Una vez que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha concluido su revisión acerca del uso del presupuesto federal, es de alertar y preocupar las millonarias cantidades que se usó de manera irregular de parte de diversas autoridades e instituciones del Gobierno, que hasta la fecha no han podido aclarar justificar y más aún devolver.
- Para efectos de la auditoria significa algo mucho más preocupante pues representa la estimación del «daño a la Hacienda Pública» provocado por las autoridades cada año, es decir, cuánto dinero de los mexicanos fue utilizado de mala manera y no ha sido recuperado, ni hay evidencias de dónde quedó.
Según observaciones hechas por fuentes al interior del propio Gobierno, el dato parcial del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que bajo su administración hay 303 mil 544 millones de pesos de los cuales no se tiene la certeza de cómo o dónde terminaron. Es importante recordar que aún faltan los hallazgos de la revisión de 2024, por lo que todavía no puede darse por cerrado el recuento de las millonarias cifras desaparecidas en la administración del ex presidente López Obrador.
El informe de la ASF identifica un preocupante patrón de opacidad en diversas secretarías e instituciones clave del país. Las irregularidades no son aisladas, sino una constante en prácticamente todos los sectores del gobierno federal:
- Secretaría de Salud e IMSS: Se detectaron anomalías por 1,257 y 1,245 millones de pesos respectivamente, montos que equivalen a presupuestos completos de hospitales de alta especialidad. Esto, en un país donde los servicios de salud enfrentan graves deficiencias.
- Secretaría de Turismo y PEMEX: 2,593 y 2,058 millones de pesos fueron utilizados de manera irregular en estas dependencias, una cantidad comparable con el presupuesto de proyectos de infraestructura clave.
- Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Birmex y PEMEX Exploración y Producción: Con más de 8,599 millones de pesos sin aclarar, estas instituciones reflejan un desorden financiero que contradice la promesa de administración eficiente de los recursos públicos.
- Gobiernos estatales y municipales: El 40,801 millones de pesos en irregularidades dentro de estos niveles de gobierno evidencia que la corrupción no es exclusiva del ámbito federal. Estados como Estado de México, Tabasco, Nuevo León, Baja California Sur y Morelos encabezan la lista de entidades con más desvíos.
Estos datos no solo son cifras alarmantes, sino que representan recursos que debieron destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura y que, en cambio, han quedado en la nebulosa de la opacidad gubernamental.
Becas Benito Juárez
Si hay un hallazgo que indigna especialmente, es el de las irregularidades en la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, uno de los programas insignia de la actual administración. La ASF detectó pagos a 486 alumnos fallecidos por un monto superior al millón de pesos.
El informe señala que se realizaron 513 pagos después del fallecimiento de los beneficiarios, evidenciando una falta de control y transparencia en la gestión del programa. Además, se identificaron pagos a 19,984 alumnos que ni siquiera estaban inscritos en las escuelas correspondientes, acumulando un total de 101,314 pesos de recursos entregados sin justificación.
Si bien la Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ) aseguró haber depurado el padrón con información del Registro Nacional de Población (Renapo), persisten 110 pagos indebidos a 106 alumnos, sumando 374,500 pesos de daño patrimonial. Esto incumple directamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que debería derivar en sanciones, pero hasta ahora no se han anunciado consecuencias concretas.
El impacto de estas anomalías no es solo financiero, sino social. Mientras miles de estudiantes en situación de vulnerabilidad enfrentan dificultades para acceder a la educación, el gobierno estuvo otorgando becas a personas fallecidas y a estudiantes inexistentes. Un escándalo que refleja no solo ineficiencia, sino una burla a quienes realmente dependen de estos apoyos.
- El discurso oficial ha insistido en que la corrupción ha sido erradicada, pero los datos demuestran lo contrario. Año tras año, los hallazgos de la ASF reflejan que el mal uso de los recursos públicos sigue siendo una constante en la administración federal. Si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto ostenta el mayor monto de desvíos con 738 mil millones de pesos, la administración de López Obrador ya acumula 303 mil millones de pesos sin justificar y aún falta la auditoría de 2024.
Este panorama evidencia que no basta con discursos ni con señalamientos al pasado para acabar con la corrupción. La ASF ha hecho su trabajo al exponer las irregularidades, pero corresponde a las autoridades investigarlas y sancionar a los responsables. Sin embargo, hasta ahora, la impunidad sigue siendo la norma.
En un país donde se habla de transformación, lo único que parece haber cambiado es la narrativa, porque los desvíos y la corrupción siguen tan vigentes como antes./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
