En los últimos dos sexenios, la violencia en México dio pie a graves y crecientes consecuencias, como el desplazamiento interno forzado y la migración masiva, traumas psicológicos, la falta de justicia, pérdidas económicas y ataques al ejercicio del derecho de libertad de expresión y al periodismo. “La guerra y el comercio de armas sólo han hecho que los problemas empeoren”, han asegurado las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
- Se sabe que al menos 37 mil 435 personas, de diciembre de 2006 a junio de 2018, fueron víctimas de desapariciones forzadas en México, mientras que a la par se cometieron 121 mil 35 homicidios con arma de fuego, de los cuales 16 mil 898 ocurrieron tan sólo durante 2017. La gran mayoría de estos crímenes continúan impunes, sin la apertura de investigaciones penales o sentencias, y sin una reparación integral para las víctimas.
- Datos oficiales, tanto de México como de Estados Unidos, revelan que la exportación legal de ar- mas y explosivos desde el vecino país del norte a la República Mexicana está en su más alto nivel, habiendo alcanzado el monto de 122 millones de dólares entre 2015 y 2017, lo que equivale –de acuerdo a la Oficina del Censo de los Estados Unidos– a doce veces lo exportado entre 2002 y 2004.
- Dicho crecimiento coincide con un aumento en México de la producción nacional de armas destinadas para uso militar. En junio de 2018, doce congresistas estadounidenses declararon, mediante una carta enviada a los Secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos, que “el uso de las fuerzas militares mexicanas en la guerra contra las drogas ha resultado en un dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
Por ende, pidieron “una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida, así como una revisión de la ayuda que brinda Estados Unidos a México en cuanto a seguridad y venta de armas”.8 Otros miembros del Congreso han solicitado también un reporte de la Iniciativa Mérida a la Oficina de Auditoría del Gobierno de los Estados Unidos.
- Recientes investigaciones demuestran que el despliegue de fuerzas militares mexicanas para fortalecer el combate contra la delincuencia ha llevado a un aumento en la tasa de homicidios. Uno de los factores que contribuyen al aumento de la violencia en México es el desvío de armas de fuego obtenidas legalmente.
- Desde 2006, más de 20 mil armas de fuego adquiridas por la Policía Federal y policías estatales se extraviaron o fueron robadas, según fuentes oficiales; y de éstas, aproximadamente 7 mil fueron reportadas como desaparecidas, tan sólo en el Estado de México y en la capital del país.
- A comienzos de 2006 se incrementó el número de operaciones militares contra el crimen organizado y el narcotráfico junto con el número de violaciones graves de derechos humanos. De la mano con el aumento en el número de operaciones militares se elevó, también, el presupuesto militar, sobre todo para la compra, mantenimiento y fabricación de armas.
A raíz de las estrategias militarizadas que forman parte de la guerra contra las drogas, el presupuesto de las fuerzas armadas mexicanas ha aumentado exponencialmente durante los últimos doce años (dos sexenios presidenciales), al igual que la capacidad del país para la producción de armas. El presupuesto destinado a Seguridad Nacional aumentó 18.8 por ciento entre 2017 y 2018, al subir de 4.4 mil millones de dólares en 2017 a 5.2 mil millones de dólares en 2018: un aumento de 826 millones de dólares.
El Ejército ha sido el más beneficiado con dicha alza, pues el presupuesto de 2018 destinado a las fuerzas de seguridad se conformó por 152.2 millones de dólares para la Secretaría de Gobernación, 3 mil 600 millones de dólares para el Ejército y 1.4 mil millones para la Secretaría de Marina.
- De 2010 a 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró haber gastado más de 16 millones de dólares ($16,086,620) y más de 29 millones de euros (€29,698,203) en la importación de armas, en su mayoría armas largas para uso propio. Durante dicho período, la sedena importó 10 mil 149 armas para uso exclusivo del Ejército (6 mil 622 armas largas y 4 mil 571 pistolas o armas de fuego cortas), incluidos más de dos mil rifles de Nammo Talley, fábrica de armamento con sede en Mesa, Arizona.
- Las cifras anteriores no incluyen la producción nacional de armas para uso exclusivo de los militares ni la importación de componentes, así como tampoco la compra de armamento importado especializado, tales como los lanzadores de granadas múltiples (utilizados por las Fuerzas Especiales del ) producidos por Milkor, con sede en Tucson, Arizona.
- Tampoco comprenden los 8.3 millones de dólares gastados en 2017 en explosivos militares, los cuales fueron comercializados por una compañía indeterminada de Arizona, Estados Unidos. De hecho, según datos de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, tan sólo en 2016 México importó de la Unión Americana 7 mil 754 ametralladoras con un valor de 4 mil 188 millones de dólares, además de 9 mil 741 fusiles militares durante el mismo periodo.
Dicha información sugiere que el gobierno mexicano sólo informó de una parte de sus adquisiciones de armas de fuego, durante el sexenio de Peña Nieto. Violaciones a los derechos humanos con armas de fuego exportadas por Estados Unidos
Existe evidencia de que armas legalmente importadas desde Estados Unidos han servido para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en México durante los últimos años, señala el informe Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de armas a México.
- La policía local de Iguala, Guerrero, que atacó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, estaba armada con rifles AR6530, variante de los AR-15, legalmente embarcados y comercializados por la empresa Colt, según consta en actas judiciales.
- Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México encontró que la Policía Federal, culpable de masacrar a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015, dio muerte a cinco de ellas con armas Dillon Aero montadas en helicópteros Black Hawk.
- Las ametralladoras Dillon disparan hasta 125 balas por segundo, México ad- quirió16deestasarmasen2013porunvalorde1millóndedólares;42 después adquiriría otras 28 durante 2015 y 2016, según reportes de México al att de esos años.
- En otro caso, éste en el estado de Chihuahua, dos miembros de la Policía Federal, armados con rifles Bushmaster xm15 calibre .450, interceptaron en 2011 a un convoy con guardaespaldas del presidente municipal de Ciudad Juárez y le marcaron el alto; después pidieron a los integrantes del convoy que se identificaran y, al no obtener respuesta, los policías federales abrieron fuego, segando la vida de dos personas.
La policía de Veracruz, responsable de al menos 15 asesinatos a manos de escuadrones de la muerte, desde 2013 ha adquirido 674 armas de fuego exportadas por tres compañías de Estados Unidos: Colt, Bushmaster y Combined Systems, según consta en informes de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana. La policía local también ha obtenido armas de Sig Sauer y de Mossberg, ésta última compañía con sede en Connecticut.
En Tamaulipas, en 2011, un hombre fue arrestado y llevado a una instalación militar tras habérsele acusado de pertenecer a una banda criminal. Mientras se encontraba en custodia, un teniente de la Marina, responsable del detenido, le dio muerte con un disparo a la cabeza, según dictaminó la corte. El arma de fuego que el militar empleó era un rifle Colt M16 calibre 5.56.
A nivel federal, del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, el Consejo de la Judicatura Federal dictó 38 condenas contra funcionarios públicos acusados de homicidio intencional, trece de los cuales fueron perpetrados por elementos del Ejército o la Marina./REVOLUCION TREPUNTOCERO- PUNTOporPUNTO
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