El Gobierno federal fomenta la impunidad y la violación a la ley al tolerar actos vandálicos, disturbios, obstrucción de vías de comunicación, retención de personas y hasta agresiones a policías y militares, coincidieron especialistas consultados por 24 HORAS.
- Y es que en la actual administración grupos de maestros, estudiantes, taxistas y autodenominados anarquistas han colapsado vialidades, vías del tren y atentado contra las propiedades públicas y privadas, sin que exista actuación de las autoridades.
- Uno de los casos más recientes es el secuestro de conductores y unidades, por parte de jóvenes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río del municipio Tenería, Estado de México, como forma de presión para que atendieran sus demandas y lograron que funcionarios de la Secretaría de Gobernación negociara con ellos.
- “Lo que hicieron -los jóvenes- es un secuestro y si la autoridad local y federal no actúa en consecuencia, lo único que está generando es la pedagogía de la impunidad, entonces los tumultos, manifestaciones, actos en grupo pueden cometer cualquier ilegalidad”, aseveró Javier Oliva Posada, analista en Seguridad Nacional.
- A pregunta expresa si son funcionales las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, el especialista indicó que sirven para destrabar los temas, pero lo que ocurre es que nos están enseñando las autoridades que nos organicemos en grupo y violar la ley, además de obligarlos a que atiendan las demandas.
- Para el politólogo José Fernández Santillán, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades locales violentan la Constitución por tolerar que se obstruyan las vías de comunicación y se causen disturbios, sin ordenar el uso legítimo de la fuerza para restaurar el Estado de Derecho.
En entrevista con 24 HORAS, el investigador del Tecnológico de Monterrey manifestó que el gobierno actual está representado por un Presidente fuerte pero con un Estado de Derecho débil, debido a que cualquier grupo inconforme puede atacar la propiedad privada y pública para conseguir sus propósitos y sin consecuencias.
A su parecer, el riesgo es que en un futuro las manifestaciones se vuelvan más violentas, debido a que los grupos de protesta serán empoderados y de ante mano sabrán que no habrá castigo pese a los disturbios, daños o pérdidas económicas que puedan generar.
- “Existen las normas y sus leyes derivadas pero la autoridad o quiere aplicarla sea por impotencia, por una voluntad manifiesta de no cumplir la misión para lo cual fue electa, estamos asistiendo a una ilegalidad por parte de la autoridad pública, específicamente del Presidente de la República, quien ha dicho que no va a reprimir, pero no conoce que hay una gran diferencia entre aplicar la ley y reprimir”, indicó.
- Señaló que, por ejemplo, en represiones del Estado como la cometida en contra de estudiantes en 1968 se faltó a la ley por exceso de fuerza pero “también se puede faltar a la ley por omisión porque habiendo flagrancia, estando la autoridad enfrente de ellos, se les prohíbe que usen la fuerza legítima, es decir, que hagan la tarea para las que fueron preparados”.
- Con la orden al Ejército, Marina y corporaciones policiacas de aguantar las provocaciones de manifestantes y no impedir que causen destrozos e incluso dejar que los agredan, José Fernández Santillán consideró que se establece un estado de caos que puede derivar en anarquía.
- Sobre el mismo tema, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República escribió en su cuenta de Twitter que “la seguridad pública debe ser ajena a los vaivenes políticos. Los gobernantes la han hundido más con su centralización y la castración que les impide a policías y militares actuar o hacerlo en casos extremos, las consecuencias y daños son terribles.
- Al respecto, Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), expresó que las movilizaciones tienen un trasfondo político y puede estar financiado por el mismo gobierno o parte de una oposición política.
Con los expertos coincidió el vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila, quien acusó que el secuestro de más de 90 conductores de autobús por parte de normalistas en el Estado de México, el bloqueo de la capital por taxistas y los desmanes de los anarquistas son expresiones que demuestran que el Poder Ejecutivo secuestró el Estado de Derecho.
Al dejar de lado la ley, agregó, el gobierno propicia la impunidad en todos los sectores. Aclaró que no piden “mano dura”, sino simplemente la aplicación de la ley, porque un gobierno que no la cumple ni la hace cumplir es un gobierno que ha fracasado en su función primordial: garantizar la seguridad de los gobernados.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) llamó a los ciudadanos que estén sufriendo por la inseguridad en el país, a que hagan uso del artículo 10 de la Constitución y compren a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un arma de fuego para su protección. “En todos los hogares mexicanos, y en todas las familias debe de existir un arma de fuego para defensa de la familia, y en su caso usarla en legítima defensa”, dijo el diputado desde su curul./24 HORAS-PUNTOporPUNTO
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