El Ejército mexicano habría espiado con el programa Pegasus al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, así como a dos periodistas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos en una ocasión.
- De acuerdo con una investigación realizada por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, el programa habría sido utilizado, entre 2019 y 2021, en contra del defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, quien fue blanco de seguimiento por parte del Centro Militar de Inteligencia (CMI) que está bajo el mando directo del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
A través de una tarjeta informativa, elaborada por la inteligencia militar, el pasado 2 de septiembre de 2020 bajo el nombre “Actividades Raymundo Ramos”, se expone la intervención telefónica de Ramos por parte del CMI en la que sostuvo conversaciones con periodistas de El Universal, Televisa y El País, entre el 16 de agosto y el 26 de agosto, fechas que coinciden con los ataques registrados por Pegasus, según un análisis de Citizen Lab, un instituto de investigación en la Universidad de Toronto.
Exponen conversación con medios
El pasado 4 de marzo de este año, un análisis forense realizado por Citizen habría revelado que el teléfono de Ramos fue infectado por este programa entre el 16 y 18 de agosto y el 18 y 19 de agosto de 2020, mismo periodo en que esta casa editorial hizo pública la presunta ejecución de tres jóvenes en Nuevo Laredo.
- En ese periodo el Gran Diario de México público la autopsia de los jóvenes asesinados, luego de que soldados los confundieran presuntamente con miembros de la delincuencia organizada y se registraran 12 personas muertas después de un enfrentamiento, desmintiendo la versión oficial de la Sedena quienes asegurarón por medio de un comunicado de prensa emitido el pasado 17 de agosto del 2020, que los jóvenes asesinados habían sido secuestrados.
- Ramos apoyo a las familias afectadas quienes iniciaron un proceso de denuncia ante la fiscalía estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el apartado titulado como “información”, se da cuenta del resultado del espionaje, con la información sobre seis comunicaciones telefónicas de Ramos con tres periodistas.
“El 14 y 15 de julio, Ramos envió a una periodista una publicación de Twitter y un comunicado de prensa sobre la muerte de 3 civiles atribuida a militares, sin que la comunicadora le tomara importancia”, dice el documento.
Mientras que “el 17 de agosto de 2020 envió a un periodista del periódico EL UNIVERSAL, un video sobre la agresión del 3 de julio de 2020, para su edición y posterior difusión, dejando pendiente la probable entrevista a Ramos Vázquez y publicación, para retomar otras 5 quejas que ha interpuesto en contra de las autoridades que no han sido atendidas y difundidas por los medios de comunicación”, se lee en el reporte de la Sedena.
- En el siguiente punto, mencionan otra comunicación con una periodista del equipo de Denise Maerker, el 18 de agosto de 2020, donde le envió vía a Telegram “imágenes de la denuncia interpuesta por Raúl Tercero, por la supuesta muerte de su hijo Damián Genovés Tercero”.
- Fue hasta el 26 de agosto del 2020 cuando Ramos envió a un periodista y colaborador del diario El País las declaraciones del personal militar que participó en los hechos del 3 de julio.
- El reporte de inteligencia militar número 2001-1661, fue hallado entre los millones de archivos de la Sedena que fueron hackeados por el grupo Guacamaya en octubre del año pasado.
El informe secreto, indicó que los motivos de esta intervención se deben a que el Ejército dice que Raymundo Ramos trabaja para el “Cártel del Noreste”, aunque no ofrece evidencia alguna y solo describe sus comunicaciones privadas con víctimas y periodistas.
Estas irregularidades muestran que el objetivo del espionaje a Raymundo Ramos y los periodistas con los que se comunicaba fue «interferir ilegalmente» en las investigaciones acerca de los abusos militares del 3 de julio de 2020.
Los nuevos hallazgos filtrados por el colectivo Guacamaya se suman a una serie de evidencias que detallan que la Sedena utilizó el programa de espionaje que legalmente no puede operar en el país.
En tanto, el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas de Ramos.
Ejército investiga a activista por caso de Nuevo Laredo
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha acompañado casos de violaciones a derechos humanos desde hace 20 años, sobre todo a raíz de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por Felipe Calderón.
La más reciente situación ocurrió el 26 de febrero pasado, cuando siete jóvenes fueron atacados por militares y cinco de ellos murieron; Ramos también acompaña este caso.
- Ramos ha estado bajo el ojo político por su acompañamiento en casos de violaciones de derechos humanos y denuncias que involucran a soldados del Ejército mexicano que habrían acribillado a personas inocentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
- Los documentos revelados contradicen las declaraciones del presidente de la república López Obrador, quien prometió en su gestión no llevar a cabo este tipo de vigilancia “inmoral”.
El documento remata con un apartado de “recomendación”, donde sugiere que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter de confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”, según se lee en reporte elaborado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz.
Con todo lo anterior se confirmaría el espionaje por parte del gobierno de la 4T, perpetrado por el Ejército en contra de un defensor de derechos humanos.
El sistema de espionaje Pegasus es capaz de extraer grandes cantidades de información de un dispositivo digital sin ninguna alerta previa: textos, llamadas telefónicas, contactos, imágenes, incluso su ubicación.
- En el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se utilizo el “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” -que también uso la Sedena- para para adquirir licencias del programa espía Pegasus a través de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V, el cual fue utilizado por NSO Group para comercializar licencias de Pegasus ante la PGR y el CISEN.
El oficio secreto del Centro Militar de Inteligencia fue revisado y aprobado por el general Homero Mendoza Ruiz, quien en ese momento era titular del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN); por Conrado Bruno Pérez Esparza, titular de la Subjefatura de Inteligencia del EMDN, y por Gerardo Becerra López, el entonces director del CMI.
A pesar de todas las pruebas, el Ejército sigue negándose a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el espionaje con Pegasus./Agencias-PUNTOporPUNTO
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