Han transcurrido 11 años desde el primer plazo que se dio a las instituciones de seguridad pública para garantizar a la población policías confiables y sin vínculos con grupos delincuenciales.
- El 10 de marzo del 2021 es la nueva fecha que se ha establecido por las autoridades federales para que en las calles haya elementos certificados, capacitados y honestos.
- Desde el 2009, cuando entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión y el Consejo Nacional de Seguridad Pública han aprobado tres prórrogas sobre las certificaciones.
En el artículo tercero transitorio de dicha ley, aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón, originalmente se dio un plazo de un año para la certificación de policías en todo el territorio nacional, lo cual no se cumplió.
La primera prórroga, no obstante, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 28 de diciembre del 2012, tras negativas de Calderón para ampliar el plazo de certificación.
- En el DOF se indicó que un día después de la entrada en vigor del decreto se daría “un plazo de 10 meses” para la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país.
- Al no cumplirse el objetivo, se aplicó una segunda prórroga que fue publica en el DOF el 29 de octubre del 2013.
- En la segunda ampliación se dio un nuevo periodo de 12 meses para que los estados certificaran a sus policías, algo que tampoco se cumplió.
Fue a mediados del 2019 cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública avaló dar un nuevo plazo para las certificaciones de los policías, que va del 10 de septiembre del 2019 al 10 de marzo del 2021.
- De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta marzo pasado los gobiernos de los estados tenían una fuerza de 125,091 policías, es decir, una cobertura de un elemento por cada 1,000 habitantes.
- De estos elementos, 121,235 (96.9%) habían sido evaluados en control de confianza y el resto obtuvo resultado no aprobatorio, por lo que debían ser dados de baja de las corporaciones estatales, previa indemnización.
Según Naciones Unidas, el estándar internacional de policías debe llegar a 2.8 elementos por cada 1,000 habitantes.
Para marzo del 2021, 100% de los elementos operativos en activo de la policía estatal deberá contar con resultado aprobado y vigente en las evaluaciones en materia de control de confianza que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y contar con su Certificado Único Policial. Cabe destacar que la vigencia de dicha evaluación será de tres años.
A nivel federal
A finales del 2018, el gobierno federal presumía 100% de certificación y depuración policiaca. Sin embargo, la nueva administración que tomó posesión el 1 de diciembre de ese año decidió crear la Guardia Nacional, cuyos elementos deberán también ser certificados como máximo en marzo del 2021.
En entrevista, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una organización que se ha dedicado a estudiar los procesos de desarrollo policial, y Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, coincidieron en que la certificación y depuración de las corporaciones de seguridad no se ha materializado debido a la falta de voluntad de los gobernadores.
Recordaron que entre el 2014 y 2015, la Fuerza Civil de Nuevo León pudo lograr 100% de certificación de sus elementos, gracias a una inversión de los empresarios del estado para equipo, capacitación y salarios de los elementos.
- Sin embargo, cuatro años después, Nuevo León bajó a 52.2% el nivel de certificación en sus policías. Lo anterior —expusieron Morera y Rivas— debido a que el actual gobierno estatal redujo la prioridad de ese tema, así como el presupuesto.
- A decir de ambos especialistas, para evitar una nueva prórroga y que los gobiernos estatales logren consolidar a sus corporaciones de seguridad, es necesario primero certificar a las propias instituciones federales y estatales, y luego a sus elementos. “¿Cómo van a certificar si ellas no han sido certificadas?”, preguntó Morera.
Los expertos puntualizaron que dichas instituciones deben garantizar que cumplen con los requisitos que marca la ley para brindar capacitación, equipamiento, salarios justos y sistema de ascensos para sus elementos.
“Algo en lo que hemos insistido es en que sí es importante la certificación del individuo, pero también la certificación de la institución, y esto es lo que todavía no existe. Los procesos han sido incipientes, porque cuando se empezó el proceso de certificación se pensó que se iba a contar con recursos crecientes para la seguridad, y aquí hay un gasto de seguridad de 1.2 (%) del PIB y en los últimos dos sexenios lo que ha habido es menos dinero, por eso no se pueden hacer muchas pruebas toxicológicas o el polígrafo, porque para eso se requiere contar con todos los insumos”, planteó Francisco Rivas.
“En México, en cada sexenio se quieren reinventar. Cambian los funcionarios y con ello la forma de abordar el tema. Cada uno que llega cree que trae las mejores ideas; rompen con lo que se hizo antes, reinventan y cuando se dan cuenta de que la regaron, ya es muy tarde. Así no se puede avanzar. Eso fue lo que le pasó a Nuevo León, invirtieron mucho dinero, entraron los empresarios, hicieron un programa de desarrollo humano para la policía, con buenos sueldos y luego llego este gobernador (Jaime Rodríguez Calderón) y todo lo echó para atrás”, dijo Morera.
Asimismo, Causa en Común consideró que el Congreso no ha escuchado a la sociedad civil para legislar en materia de seguridad. María Elena Morera opinó que legisladores han sido omisos en escuchar las demandas de la sociedad y ejemplificó con la aprobación de la Guardia Nacional, la cual se solicitó que tuviera un mando civil.
“A última hora le quitaron un párrafo al cambio constitucional y quedó como una estructura militar, aun cuando se acordó que fueran civiles quienes la dirigieran (la Guardia Nacional), se quitó esa esencia de lo que se había pactado con la sociedad”.
Morera planteó que desde el Poder Legislativo se puede crear una ley para fortalecer al SESNSP para contar con los recursos suficientes, no sólo para la coordinación de estrategias de seguridad, sino para reclutar y profesionalizar a las policías./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
