De 2006 a 2015 en Jalisco fueron incinerados mil 581 cuerpos no identificados, lo que privó a familiares de personas desaparecidas de la posibilidad de alcanzar la verdad y justicia, denunciaron activistas y familiares este miércoles en rueda de prensa.
- «Llego a la conclusión de que no solamente en el momento que ya no encontramos a nuestros hijos es la única desaparición que han tenido. Cuando no identifican los cuerpos, de una u otra manera los vuelven a desaparecer», subrayó María del Rosario Cervantes, madre de un desaparecido en la entidad.
- A lo anterior, de acuerdo con el estudio “Incineraciones de cuerpos no identificados, crímenes sin justicia”, presentado ayer por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y la Fundación Heinrich Böll, del que MILENIO guarda una copia, se suman los intentos de entrega de cenizas a familiares de personas desaparecidas, muchas veces por medio de intimidaciones y sin mediar pruebas genéticas.
- Es el caso de Rosario Hernández, quien relató cómo un Ministerio Público intentó amedrentarla con un arma de fuego y le dijo «de valientes está lleno el cementerio». Reiteró que su lucha es por conocer el paradero de su hijo, por lo que se negó a recibir cenizas que las autoridades aseguraban eran las de él.
- «Le dije (al agente) ‘no puedo aceptar cenizas si no está el cuerpo, quiero ver el cuerpo (…) porque yo no autoricé que incineraran a mi hijo’. Y me preguntó ‘¿qué quiere que hagamos?, ¿no es suficiente lo que tiene? Ahí están las fotografías, hay las huellas dactilares, hay todo, es su hijo», narró.
Lamentó el hermetismo de las autoridades y que hayan desechado pruebas de una investigación abierta «por motivos de higiene».
- «Cuando yo no quería aceptar cenizas por las buenas, estaba tratando de intimidarme para que por miedo aceptara (…) Todo fue mentira, todo fue un engaño. Esa gente me hizo mucho daño», remató.
NEGLIGENCIA
Los defensores de derechos humanos atribuyeron que la cremación de cuerpos sin identificar es resultado de “omisiones y negligencias” de parte de las autoridades de distintos niveles de gobierno, que terminaron por constituir múltiples violaciones a las garantías individuales.
- «Eso pinta de cuerpo entero a una autoridad estatal indolente, totalmente criminal, no hay otra forma de decirlo. Tener cuerpos sin identificar y permitir que se echen a perder pintó de cuerpo entero esas omisiones que durante décadas han ocurrido en Jalisco», denunció Cesar Pérez, del Cepad.
- Denunciaron que las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar están sus seres queridos. Los privaron «para siempre» de la posibilidad de recuperar el cuerpo de su ser querido y también de despedirlo conforme a sus creencias y tradiciones, reprocharon.
- Además, añadieron, a las personas incineradas se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte de manera adecuada y sin tener una sepultura digna y personalizada.
- Ana Karolina Chimiak, del Cepad, lamentó los intentos de justificar públicamente los hechos por los titulares de las instituciones públicas, quienes argumentaron que el marco legal permitía las incineraciones. «Dijeron que todo fue reglamentado y apegado a la ley, que las incineraciones se tuvieron que realizar por cuestiones de salubridad, que fue la otra institución la responsable o que era más digno incinerar un cuerpo que mandarlo a la fosa común», recordó.
Apuntó que aunque hay casos con más de 13 años de antigüedad, «nunca es tarde para la justicia». Por ello llamó a «recuperar la memoria de los hechos y reaccionar de manera adecuada conforme a su magnitud y su gravedad», pues si no se reacciona ahora «se materializaría en otra tragedia humana, la cual, como se puede ver en el caso de los tráileres, cada vez es más grave, más severa, más inhumana y sin precedente alguno».
COMPLICIDAD
Sobre si las omisiones y negligencias denunciadas obedecían a una complicidad de las autoridades con grupos del crimen organizado, Cesar Pérez sostuvo que «no es gratuito que el cártel de Jalisco haya surgido ahí».
- «No sabemos los alcances de estas relaciones, la profundidad en la que están de una manera cómplice autoridades y crimen organizado. Precisamente por eso estamos solicitando la intervención de las Naciones Unidas.
- “Hay un caso muy concreto que nos puede dar algunas pistas: en 2015 dejó de ser director de Inteligencia en la fiscalía general una persona que actualmente está presa en Texas por confesar que pertenecía al cártel de Jalisco Nueva Generación», concluyó./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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