El 37.3 por ciento de las personas recluidas en México, hasta finales del año pasado, no contaba con una sentencia, es decir, del total de la población internada en los centros penitenciarios federales y estatales, que ascendía a 233 mil 277 personas, 86 mil 984 se mantenían en prisión sin ser declarados culpables o inocentes.
No obstante, al contrastar las cifras de la población sin sentencia con respecto al 2022, la población privada de la libertad sin sentencia disminuyó 1.5 por ciento.
De acuerdo con el resultado de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal (Cnsipee-f) 2024, del total de la población recluida sin sentencia, 44.3 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa; 32.5 por ciento, en prisión preventiva justificada; 3.5 por ciento, en otro supuesto jurídico, y para 19.7 por ciento no se identificó el tipo de estatus jurídico.
- Y en los casos del Estado de México y Michoacán, 100 por ciento de su población penitenciaria sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa, aunque otras entidades con altos porcentajes de personas sin sentencia son Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Baja California o Chiapas.
- En contraste, las entidades con menos porcentaje sin sentencia son Baja California, Durango, Ciudad de México y Chihuahua, entre las principales.
Al cierre del año pasado había 233 mil 277 personas recluidas en los centros penitenciarios y centros especializados del país, estatales y federales, de los que 232 mil 003 eran adultos y mil 274 adolescentes. En 2017, el censo contabilizó 201 mil 903 personas privadas de la libertad, lo que significa que en seis años aumentó 15.5 por ciento la población penitenciaria, reveló el censo del Inegi.
- Entre los indicadores que se reportan, destaca que, del total de la población privada de la libertad, 212 mil 425, el 91.1 por ciento, corresponden al ámbito estatal y 20 mil 852 8.9 por ciento, al federal. Además, 94.3 por ciento de las personas encarceladas son hombres y 5.7 por ciento, mujeres.
Sobre el tiempo en espera de sentencia para las personas privadas de la libertad, seis de cada 10, en promedio, han tenido que esperar más de seis meses para obtenerla.
Al referirse a la infraestructura penitenciaria nacional, el Inegi detalló que, hasta el 2023, había 331 centros, de los que 14 son centros federales, 266 estatales y al menos 51 centros especializados; según los espacios, se reportó una tasa de ocupación —se calcula al dividir la cantidad de las personas internadas entre el número de camas útiles, y después la cifra se multiplica por 100— del 73.1 en los centros federales y de 105.9 en los estatales y especializados.
- El año pasado, los centros penitenciarios y especializados ejercieron un presupuesto de 43 mil 553 millones 993 mil 799 pesos, pero al comparar el recurso con un año previo, resulta que se tiene una disminución del 8.1 por ciento, ya que en ese año se destinaron 47 mil 385 millones de pesos. Lo anterior significa que al paso de los años hay mayor población penitenciaria, con menos recursos para su atención.
- Para realizar el censo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística se tomaron en cuenta unidades de análisis, como centros penitenciarios federales, centros penitenciarios y centros especializados estatales. El levantamiento del censo tuvo lugar del 19 de febrero al 17 de junio del 2024.
Sobre la situación penitenciaria, organismos internacionales han recomendado a México procurar acelerar los procesos de sentencia de las personas, pues hay casos que pasan varios años sin alguna, lo que afecta las garantías individuales de las personas, pues ha habido casos en los que, después de décadas, se les deja salir porque hubo errores en las carpetas de investigación.
ONU-DH urge condiciones dignas en cárceles del país
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado “respetuoso” al Estado mexicano, especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, a diseñar una política penitenciaria que garantice condiciones dignas de detención.
En un posicionamiento, detalló que la adopción del Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, al que aludió en campaña Claudia Sheinbaum, podría significar un parteaguas en favor de un sector de la población históricamente olvidado.
- Sostuvo que las inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento, los problemas de autogobierno y corrupción, los esquemas rígidos de aislamiento administrativo y las deficiencias en las políticas de reinserción, son algunos de los retos que han sido señalados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, además de que el abuso de la prisión preventiva y la existencia misma de la prisión preventiva oficiosa han exacerbado estos desafíos.
“Particularmente preocupantes son las condiciones de las mujeres privadas de la libertad. Instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Defensoría Pública han detectado, por ejemplo, la inobservancia de los derechos humanos en la prisión federal para mujeres en Morelos, lo que ha conducido a la muerte de 15 mujeres en los últimos tres años, algunas de ellas aparentemente por suicidio”, informó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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