Unas cien organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y colectivos hicieron un llamado al Estado Mexicano a implementar medidas urgentes y efectivas para proteger a pobladores de las comunidades tzotziles ubicadas en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, enfrentados por 60 hectáreas.
En una carta dada a conocer después del asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón -cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes-, expresaron preocupación por el incremento de la violencia en los Altos, lo que pone en riesgo la vida de integrantes de las comunidades de los pueblos originarios.
Aseguraron que la población vive con temor ante el actuar de grupos civiles armados (paramilitares), que provocan desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región./ LA JORNADA
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