Tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, dudoso origen de recursos económicos y lucro indebido para sus empresas por su vínculo familiar con Marta Sahagún son parte de los señalamientos que tres comisiones de investigación de la Cámara de Diputados hicieron entre 2005 y 2009 a Manuel y Jorge Bribiesca.
- Las comisiones denunciaron la reiterada negativa de las instancias del gobierno federal, tanto en la recta final de la administración de Vicente Fox, como al inicio del régimen de Felipe Calderón, para entregar la información requerida.
- No obstante, los hijos de Sahagún promovieron una demanda de garantías y obtuvieron en 2007 una resolución a su favor que impediría atender las conclusiones y recomendaciones del primer grupo de trabajo integrado durante la 59 Legislatura y presidido por la hoy senadora morenista Martha Lucía Micher.
- La Unidad de Inteligencia Financiera rastrea posible lavado de dinero en las finanzas de los Legionarios de Cristo, cuyo líder Marcial Maciel, fue cercano a Marta Sahagún, quien de acuerdo con la agrupación religiosa, colaboraba con ellos.
- De acuerdo con el informe final de la primera “Comisión Bribiesca” presentado en febrero de 2006, los legisladores hallaron elementos constitutivos de faltas administrativas y probables delitos en casos como la adjudicación de créditos litigiosos de mil 700 viviendas a Construcciones Prácticas SA de CV en una subasta del IPAB, así como contratos de Pemex con Oceanografía y de la Secretaría de Comunicaciones con Facopsa, todas ellas empresas ligadas con Manuel y Jorge.
- De hecho, la tercera comisión investigadora, conformada en 2007, evitó “tomar en consideración algún tipo de juicio, acción y/o recomendación rendido por las anteriores comisiones”, en acatamiento a la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
- En sus conclusiones determinó, sin embargo, que la adjudicación de bienes inmuebles a la empresa Construcciones Prácticas en cuatro subastas del IPAB fueron “ilegales” e “irregulares” por incumplir los requisitos de ley para participar en dichos procesos, además de acceder a información privilegiada e incurrir en conflicto de intereses.
Ante esas irregularidades y toda vez que los actos jurídicos celebrados con Construcciones Prácticas SA de CV representan un daño al patrimonio del Estado, resulta procedente ejercer las acciones judiciales correspondientes en contra de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados por haber dejado de observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, señaló el grupo encabezado por Elías Cárdenas, entonces diputado de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).
La fracción del PAN se deslindó del informe y, en defensa de los hermanos Bribiesca, calificó de improcedente iniciar cualquier acción de fincamiento de responsabilidad administrativa contra algún servidor público, pues a su juicio se acreditó el apego a la legalidad en los procesos de enajenación investigados.
El grupo a cargo de Martha Lucía Mícher denunció en su informe final “incumplimientos, lenidad y mala fe” por parte de instituciones públicas que se negaron a entregar la información requerida por la Cámara de Diputados en el marco de sus facultades de investigación.
La comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos formuló recomendaciones a Función Pública y Hacienda, así como la Auditoría Superior de la Federación, para profundizar la investigación y, en su caso, sancionar a los responsables, sin obtener una respuesta afirmativa al respecto./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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