El Gobierno federal nuevamente rechazó la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender su recomendación por el cierre de estancias infantiles.
El viernes pasado, ese órgano autónomo envió un oficio a las secretarías de Bienestar y Hacienda, al DIF nacional y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en el que les solicitaba reconsiderar su negativa a la Recomendación 29/2019.
- “Me permito hacer de su conocimiento que las razones que fundan y motivan la respuesta a la recomendación que nos ocupa se encuentran publicadas desde el pasado 24 de junio de 2019, mediante el oficio SB/SDSH/200/435/2019, el cual se encuentra disponible en el portal de la Secretaría de Bienestar”, indica la respuesta de Bienestar, entregada a la Oficialía de Partes de la CNDH el 9 julio a las 16:00 horas.
- Una respuesta similar fue enviada a la Comisión por parte de las otras tres áreas involucradas.
- De acuerdo con funcionarios relacionados en el tema, el Gobierno federal ha sido muy claro en que no atenderá la petición de la CNDH, porque se excede en sus facultades.
La Recomendación 29/2019 advertía que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador violó los derechos de niños, padres y trabajadores al cerrar las estancias.
- Además, consideró que el entregar dinero en efectivo a los papás no garantiza que sea invertido en el desarrollo del menor y acusó al Gobierno de dejar fuera del nuevo censo a al menos 6 mil niños.
- Ante este panorama, la CNDH emitió 32 exigencias a estas cuatro dependencias.
- Por ejemplo, a Bienestar le demandaba el pago retroactivo del subsidio que recibían las 9 mil 582 estancias; le daba un plazo de tres meses para crear un instrumento que diera seguimiento al funcionamiento de las estancias; le exigía actualizar en dos meses el padrón de niñas y niños; y efectuar un diagnóstico sobre la situación de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
A las otras dependencias pidió reponer el presupuesto a las estancias infantiles, garantizar dinero a aquellos programas enfocados en la niñez, y coordinar la supervisión y vigilancia de las estancias infantiles.
Sin embargo, el Gobierno afirmó que entregar el dinero directamente a los padres permite que éstos busquen la mejor opción para atender a sus hijos, e insistió en que las estancias cometieron actos de corrupción y era un peligro para los mejores.
- “Aceptar esta recomendación es permitir el robo de mil 49 millones del erario público”, indicó la respuesta de Bienestar del 24 de junio./DIARIO EL MUNDO-PUNTOporPUNTO