El número de mexicanos no autorizados (no ilegales o indocumentados) y en posible riesgo de deportación desde Estados Unidos asciende a poco más de 4.9 millones de personas, estima un estudio del Colegio de la Frontera Norte.
- Aunque se manejan diversas cantidades, “pero lo cierto es que ni en Estados Unidos ni en México se sabe exactamente el número de personas sin autorización en aquel país. No existe una fuente estadística o un registro que cuantifique a esta población, señala.
- La llegada de Donald Trump al gobierno en Estados Unidos y sus propuestas de acciones y políticas en materia migratoria impactarán de manera importante y prioritaria a la zona fronteriza de México.
En el análisis titulado “Los mexicanos en Estados Unidos. Ni ilegales ni indocumentados (escenarios ante el discurso Donald Trump), el Colegio de la Frontera Norte pronostica que el número de mexicanos tan solo en tres estados (Texas, California e Illinois) se concentra la mitad de estos connacionales no autorizados, aunque en todo Estados Unidos existe población en riesgo.
- En cuanto a las entidades de procedencia en México, se sabe que 6 de cada 10 mexicanos no autorizados proceden principalmente de: Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Ello, de acuerdo a datos de la Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement (ASEC) 2024, US Census Bureau.
- Consideran que entre 2020 y 2024, de acuerdo con bases de datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, tampoco creció el número de mexicanos en situación no autorizada.
Del total de la población mexicana no autorizada, 44% son mujeres; 65% del total de no autorizados se encuentra en edades entre los 30 y 54 años.
La institución educativa precisa que siete de cada 10 mexicanos no autorizados en Estados Unidos tienen más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Su vida se ha hecho en aquel país, han formado hogares estadounidenses.
Los mexicanos en Estados Unidos habitan en alrededor de 9.6 millones de hogares, de los cuales 3.4 millones estarían en riesgo porque en ellos habitan mexicanos no autorizados.
La Investigación y análisis de María Arcelia Serrano Vargas y Saúl Salazar Jiménez resalta que entre los primeros impactos sociales están: a) la deportación de familias enteras cuya vida se ha desarrollado en Estados Unidos, muchos de ellos ya no tienen parientes en México. La separación de familias de los hogares mixtos, con principal afectación para los menores de edad.
Llegada de Donald Trump
“Los cambios que se avecinan en la frontera representan un reto para todos los sectores, y una institución como ésta no puede quedarse al margen”, resalta Víctor Alejandro Espinoza Valle, Presidente del Colegio de la Frontera Norte.
La institución educativa destaca que desde el año 2015 el Presidente electo Donald Trump ha difundido información poco precisa sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Durante la campaña presidencial de 2024 y en los últimos meses las declaraciones se han centrado en una amenaza recurrente de deportación masiva de “migrantes ilegales”, enfocándose en los mexicanos.
Características demográficas
Los mexicanos en Estados Unidos son americanos, son una comunidad estadounidense, parte integral de esa sociedad, porque 9 de cada 10 son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados.
De acuerdo con la Current Population Survey realizada de manera conjunta por la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y publicada en 2024, a la fecha en Estados Unidos habitan 332.3 millones de personas de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano, pero de éstas, la gran mayoría, 9 de cada 10, son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados.
No es exacto decir que son ilegales
Por lo tanto, indica el Colef señalar o presentar a los mexicanos en Estados Unidos como “ilegales” es inexacto. Algunas de las acciones anunciadas por Donald Trump y Thomas Homan serían violatorias de los derechos de sus gobernados. Explica qué se entiende por ”ilegales o indocumentados” y cómo sabemos cuántos son?
- La migración no es un delito
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, de Naciones Unidas, la migración no es un delito; es incorrecto referirse a los migrantes como ilegales (ese es el término que se ha impuesto en el discurso público y en los medios en Estados Unidos, no se debe normalizar). - Una persona no puede ser “ilegal”. Ni es exacto categorizarlos como migrantes indocumentados porque sí cuentan con documentos de identidad, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos tienen acceso a la matrícula consular, un documento aceptado y reconocido por el sistema bancario estadounidense.
De acuerdo al Colef, la Oficina del Censo de Estados Unidos no tiene facultades para preguntar sobre la situación migratoria de los entrevistados, básicamente por el riesgo de una disminución en la participación, lo que ocasionaría serios problemas en la información y en las estimaciones para las que se utilizan los datos censales.
Además de que estas personas lo último que quieren es participar en encuestas o censos.
Mientras que, en nuestro país la ENADID, encuesta realizada por INEGI, sólo pregunta por aquellas personas que en los últimos 5 años emigraron a otro país, por tanto, no incluye a todo el universo ni recaba información sobre el carácter autorizado o no de esta migración; y los Consulados de México en Estados Unidos no tienen registros de toda la población, ni cuentan con las facultades para realizarlos.
- En el caso de El Colegio de la Frontera Norte, para estimar el número de personas no autorizadas, implementaron un modelo denominado residual; para esto, se analizan sólo a quienes la Oficina del Censo de Estados Unidos estimó que no son ciudadanos americanos y se van colocando en la categoría de “no autorizados” aquellos cuyas características, servicios o prestaciones no son propias de ese grupo.
- Por ejemplo, refiere la institución educativa, el año de ingreso a Estados Unidos (el modelo considera que quienes llegaron, aun de manera irregular, antes de 1987 ya regularizaron su situación), quienes no tienen beneficios del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario, Medicaid, Medicare, seguro militar, no son personas en las Fuerzas Armadas o veteranos, trabajan en ocupaciones que requieren una licencia, son empleados gubernamentales o personas que trabajan en el sector de la administración pública.
Según las estimaciones del Colegio a partir de la fuente estadística más reciente, en EU residen 13.5 millones de personas no autorizadas, de las cuales poco más de la tercera parte son mexicanos (36.4%), siendo el grupo más numeroso y el que se vería más afectado. El resto proviene de al menos 127 países más.
No todos entraron por la frontera de manera irregular
El Colef pormenoriza que dentro del grupo de personas no autorizadas, existen varios subgrupos: los que entraron subrepticiamente a Estados Unidos pero que ya residen, algunos desde hace muchos años, en Estados Unidos.
“Los overstayers” es decir, aquellos con una visa autorizada y vigente o vencida que han excedido el período de estancia autorizado.
“Los visa abuser”, que son quienes tienen una visa para un fin, pero lo utilizan para otro; por ejemplo, personas con visa de turista pero que trabajan y viven en Estados Unidos.
- Dentro de ellos se cuentan miles de residentes fronterizos con visa de turista que cruzan la frontera cotidianamente para ir a trabajar a Estados Unidos.
- La institución educativa explica qué son las deportaciones. “De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se entiende por deportación al proceso de expulsión o retorno/devolución de una persona extranjera no ciudadana de los Estados Unidos por violar la ley de inmigración”.
“Ya sea porque hayan participado en actos delictivos, sean considerados como amenaza para la seguridad pública o hayan violado los términos de su visa”.
Indica que la expulsión es el movimiento obligatorio y confirmado de un extranjero inadmisible o susceptible de expulsión con base en una orden, con consecuencias administrativas o penales para su posterior reingreso.
Mientras que para el proceso de retorno/devolución no hay una orden, e incluye salidas voluntarias, retornos voluntarios y retiros de solicitudes de admisión.
El ciudadano extranjero puede ser retenido en un centro de detención antes del juicio o la deportación, aunque en casos que así lo ameriten, la expulsión puede ser inmediata, sin acudir al tribunal.
Cuando Trump y Homan amenazan con deportaciones masivas se refieren a varias acciones, aunque formalmente no todas puedan ser catalogadas.
- Expulsiones inmediatas después de cruzar la frontera. Detenciones y expulsiones en la franja fronteriza por la Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
- Detenciones y expulsiones al interior del país llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE por sus siglas en inglés).
También se incluirían los retornos voluntarios. Expulsiones o no admisiones en territorio estadounidense basadas en disposiciones especiales como: el Título 8, una política que permite la expulsión inmediata de quienes ingresen a Estados Unidos sin autorización, sujetos a una prohibición de admisión al país por un período de 5 años o enfrentar un proceso penal.
El Título 42, política implementada de marzo de 2020 a mayo de 2023 (aunque su creación es muy anterior y responde a temas de riesgos en la salud) y que permitía expulsar a personas no autorizadas por representar un riesgo de salud pública en el marco de la pandemia de Covid-19, y que Trump ha propuesto reactivar.
¿En qué sectores trabajan?
El 72% de las personas no autorizadas se encuentran dentro de la fuerza laboral, el resto son menores de edad, estudiantes, o personas dedicadas a las labores del hogar.
Entre quienes trabajan, lo hacen principalmente en los sectores de construcción y servicios.
Por lo tanto, en caso de deportaciones masivas, estos serían los principales sectores económicos afectados en la economía estadounidense.
A la fecha, el 15% de los trabajadores en el sector de la construcción en Estados Unidos tienen estatus no autorizado, resaltan los investigadores.
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