dólares en subvenciones y préstamos sin intereses.
- Otras empresas han recibido incluso más ayuda. La compañía de biotecnología de Massachusetts, Moderna, no solo utilizó tecnología desarrollada por el gobierno como la base de su vacuna, sino que también recibió cerca de 1000 millones de dólares en subvenciones gubernamentales para desarrollar el medicamento. Luego, en agosto, el gobierno realizó un pedido inicial de la vacuna por 1500 millones de dólares. La compañía ha dicho que el proyecto fue pagado en su totalidad por el gobierno federal.
Este tipo de acuerdos se diseñaron para ayudar a las empresas a iniciar la fabricación y cubrir costos como los de las pruebas clínicas.
Pero las empresas se quedarán con las patentes
A pesar de las enormes inversiones de los contribuyentes, normalmente las empresas farmacéuticas son propietarias absolutas de las patentes. Eso significa que las compañías pueden decidir cómo y dónde se fabrican las vacunas y cuánto cuestan. Como se explica en el contrato de CureVac, la compañía “tendrá derecho a explotar de manera exclusiva” esos derechos de propiedad.
- Esto ha sido motivo de discordia durante meses. Una coalición de países, liderada por India y Sudáfrica, ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha respaldado esta idea, pero ha sido prácticamente condenada por la oposición de Estados Unidos y Europa, cuyas farmacéuticas afirman que las patentes —y las ganancias derivadas de ellas— son el sustento de la innovación.
“Los gobiernos están creando una escasez artificial”, dijo Zain Rizvi del grupo de monitoreo Public Citizen. “Cuando los ciudadanos financian el conocimiento requerido para poner fin a una pandemia, eso no debería permanecer en secreto”./NYT-PUNTOporPUNTO
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