La primera noche que Marco Antonio Pérez González pasó en libertad no quería dormirse, temía despertar al día siguiente y encontrarse en prisión.
- Su miedo era válido. Muchas veces, durante los 12 años que estuvo tras las rejas, soñó que estaba en su hogar, pero al abrir los ojos se hallaba en la cárcel.
- Él es uno de los seis defensores del agua del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco que pasaron entre 12 y 16 años de su vida en un penal, acusados de un asesinato que no cometieron y por el que fueron sentenciados a más de 50 años.
- En el tiempo que ha transcurrido de la administración encabezada por López Obrador se han liberado en total a 25 personas en todo el país por ser considerados presos políticos
- “El tiempo pasó y no fue un mes, un año, fue más de una década que estuvimos presos por una injusticia. Nosotros nunca fuimos criminales, a nosotros nos criminalizaron por defender nuestros recursos naturales, por defender nuestras aguas”, dice Marco, liberado con dos de sus compañeros el pasado 17 de febrero.
- Los otros cinco defensores indígenas son Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias y Pedro Sánchez Berriozábal. Todos ya se encuentran en libertad con sus familias.
- Su crimen: defender el agua de su comunidad, perteneciente al municipio de Tenango del Valle en el Estado de México.
- “Cada compañero hemos tenido pérdidas irreparables, pérdidas que ya no se van a recuperar. No son cosas materiales, aparte del tiempo que no se recupera, familiares que ya no están con nosotros y ya no hay remedio para eso”, lamenta Teófilo Pérez.
El caso de los indígenas nahuas de Tlanixco sentenciados a más de cinco décadas de cárcel por defender los recursos naturales de su comunidad es el más emblemático y busca ser el referente de los presos políticos que han obtenido su libertad en lo que va del sexenio.
En total hay 25 personas de todo el país que han dejado la prisión.
- “A lo largo de 16 años fueron objeto de un acto de abuso de autoridad en donde se vulneraron gravemente sus derechos humanos y se alteró la vida, no solamente de sus familias, sino de toda una comunidad que se opuso al despojo de un recurso fundamental”.
- Así lo reconoció Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el pasado jueves 11 de abril en una conferencia de prensa sobre los defensores.
- “Son 16 años de una injusticia que difícilmente se podrá reparar, pero habrá que empezar de nuevo para salir adelante y por supuesto que nosotros vamos a estar atentos para garantizar su tranquilidad y que puedan recuperarse de este tiempo perdido”
El funcionario dijo queactualmente se están revisando en el país 538 expedientes de hombres (479) y mujeres (59) que han buscado la intervención del Estado al señalar que sus derechos han sido vulnerados y se consideran presos políticos.
La mayoría de los casos se concentran en estados con problemas de desarrollo y marginación en comunidades indígenas y en zonas donde hay un conflicto permanente por los recursos naturales asociados generalmente a la explotación minera.
Guerrero encabeza la lista de solicitudes con 140 expedientes, Puebla ocupa el segundo lugar con 71, el Estado de México el tercero con 65, la Ciudad de México el cuarto con 52 y Oaxaca la quinta posición con 51.
- “Si queremos pacificar al país, si queremos una reconciliación y que haya justicia tenemos que cerrar esos expedientes con actos de justicia y reivindicación”, dijo Encinas Nájera.
- Entre las solicitudes de revisión de los posibles presos políticos están casos de ambientalistas, indígenas y opositores a la reforma educativa.
- En enero pasado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que aunque en el país no existe la figura de los presos políticos, se trata de personas que han sido encarceladas por manifestarse en contra del sistema./REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO
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