De acuerdo con la auditoría 001/2020 realizada a la Coordinación General de Infantería de Marina, cuyos resultados le fueron comunicados a esa área el pasado 6 de marzo, se encontró que “el personal de Infantería de Marina que, sin estar comisionado a la Guardia Nacional o en la Brigada de Policía Naval, participa en órdenes de operaciones para la reducción a la violencia en los estados, o que participa en coadyuvancia en labores de seguridad pública, no cuenta con parámetros de conocimientos mínimos para la participación en este tipo de operaciones”.
- En la auditoría se revisó de manera particular la supervisión, por parte de la Coordinación General de Infantería, de los batallones número 5 y 7 en donde se encontró que la falta de capacitación se debe a “insuficiente personal en las unidades operativas para la capacitación, por excesiva carga de trabajo”.
- Cabe mencionar que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se han dado más tareas a las Fuerzas Armadas. Este lunes, El Economista informó que se han desplegado 2,203 elementos para el resguardo de puertos y aduanas —además de las tareas que ya desempeñan en seguridad pública—, de los cuales 1,034 son marinos.
- El pasado viernes, en la conferencia presidencial matutina se informó que en total la Marina cuenta con 31,892 efectivos operativos de los cuales 85%, es decir 27,110, se encuentran desplegados en el territorio nacional.
Como consecuencia por la falta de capacitación, la SFP a través del Órgano Interno de Control de la Marina alertó en el informe de auditoría que pueden suscitarse “denuncias ante el Ministerio Público o ante el Órgano Interno de Control de la Semar (Secretaría de Mariana), quejas y recomendaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por actuación del personal de Infantería de Marina en operaciones de reducción de la violencia en los estados o apoyo en actividades de seguridad pública”.
Como recomendación correctiva, se solicitó al área responsable de la doctrina y el desarrollo profesional de las Unidades de Infantería de Marina, en coordinación con la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la Unidad Jurídica, que determinen “el marco legal base para cada una de las diferentes operaciones en las que se participa (…) así mismo, se deberán de desarrollar protocolos, directivas y/o procedimientos con la finalidad de tener un sustento jurídico en las acciones realizadas por las Unidades de Infantería de Marina”.
En el informe se dio como plazo para resarcir la falta de capacitación el 6 de mayo pasado, no obstante, no hay información disponible que permita constatar que se realizaron las recomendaciones y adecuaciones señaladas.
El presidente López Obrador afirmó el 14 de mayo pasado, en su conferencia de prensa, que tenía “elementos para sostener que tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina, hay una transformación, un proceso hacia el respeto de los derechos humanos, se está trabajando mucho en ese sentido”./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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